Contraloría continuará proceso contra administración 2003-2009

Contraloría continuará proceso contra administración 2003-2009

El ex gobernador Marcelo de los Santos es un servidor público y se deberá proceder de manera como lo dicta la ley

El Exprés| San Luis Potosí, S.L.P.| Martes, 13 de Octubre de 2015| 08:04

---

En busca de la restitución del patrimonio del estado afectado por la administración estatal 2003-2009, la Contraloría General del estado interpuso un amparo directo para poder continuar con el proceso de multar e inhabilitar al ex gobernador Marcelo de los Santos Fraga.

Tras la decisión del Tribunal Estatal de lo Contencioso Administrativo de declarar este caso fuera del área de competencia de la Contraloría, el titular de la propia dependencia, el contralor Gabriel Rosillo indicó que se recurrió a la ley de servidores públicos.

"Un ex gobernador es un servidor público y así está catalogado en la propia ley, hay prescripción de tres años a partir el acto del cual se está fincando responsabilidad o termina de hacerse ese acto de manera tal que si consideramos que el crédito por el cual se le fincó la responsabilidad concluyó en sus movimiento alrededor del término del período gubernamental, el 25 de septiembre del 2009, la Contraloría tenía hasta el 25 de septiembre del 2012 para fincar esa responsabilidad por la vía administrativa2, dijo el funcionario.

Adicionalmente, dijo, se recurrió al artículo 7 de la ley del amparo que señala que si los organismos públicos son afectados en su patrimonio pueden acudir al amparo directo, el viernes pasado fue presentado el recurso que finalmente tendrá que ser trasladado al tribunal colegiado del 9º circuito federal, por lo que queda en manos de la justicia federal.

En este sentido, "esperaremos y acataremos como lo hemos hecho siempre la disposición jurídica de los tribunales", anotó el contralor del estado, tras de que la determinación delTECA fue que el ex gobernador podría ser sujeto solamente de juicio político durante su encargo y un año posterior".

Sin embargo, "nuestra interpretación es que se aplica el artículo 81 de la ley de responsabilidades de los servidores públicos del estado y los municipios" arriba enunciado, y se buscará que cubra la multa que asciende a 7 mil 790 mdp, que es 3 veces la afectación de 2 600 mdp, producto de los mil 500 del crédito más los pagos financiaros así como los 20 años de inhabilitación".