Viernes, 03 de Abril de 2020
CIUDAD VALLES, S.L.P.
DIRECTOR GENERAL.
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Semana del 21 de Febrero al 27 de Febrero de 2020

Nuevos alcances de la ASE

Nuevos alcances de la ASE

Mariel Sánchez


Con adecuaciones legislativas que le dan mayor margen de acción, incluso particulares deberán cuidarse de las acciones del órgano fiscalizador.

La Auditoría Superior del Estado (ASE), ha emprendido diversas acciones desde la llegada de Rocío Elizabeth Cervantes Salgado tendientes a cuidar y revisar con lupa el uso de los recursos públicos, ha presentado denuncias contra ex funcionarios de municipios, ex diputados y en lo que a su responsabilidad corresponde, ha actuado de manera contundente.

En junio de 2018, una investigación conjunta entre la organización Ciudadanos Observando y el portal Global Media, reveló que diputados de la pasada legislatura incurrieron en actos de presumible corrupción al destinar recursos públicos para la realización de obras en Ciudad del Maíz, pues de cada 100 pesos gastados, se habrían utilizado solamente 33.

La investigación, que puede ser consultada en el portal de Global Media (bit.ly/2utkKK0), reveló que los precios estaban inflados 35 por ciento: “si están cobrando 100 pesos, lo justo sería, con una buena utilidad para el contratista, que cobraran 65 pesos”, explicó el ingeniero Pedro Domínguez, cabeza de la investigación.

En la investigación, el equipo visitó seis caminos, de los cuales, cuatro estaban terminados, pero al 50 por ciento de las especificaciones que señalan los expedientes técnicos, en el quinto continúan trabajando y el sexto está parado desde hace varias semanas. Además, revela que para los 10 caminos se tenía 23 millones 376 mil pesos pero solo se ejecutaron siete millones 597 mil pesos y que el monto del fraude en Ciudad del Maíz asciende a 15 millones 779 mil pesos.

COMPLICIDAD NO CASTIGADA
La legislación referente a las responsabilidades administrativas, anteriormente no integraba a los proveedores entre los sujetos de responsabilidad. Lo que hacía normal que apareciera información con sobreprecios en los artículos o servicios contratados por oficinas gubernamentales sin que hubiera castigo para los proveedores, que en algunos casos, se prestaban a realizar negocios fuera de lo legal.

Al respecto, Cervantes Salgado explicó que la ley vigente de Responsabilidades Administrativas, incluye un concepto relativo a las faltas cometidas por particulares, que son los actos de personas vinculados con faltas administrativas graves, relacionadas con el desvío de recursos”.

La titular de la ASE, señaló que los actos de supuestos proveedores que se consideran vinculados a faltas administrativas graves son: soborno, participación ilícita en procedimientos administrativos, tráfico de influencias para inducir a la autoridad, utilización de información falsa, obstrucción de facultades de investigación, colusión, uso indebido de recursos públicos y contratación indebida de ex servidores públicos, cuyo plazo de prescripción es de siete años.

“La ley nos faculta para solicitar a los particulares, tanto personas físicas como morales, la información que con motivo de la fiscalización de las cuentas públicas requiera la Auditoría Superior del Estado”, indicó Rocío Cervantes.

Agregó que es a partir de la revisión a las cuentas públicas del ejercicio 2017, cuando entró en vigor el nuevo marco legal que promueve responsabilidades por presuntas faltas de particulares, por lo que ya han sido emitidas acciones contra esta figura, a partir de ese ejercicio fiscal.

Explicó que las posibles sanciones deberán ser impuestas por los tribunales, y en el caso de las personas físicas y morales los riesgos son: sanción económica; inhabilitación temporal para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas; e indemnización por los daños y perjuicios ocasionados a la Hacienda Pública federal, local o municipal, o al patrimonio de los entes públicos. Además, las personas morales pueden ser sancionadas también con la suspensión de actividades y disolución de la sociedad respectiva.

El hecho de que un organismo como la ASE, que ha logrado darle la vuelta a los cuestionamientos que en su momento tuvo en su contra, revise incluso a particulares que hacen transacciones con instituciones públicas, sin duda deberá generar un cambio en la forma de pensar de quienes utilizan incluso su patrimonio, para beneficiar a terceros o beneficiarse ellos mismos con actos de corrupción.

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