Se presenta iniciativa para obligar a los miembros electos de ayuntamientos a capacitarse

Se presenta iniciativa para obligar a los miembros electos de ayuntamientos a capacitarse

o A las comisiones de Puntos Constitucionales; Gobernación; y Vigilancia se turnó se turnó esta iniciativa que insta modificar la Ley Orgánica del Municipio Libre; el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso; el Reglamento del Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso; la Ley de Auditoría Superior; y la Ley Electoral todas del Estado de San Luis Potosí.

EMSAVALLES Noticias| San Luis Potosí, S.L.P.| Jueves, 27 de Septiembre de 2012| 15:34

En sesión ordinaria el pleno del Congreso del Estado turnó a comisiones una iniciativa que presentó el diputado Jorge Alejandro Vera Noyola que pretende establecer en la legislación la obligación de los miembros electos de los ayuntamientos y Legislatura a que se sometan a cursos de capacitación y formación que les permitan contar con conocimientos y habilidades básicas, necesarias para el funcionamiento de los encargos que se encuentren por asumir, bajo los criterios de eficacia y legalidad.

A las comisiones de Puntos Constitucionales; Gobernación; y Vigilancia se turnó se turnó esta iniciativa que insta modificar la Ley Orgánica del Municipio Libre; el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso; el Reglamento del Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso; la Ley de Auditoría Superior; y la Ley Electoral todas del Estado de San Luis Potosí.

Con el objetivo de establecer que los miembros electos que integrarán los ayuntamientos y la nueva legislatura estarán obligados a: Asistir a los cursos de capacitación y formación que instrumente e imparta la Auditoria Superior del Estado, una vez que el Consejo Estatal Electoral les entregue la constancia que los acredite como tales y antes de tomar posesión de su cargo.

Asistir una vez al año a los cursos de capacitación y formación que instrumente e imparta la Auditoria del Estado, durante el tiempo que dure la administración para la cual fueron electos.

En el caso de los diputados, también asistir a los cursos de capacitación y formación que instrumente e imparta el Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso del Estado, una vez que el Consejo Estatal Electoral les entregue la constancia que lo acredite como legislador y antes de tomar posesión de su cargo.

La iniciativa de reforma también contempla que el Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso del Estado tendrá la obligación de elaborar, preparar e impartir cursos relacionado con los elementos técnicos para la elaboración de iniciativas y al proceso legislativo para diputados electos previo a la toma de posesión de su cargo a fin de que cuenten con conocimientos y habilidades necesarias para cumplir con las funciones parlamentarias, bajo criterios de eficacia y legalidad.

Asimismo deberá también impartir al menos una vez al año los cursos mencionados en el anterior párrafo, entre otros preceptos.

En la exposición de motivos se señala que ante la imposibilidad constitucional de fijar límites mínimos de educación a las personas elegidas a ocupar dichos cargos de elección popular, la intención de la presente iniciativa de ley es, obligar a los funcionarios electos a que lleven a cabo una capacitación básica en el quehacer de sus respectivos cargos, de tal manera que desde el momento en que se declara por parte de la autoridad competente, que han sido electos para ocupar los cargos correspondientes, antes de tomar protesta en los mismos, y, posteriormente ya en funciones, deberán someterse a cursos de capacitación y formación, que les permitan contar con conocimientos y habilidades básicas, necesarias para el funcionamiento de los encargos que se encuentren por asumir; bajo los criterios de eficacia y legalidad.

A las comisiones de Hacienda del Estado; Primera; y Segunda de Hacienda y Desarrollo Municipal se turnó una iniciativa que presentó el diputado Manuel Aguilar Acuña que propone reformar la Ley de Deuda Pública del Estado y Municipios de San Luis Potosí, con la finalidad de establecer que los ayuntamientos y el ejecutivo no contraigan deudas impagables durante su periodo de gestión, sobre todo el último año.

En la exposición de motivos de la iniciativa se señala que al ser la deuda pública una de las herramientas financieras de uso más frecuente por los gobiernos estatales y municipales para obtener recursos adicionales a los generados por la recaudación de impuestos locales y los recursos aportados por la federación, ésta tiene un alto valor y utilidad, siempre que sea bien empleada, no obstante se ha generado una rápida evolución en los mercados financieros ocasionando que dentro del financiamiento público subnacional se esté propiciando una fuerte desregulación, causando riesgos latentes a las finanzas locales y nacionales, por ello la reforma planteada.

A la Comisión de Hacienda del Estado se turnó una iniciativa que presentó el legislador José Francisco Martínez Ibarra que propone reformar el artículo 8º; y derogar del Título Segundo el capítulo VI "Impuesto Estatal sobre Tenencia o Uso de Vehículos" y los artículos 36 Bis a 36 Nonies, de la Ley de Hacienda para el Estado de San Luis Potosí.

En la exposición de motivos de la iniciativa presentada se señala que el impuesto a la tenencia de vehículos, sin importar la veracidad de su origen histórico, es injusto, pues por la tenencia de un automóvil ya genera tributaciones desde su compra, pues no debemos olvidar que, en los vehículos nuevos, se paga impuesto por ello.

A las comisiones de Ecología y Medio Ambiente; y Agua se turnó un punto de acuerdo que presentó el diputado José Eduardo Chávez Aguilar, para que a través de las diferentes dependencias gubernamentales como lo son la Comisión Nacional del Agua, Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos, Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental y Comisión Estatal del Agua se realice un estudio de impacto ambiental, afectación de los mantos acuíferos y desarrollo agrícola, con el objetivo de conocer la magnitud del daño ambiental que ha sufrido la región que comprende los municipios de Villa de Reyes, Santa María del Río, Villa de Arriaga, Tierra Nueva.

Y todos aquellos que con motivo del funcionamiento de la central Termoeléctrica ubicada en el municipio de Villa de Reyes hayan sufrido afectación alguna en su esfera ambiental, todo ello para estar en condiciones de poder aplicar, para el caso que resulte conducente, las sanciones a quien corresponda.

Lo anterior ante el inminente riesgo que corren de desaparecer los mantos acuíferos que se encuentran en el estado de San Luis Potosí, así como del medio ambiente de ser devastado por el daño que ocasiona dicha central termoeléctrica.

Además, se turnó a las comisiones legislativas respectivas diversa correspondencia de demás Poderes del Estado; entes autónomo y paraestatal; ayuntamientos; Poder Federal; Poderes de otras entidades del país; y particulares.

Posteriormente, el pleno del Congreso del Estado aprobó por mayoría, con 21 votos a favor, 3 abstenciones y 2 votos nulos, las propuestas de la Junta de Coordinación Política para reestructurar la suplencia en la representación del Poder Legislativo ante el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC), quedando en este cargo el diputado José Ramón Guardiola Martínez.

Así como el Comité de Reforma para la Competitividad y Desarrollo Sustentable del Estado, al cual se integraron los diputados Alejandro Lozano González como secretario y Marianela Villanueva Ponce como vocal. Posteriormente los diputados mencionados rindieron la protesta de ley correspondiente.

Después de este asunto, fue aprobado por unanimidad el acuerdo de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología para emitir la convocatoria de la Presea al Mérito "Plan de San Luis" año 2012, que se entrega en testimonio de reconocimiento a su obra: intelectual, social, política o humanística, y a su loable contribución en bien del pueblo potosino.

La convocatoria contempla las siguientes bases: Las Propuestas deben dirigirse a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología; se podrán presentar de lunes a viernes en horario de nueve a quince horas, en la oficialía de partes del Congreso del Estado, ubicada en la calle Pedro Vallejo No. 200, centro histórico en la ciudad capital de San Luis Potosí.

Las propuestas provenientes del interior del estado pueden entregarse en la oficialía de partes precitada; o en las presidencias municipales de los ayuntamientos respectivos, en horario de oficina, dirigidas al Regidor de la Comisión de Educación de cada cabildo, o la persona designada para ello.

Las propuestas deben contener nombre completo, fecha y lugar de nacimiento, domicilio actual, currículum vitae; así como los documentos del candidato que, a juicio del postulante o promoventes, justifiquen su candidatura, los cuales se entregarán en sobre cerrado. Si se tratare de propuesta "post mortem", se omite la entrega del currículum y, en su lugar, debe anexarse una reseña biográfica.

En ambos casos, se anexará una semblanza en la que se destaquen los méritos que sustenten la justificación para recibir tan alta distinción. Adicionalmente, el o los proponentes deben anexar sus datos personales que consistan en, nombre completo, domicilio oficial, y teléfono. La recepción de propuestas es a partir de la publicación de la presente y concluye a las quince horas del último día laborable del mes de octubre del año en curso, entre otras.

También, el Congreso del Estado hizo la declaratoria de que el sistema procesal penal acusatorio ha sido incorporado en los ordenamientos locales respectivos y, en consecuencia, las garantías que consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, empezarán a regular en los plazos establecidos, la forma y términos en que se substanciarán los procedimientos penales.

Por tanto el sistema procesal penal acusatorio se implementa a partir del uno de marzo del año dos mil catorce, y aplicará gradualmente en cada una de las zonas del Estado, e inicia en la del altiplano con el Segundo Distrito Judicial que comprende los municipios de: Matehuala; Catorce; Villa de la Paz; Villa de Guadalupe, y Cedral, con residencia en la cabecera municipal de Matehuala; continua con el Décimo Distrito Judicial que comprende los municipios de Guadalcázar; Villa Hidalgo, y Villa de Arista, con residencia en la cabecera municipal de Guadalcázar.

Y concluye con el Décimo Primero Distrito Judicial que comprende los municipios de, Venado; Moctezuma; Charcas, y Santo Domingo, con residencia en la cabecera municipal de Venado; posteriormente, el Poder Ejecutivo, a través de la Procuraduría General de Justicia del Estado, en coordinación con el Consejo de la Judicatura y la opinión del Supremo Tribunal de Justicia, establecerán las zonas y los distritos judiciales en que continuará implementándose el sistema procesal penal acusatorio.

Después, fue rechazado por mayoría, con 5 votos a favor, 7 abstenciones y 14 en contra, el punto de acuerdo que promovió el diputado José Francisco Martínez Ibarra que pretendía que el Congreso del Estado emitiera un exhorto al ayuntamiento de San Luis Potosí instrumentar planes de emergencia para no interrumpir recolección de basura en la ciudad; e informe motivos y circunstancias por las que concesionaria interrumpió servicio sin previo aviso desde el 22 de septiembre de 2012.

Este punto de acuerdo fue rechazado debido a que el servicio de recolección de basura ya se restableció.

Agotados los asuntos agendados se citó al pleno del Congreso del Estado a sesión ordinaria programada a las 10 horas del jueves 4 de octubre del año en curso, en el Salón "Ponciano Arriaga Leija" ubicado en Jardín Hidalgo número 19.