Va anticorrupción contra particulares

Va anticorrupción contra particulares

La propuesta que hizo el titular del Ejecutivo, apenas hace unos días, también busca evitar la colusión y actos indebidos de externos a la administración gubernamental.

EMSAVALLES Noticias| San Luis Potosí, S.L.P.| Lunes, 05 de Octubre de 2015| 08:57

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La iniciativa que presentó al Congreso el gobernador Juan Manuel Carreras López, para combatir la corrupción y crear un sistema estatal, también prevé sanciones contra particulares que incurran en actos indebidos, en conjunto con servidores públicos.

El paquete de reformas legales que plantea el mandatario estatal, pretenden lograr no sólo la sanción contra los presuntos responsables, sino también la reparación del daño.

El documento que analizan los diputados, establece que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo Estatal, será convertido en Justicia Administrativa, cuyos magistrados podrán durar en sus respectivos cargos, hasta 10 años.

"Además de tener a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública local y municipal y los particulares, dicho tribunal será competente para sancionar por las responsabilidades administrativas que la ley determine como graves y a los particulares que participen en actos vinculados con dichas responsabilidades, así como fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Estatal o Municipal o al patrimonio de los entes públicos locales o municipales", describe el texto.

En esa manera, los particulares que incurran en actos de corrupción, vinculados con servidores públicos, también serán sancionados y además estarán obligados a la reparación del daño.

Con la modificación legal, quedaría la legislación como "De las responsabilidades de los Servidores Públicos, Particulares Vinculados con faltas administrativas graves o hechos de Corrupción, y Patrimonial del Estado, y del Juicio Político".

El documento no precisa las sanciones que podrían aplicarse a los particulares, vinculados en actos de corrupción.