Boletur uno de los males del transporte local: Rubén Guajardo

Boletur uno de los males del transporte local: Rubén Guajardo

EMSAVALLES Noticias| San Luis Potosí, S.L.P.| Lunes, 01 de Septiembre de 2014| 12:59

Boletur es uno de los males de la "caja de pandora" que representa para el pueblo potosino el servicio de transporte público local, dado que en las últimas semanas se ha observado que incumplen con el punto de acuerdo emitido desde el 2013 por la fracción del PAN en el Congreso del Estado, cuando se les solicitó a los concesionarios instalar más centros de recarga en la ciudad y su zona conurbada.

Lo anterior lo denunció el Presidente del Comité de Orientación Gestoría y Quejas del Poder Legislativo, Rubén Guajardo Barrera, al señalar también que ha sido testigo de las largas filas y el tiempo de espera que tienen que hacer jóvenes y padres de familia en los pocos establecimientos que se localizan en el centro histórico.

Al tiempo de denostar la actitud de desidia de los titulares de la empresa Impacto Total de Transporte, para aperturar nuevos espacios de venta de la tarjeta de prepago y de recarga de las mismas, comentó que son innumerables las quejas ciudadanas que le han llegado en torno al pésimo servicio que se ofrece, por lo que no cesará en exigir que los concesionarios lleguen a acuerdos con tiendas de conveniencia para que se conviertan en próximas despachadoras.

Así mismo emite un reclamó en contra de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por su incapacidad de hacer que se cumplan las disposiciones pactadas con concesionarios para que estos realicen mejor su trabajo, uno de ellos, establecer más módulos de prepago de la tarjeta Boletur. Y sin embargo se les apoya cada año para el ajuste tarifario.

Este asunto está afectando a miles, ya que el registro en la entidad de estudiantes de nivel básico es de 900 mil que se encuentran concentrados en 10 mil planteles en los 58 ayuntamientos del estado, sin embargo se debe recordar que una gran concentración de esos niños se localizan en San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Cerro de San Pedro y Méxquitic de Carmona, por lo que no está de más pedir a las autoridades que entiendan la magnitud del problema. Aunada a esta cifra se encuentran los casi 30 mil universitarios que se congregan principalmente en la zona universitaria de la máxima casa de estudios y qué decir de los que se ubican en instituciones educativas privadas, que también constituyen una cifra significativa.

Para el legislador del albiazul, la necesidad de que se creen más centros de despacho de saldo debe recaer no sólo en el tema de crecimiento demográfico de la zona conurbada, sino en el de los derechos de los usuarios de los camiones urbanos a recibir un buen servicio, ya que para ello, como legisladores han tenido que ser congruentes y en contadas ocasiones modifican la Ley de Transporte Público de San Luis Potosí para permitir los ajustes en las tarifas que tanto persiguen los dueños de las unidades.

Aunque este no es el único problema que se enfrenta actualmente con el transporte público, sí es de señalarse, debido a que es motivo de polémica que de manera reciente uno de los concesionarios de los camiones urbanos, haya salido a argumentar que la culpa de las largas filas y horas de espera la tienen los jóvenes, por no prever con tiempo la necesidad de poner saldo a sus plásticos. Así también es de recriminar que no se haya generado el mínimo interés de ampliar las oficinas donde realizar este trámite, con la justificación de que las tiendas de conveniencia cobran exagerados porcentajes para llevar a cabo la implementación de este sistema.

Ante este panorama, se pronuncia por ser más estricto con los concesionarios y la autoridad reguladora, que es la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, porque no han trabajado en una solución inmediata a este fenómeno, y en caso de que pronto soliciten apoyo legislativo para aumentar los costos del pasaje se les tendrá que fincar responsabilidades para evitar más abusos contra la comunidad usuaria del servicio y más aún cuando se sabe que los dueños de las unidades no quieren inyectar recursos para la infraestructura y la contratación de personal, además de que dan un trato inaceptable y discriminatorio a los usuarios.