Distribuyen ejemplares de la Ley de Justicia Indígena y Comunitaria traducida a la lengua Tének

Distribuyen ejemplares de la Ley de Justicia Indígena y Comunitaria traducida a la lengua Tének

EMSAVALLES Noticias| San Luis Potosí, S.L.P.| Sábado, 22 de Noviembre de 2014| 10:52

El diputado Christian Joaquín Sánchez Sánchez distribuyó en esta comunidad 1,000 ejemplares de la Ley de Justicia Indígena y Comunitaria traducida a la lengua Tének, a representantes de 25 localidades.

Ante unos 800 indígenas Tének, el legislador destacó que este evento es parte del compromiso que hizo para presentar la Ley y entregarla impresa en las diversas lenguas de la región. Lo acompañó el presidente de la Directiva Crisógono Sánchez Lara y Miguel Martínez Castro representante del Poder Ejecutivo.

Sánchez Sánchez destacó que San Luis Potosí ha sido el único estado del país en consultar a las comunidades indígenas para la elaboración de una ley de esta naturaleza, en concordancia con lo que contempla el nuevo sistema de justicia penal.

Reconoció el trabajo que realizaron de manera conjunta los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial para llevar a cabo la consulta indígena en territorio potosino, lo que generó en la expedición de la Ley de Justicia Indígena y Comunitaria para el Estado de San Luis Potosí.

Expresó a los representantes de las comunidades indígenas Tének que esta ley es una herramienta jurídica para que hagan valer sus derechos y se eviten una serie de abusos en su contra.

Señaló que fortalece las facultades de la asamblea comunitaria indígena, para que cualquier acción o proyecto que se vaya a desarrollar en su demarcación, tome en cuenta a sus habitantes.

Hizo un recuento del trabajo legislativo que se ha realizado en el Congreso del Estado en beneficio de las comunidades indígenas, y destacó la propuesta que presentó para que en la tarifa especial en materia de transporte público se aplique en todo el estado y no solamente en la capital potosina.

Recordó que en esta consulta participaron 13,880 indígenas con propuestas y planteamientos, de los cuales 8,819 fueron hombres y el resto mujeres; por ello, expresó su satisfacción de que este ejercicio haya generado la de Justicia Indígena y Comunitaria para el Estado de San Luis Potosí.

El presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas del Congreso del Estado coincidió con su compañero diputado Crisógono Sánchez Lara y la legisladora federal Rebeca Terán Guevara, cuando les tocó tomar la palabra, en el sentido de que esta legislación se suma al trabajo que ha realizado el gobernador del estado Fernando Toranzo Fernández a favor de las comunidades indígenas de nuestra entidad.

Por su parte, los legisladores Sánchez Lara y Terán Guevera destacaron la iniciativa del diputado Chistian Joaquín Sánchez Sánchez para realizar esta consulta indígena para que el Congreso del Estado expediera la ley mencionada.

En tanto Miguel Martínez Castro y los representantes de las dependencias involucradas en el tema, reconocieron el trabajo del Congreso del Estado para expedir esta ley.

Esta Ley de Justicia Indígena y Comunitaria para el Estado de San Luis Potosí que se distribuyó en lengua Tének, en relación con el nuevo sistema penal acusatorio, establece un apartado especial para los pueblos y comunidades indígenas, en el cual se considera la oportunidad para las comunidades y sus integrantes de adoptar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos, declarándose la extinción de la acción penal, salvo en los casos en que la solución no considere la perspectiva de género, afecte la dignidad de las personas, el interés superior de los niños y las niñas o del derecho a una vida libre de violencia hacia la mujer, excluyéndose de esta jurisdicción a los delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa previstos en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Además se adecua la justicia ordinaria con la justicia indígena, a fin de generar un marco normativo que proporcione reglas básicas respecto de los límites jurisdiccionales que deberán guardar los jueces auxiliares indígenas.

Se reconoce el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a aplicar sus propios sistemas normativos para la solución de sus conflictos, respetando los derechos humanos y de manera relevante la dignidad e integridad de las mujeres; así mismo con este ordenamiento los juzgadores tendrán que allegarse de todos los datos y elementos que permitan conocer y comprender la lógica jurídica que la autoridad indígena aplicó.

De manera relevante y acorde con las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se reconoce que el dicho de la persona, es razón suficiente para que se acredite como indígena, sin la necesidad de una constancia o certificación emitida por una autoridad externa a la comunidad a la que pertenece.

Dentro de toda la norma, se robustece la obligatoriedad de todas las autoridades, de considerar las costumbres y especificidades culturales, tanto para determinar si la conducta particular está influida por una visión del mundo distinta al sentido común que presupone la ley positiva, como para determinar si en el contexto socio-cultural de la persona indígena existen normas que le prohibieron, le obligaron o le permitieron realizar conductas distintas a las esperadas por el derecho positivo, lo que a su vez, servirá como precedente en caso de que se recurra a otra instancia, entre otros preceptos, según explicó el diputado Christian Joaquín Sánchez Sánchez.