La figura sobre los gobiernos de coalición novedosa en México, ha sido empleada recurrentemente en países con sistemas parlamentarios para construir gobiernos estables a través de agendas comunes.

Esta opción se estableció en nuestra constitución en virtud de procesos electorales sumamente competidos cuyas diferencias mínimas provocan fragmentaciones y confrontación entre los poderes, a la vez de que el titular del Poder Ejecutivo en el orden federal, estatal o municipal, concentra una enorme fuerza dentro del sistema político imperante en el país, ocasionando ánimos de adversidad y poca colaboración de legisladores de oposición.

Ya se anticipaba la necesidad de un cambio y previendo que cualquier transformación requiere la construcción de amplios consensos, fue que se introdujo la fórmula que obliga a abrir espacios y poner sobre la mesa la agenda común que se deberá seguir.

Sobre ese modelo el único que se ha pronunciado a favor en caso de llegar a la Presidencia es Ricardo Anaya, candidato de El Frente Por México, pues del lado del puntero en las encuestas Andrés Manuel López Obrador, propuesto por la coalición Juntos Haremos Historia, decidió designar a su gabinete que lo acompañaría en el gobierno si obtiene el triunfo, lo que sin duda es una señal indudable de que descarta la opción de un gobierno de coalición. En lo referente a José Antonio Meade, se encuentra atrapado en lo que diga el PRI, que ni siquiera fueron capaces de mostrar voluntad para elegir un Fiscal imparcial.

Lo que permea en el ambiente es la profunda necesidad de un cambio y, si bien, aún no se han terminado de concretar las agendas, sin excepción, todos los candidatos lo traen como el principal eje de su oferta de campaña, ya sea de forma expresa o implícita, esos mensajes no son una novedad, en todas las contiendas se encuentran presentes, sin embargo en esta ocasión tales posturas adquieren relevancia por tratarse de una generalizada esperanza ciudadana.

La diferencia estriba entre un modelo previamente establecido donde se finquen las reglas en los temas para definir políticas públicas y la toma de decisiones, frente a continuar con el modelo existente de concentración de poder donde una sola persona con facultades metaconstitucionales es quien decide qué y cómo.

En múltiples ocasiones he manifestado la necesidad de un cambio a partir del replanteamiento de las reglas de convivencia social, políticas y económicas a través de un reencuentro basado en la rehabilitación del Estado de Derecho, en tal consideración me inclino por el esquema de certidumbre en ese aspecto y no por las aventuras sin destino claro, en el primer supuesto nos obligamos a ser partícipes; en el segundo únicamente observadores, para bien o para mal.