Semana del 10 de Marzo al 16 de Marzo de 2023

Abuso y dolor, se esconde tras las rejas

Abuso y dolor, se esconde tras las rejas

Si bien los penales sirven para generar una reinserción social de las personas presas que cometieron delitos, esta muchas veces no sirve o no se logra, porque no solo pagan con la pena de estar privados de la libertad, sino que son víctimas de otras vejaciones.

Entre el año 2015 y el 31 diciembre del 2022, se documentaron 407 quejas y 5 denuncias de personas privadas de la libertad (PPL) en Centros Estatales de Reinserción Social (CERESO) de San Luis Potosí.

Así lo da a conocer la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPC), en respuesta a una petición tramitada por EMSAVALLES en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), a la cual se le asignó el número de folio 241196223000014.

Mediante la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, indica que las 5 denuncias se registraron de la siguiente manera: 2 en el año 2018, por lesiones ocasionadas por otro interno; y 3 en el año 202, por extorsión por otro interno.

Aunque no se explica a detalle la forma de la extorsión, organizaciones civiles y organismos de derechos humanos han documentado que ese tipo de acciones, provienen de criminales pertenecientes al crimen organizado recluidos en las cárceles estatales, quienes gobiernan al interior y exigen dinero a otros pesos para no "molestarlos" o hacerles daños a sus familias.

Informa que, del total de las quejas 335 fueron presentadas por hombres y 72 por mujeres, que representa una concentración de 82 % en la población varonil.

Señala que 375 quejas provinieron del CERESO de San Luis Potosí, conocido como la Pila; 15 del centro carcelario de Matehuala; 14 del penal de Tancanhuitz; y 3 del Centro de Tamazunchale.

El 28 % de las inconformidades provino de falta de atención médica y medicamentos [114]; 23.34 % por cambio de dormitorio [95]; 11 % en contra el personal que realizo su detención antes de su ingreso [45]; 15 % por cierre de Empresa de Capacitación laboral [61].

Además, 9 % por no permitir el ingreso de visitas que no acreditaban su ingreso con la documentación indispensable [32]; 4 % por correctivos disciplinarios [17]; 3 % en contra el personal de la Defensoría Pública [11]; 1 % por traslado a otro Centro Penitenciario [6]; 1% por agresiones verbales por parte de otro interno [5]; y 0.2 % porque solicita que se declare inimputable [1].

FOCOS ROJOS
De los 6 penales estatales, los CERESO’s de Matehuala y el de San Luis Potosí obtuvieron una calificación reprobatoria o en color rojo en el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2021, elaborado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Entre otros aspectos que derivaron en ello, se detectó que no garantizan una estancia digna, no se cumplen totalmente condiciones de gobernabilidad, no se abona a la reinserción social de las personas privadas de la libertad y no se atiende a los grupos con necesidades específicas.

Reporta que, en la visita del 2021 al penal de la Pila, ubicó deficiencia dadas las condiciones de aislamiento; deficiencias en los servicios de salud; hacinamiento; e insuficiencia de programas para la prevención y atención de incidentes violentos.

Por su parte, en el complejo de Matehuala detectó que existen deficiencias en el procedimiento para la imposición de las sanciones disciplinarias; insuficiencia de personal de seguridad y custodia; presencia de actividades ilícitas; y presencia de cobros (extorsión y sobornos).

"Preocupa a este organismo que diversas autoridades penitenciarias en nuestro país no asuman sus obligaciones en el marco del respeto, protección y garantía de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, sino que dichas personas, sean vistas como un número más que ingresa al establecimiento", comenta.

NO HAY PROCURACIÓN DE JUSTICIA
De la misma forma, se le preguntó a la Fiscalía General del Estado (FGE) el número de investigaciones abiertas, a partir de denuncias presentadas por personas en dicha condición en el período en comento.

Como respuesta, Sofía Hernández Vázquez, encargada de la Clausura del Sistema Penal Tradicional de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado, da cuenta de la existencia de 2 asuntos.

Estos corresponden a 2 averiguaciones previas de 2 PPL, un hombre y una mujer, en donde ambos denunciaron haber sido víctimas de privación ilegal de la libertad. Fuera de ahí, la Fiscalía justificó no tener más datos, ya que los nuevos formatos y metodologías de las bases de datos no permiten especificar si las denuncias provienen de PPL.

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