Lunes, 26 de Octubre de 2015
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SAMUEL ROA BOTELLO

Piden intervención de autoridades en caso de presunto acoso

Piden intervención de autoridades en caso de presunto acoso

www.eluniversal.com.mx| | Lunes, 26 de Octubre de 2015| 18:05


La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Angélica de la Peña, (PRD) solicitó la intervención de las autoridades federales ante el caso de probables actos de discriminación y acoso sexual a la conductora televisión Tania Reza, del  programa ATM transmitido en el Canal TV2 de Televisa en Ciudad Juárez, Chihuahua.  

La senadora explicó que por sus facultades, el primero que debe intervenir es el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFETEL) para efectuar el cumplimiento de los Lineamientos Generales sobre los Derechos de las Audiencias y de los Códigos de ética de los concesionarios de radiodifusión o de televisión,  y establecer, en caso de que así sea, las sanciones correspondientes.

De la Peña aseguró que las imágenes de violencia contra las mujeres, en particular las representaciones de violaciones o de esclavitud sexual de mujeres y niñas, así como su utilización como objetos sexuales,  son factores que contribuyen a que se perpetúe esa violencia, que perjudica a la comunidad en general, y en particular a la juventud y la infancia.

Indicó que es evidente que la actitud y las acciones del conductor Enrique Tovar  constituyen acoso sexual, "la Ley General de Acceso a las Mujeres  a una Vida Libre de Violencia lo define como el ejercicio abusivo de poder que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente de que se realice en uno o varios eventos", dijo.

Recordó que en marzo de 2014 el Senado avaló cambios al artículo 259 Bis del Código Penal Federal para sancionar el hostigamiento sexual, con el propósito de lograr que la legislación penal federal contribuyera a erradicar la violencia de género que se ejerce en el ámbito laboral.

La senadora señaló que es urgente que la legislación sea aplicada a fin de proporcionar mayor protección a la dignidad de la persona y a sus derechos humanos, como condición indispensable para construir un sistema jurídico que priorice el respeto de la dignidad de la persona.  

 


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