EL LUJO QUE EXIGE EXPLICACIONES
En Rioverde crecen las dudas y los cuestionamientos ciudadanos sobre el actuar de funcionarios municipales, particularmente en áreas tan sensibles como Catastro. Mientras decenas de habitantes denuncian irregularidades relacionadas con predios y propiedades, la imagen de servidores públicos disfrutando viajes internacionales genera molestia e indignación. La percepción es inevitable: para muchas familias que enfrentan problemas patrimoniales, resulta difícil entender cómo algunos funcionarios exhiben un nivel de vida que parece muy distante de la realidad cotidiana de la mayoría de los ciudadanos.
El caso de la directora de Catastro, Mónica Satsuma Chávez, ha reavivado el debate sobre la transparencia y la rendición de cuentas dentro del gobierno encabezado por Arnulfo Urbiola Román. Más allá de fotografías o viajes, lo que la ciudadanía exige son respuestas claras sobre las denuncias, los procedimientos en materia de predios y la actuación de quienes ocupan cargos públicos. Cuando existen señalamientos constantes y una creciente inconformidad social, la mejor respuesta no son los silencios ni las apariciones en destinos exclusivos, sino la apertura total de la información y el esclarecimiento de cada una de las acusaciones que hoy circulan en Rioverde.

PAN POTOSINO: RUMBO A LA IRRELEVANCIA POLÍTICA
En el PAN potosino no hay muchas esperanzas de que sus “cuadros distinguidos” puedan realizar una operación política efectiva ante el escenario que se vivió en Coahuila.
Aquí, al igual que en el estado norteño, están cerca de la desaparición política, y muestra de ello es que parecieron convertirse en talismanes de la mala suerte. Basta recordar que tanto la senadora Verónica Rodríguez Hernández, el diputado federal David Azuara Zúñiga, el diputado local Rubén Guajardo Barrera y otros “distinguidos” miembros del partido acudieron en más de una ocasión a Coahuila o manifestaron públicamente su respaldo a las campañas de ese estado.
Lo cierto es que las cosas no pintan nada bien para estos panistas que hacen política desde el café y lejos de las calles. El PAN, al igual que ocurrió en Coahuila, podría enfrentar un escenario complicado rumbo a las elecciones de 2027. A ello se suma que no cuenta con un candidato propio consolidado y ha tenido que apostar por un perfil externo como Enrique Galindo Ceballos, quien enfrenta diversos cuestionamientos y no ha logrado conectar ni entusiasmar de manera contundente al electorado.

MENSAJE CLARO AL PERIODISMO
Llamó la atención que fuera el secretario general de Gobierno, Guadalupe Torres Sánchez, quien encabezara la ceremonia de entrega del Premio Estatal de Periodismo 2026. Más allá del protocolo, el acto envió una señal institucional importante sobre la relación entre el gobierno y los medios de comunicación, especialmente en tiempos donde la libertad de expresión enfrenta constantes desafíos y donde el debate público suele polarizarse con facilidad.
Al fijar la postura de la administración estatal, Torres Sánchez dejó claro que la libertad de prensa y de expresión son derechos fundamentales que deben ser garantizados y protegidos. También destacó la importancia de un periodismo responsable, comprometido con la verdad y respaldado por la firma de quien ejerce esta labor. El mensaje resulta relevante porque fortalece la certeza de que la crítica, la investigación y la información tienen cabida dentro de una convivencia democrática basada en el respeto, la legalidad y la paz social.

LIBERTAD BAJO ASEDIO
Esta semana se conmemora la libertad de expresión. Sin embargo, resulta evidente que, ante los ataques que algunos actores políticos, como Gerardo Sanchez Zumaya “Zumaña”, han dirigido contra diversos medios de comunicación por no someterse a sus dinámicas de intimidación y presión, la realidad dista mucho de ser alentadora.
Sin lugar a dudas, tanto el Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas como su contraparte estatal están dejando mucho que desear. Las omisiones se acumulan, mientras quienes ejercen el periodismo enfrentan un entorno cada vez más hostil y vulnerable.
Lo preocupante es que, en México, pareciera que para atraer la atención de la agenda nacional hay que convertirse en una cifra más dentro de las estadísticas de agresiones o, en el otro extremo, enfrentar campañas de desprestigio impulsadas mediante perfiles falsos y ejércitos de bots. Mientras tanto, los verdaderos periodistas continúan ejerciendo su labor en condiciones adversas, sin el respaldo efectivo que las instituciones están obligadas a garantizar.
La libertad de expresión no puede limitarse a discursos conmemorativos ni a declaraciones de buena voluntad. Requiere acciones concretas, protección real y el reconocimiento de quienes informan con responsabilidad, no de quienes operan como sicarios digitales al servicio de intereses políticos.

TAMUÍN BAJO FUEGO
Los hechos violentos continúan sacudiendo a Tamuín mientras la preocupación ciudadana crece. En menos de unas horas se registraron ataques armados que dejaron como saldo una mujer sin vida y un hombre herido, evidenciando una situación que mantiene en alerta a la población. Lo que llama la atención es que la respuesta más contundente ha tenido que venir desde las corporaciones estatales y federales, que desplegaron operativos especiales, labores de inteligencia y acciones de búsqueda para contener la situación.
La pregunta que muchos habitantes se hacen es dónde está el liderazgo del gobierno municipal encabezado por Marcelino Bautista. Mientras la violencia ocupa los titulares y las familias exigen seguridad, la percepción es que el municipio ha sido rebasado por los acontecimientos y que ha sido el Gobierno del Estado quien ha tenido que intervenir para reforzar la vigilancia y el blindaje de la región. Los ciudadanos no esperan discursos ni justificaciones; esperan resultados, porque cada nuevo hecho violento representa una muestra de que la tranquilidad de Tamuín sigue siendo una asignatura pendiente.

LAS RESPUESTAS QUE NUNCA LLEGARON
La entrevista a la delegada del DIF Estatal en la Huasteca Norte, Rebeca Robledo González, dejó más dudas que certezas. Cuestionada sobre la presencia recurrente de José Luis Romero Calzada, conocido como "Tecmol", en eventos relacionados con apoyos sociales, la funcionaria optó por respuestas evasivas y sin profundidad. Negó que el exdiputado entregue directamente despensas o paquetes alimentarios, pero tampoco logró explicar de manera convincente por qué aparece constantemente en actividades vinculadas con programas dirigidos a la población más vulnerable.
Cuando los programas sociales están de por medio, la transparencia debe ser absoluta. La falta de claridad y las respuestas titubeantes solo alimentan las sospechas y los cuestionamientos ciudadanos. Si la participación de "Tecmol" en estos eventos es legítima, debería explicarse con total apertura; si no existe ninguna relación con la distribución de apoyos, también tendría que precisarse sin rodeos. Lo cierto es que la entrevista evidenció incomodidad y dejó la impresión de que las preguntas sencillas encontraron respuestas demasiado complicadas.

EL MUNDIAL UNE A LAS FAMILIAS
La instalación de pantallas gigantes en la plaza principal de Ciudad Valles para transmitir el arranque del Mundial 2026 es una iniciativa que busca convertir el futbol en un espacio de convivencia y encuentro para las familias. Más allá del resultado en la cancha, este tipo de actividades permiten que la ciudadanía disfrute de eventos de interés internacional en un ambiente accesible, gratuito y pensado para personas de todas las edades.
La participación del DIF Municipal, las actividades recreativas y la organización de espacios adecuados para los asistentes reflejan la intención de fortalecer la convivencia comunitaria. Cuando las plazas públicas se convierten en puntos de reunión para el deporte, la cultura y el entretenimiento, también se fomenta el sentido de pertenencia y la integración social. El Mundial será una fiesta global, y Ciudad Valles busca que esa emoción también se viva de manera cercana y familiar en el corazón de la ciudad.

LA PEÑA: CUANDO EL PODER SE USA PARA EXPULSAR A LOS OLVIDADOS
Durante más de tres décadas, un centenar de familias indígenas tenek y náhuatl han trabajado, habitado y defendido las tierras que un día fueron abandonadas por sus propietarios en Tampamolon Corona. No llegaron ayer ni son invasores improvisados; son hombres y mujeres que permanecieron cuando los dueños se marcharon dejando atrás ranchos, deudas y, sobre todo, a los trabajadores que durante años sostuvieron esas propiedades. Hoy, quienes sobrevivieron cultivando la tierra y construyendo una comunidad son tratados como un obstáculo que debe ser removido para satisfacer intereses políticos y patrimoniales.
Lo preocupante no es únicamente el intento de desalojo, sino la forma en que se pretende ejecutar. Los habitantes de La Peña denuncian que la alcaldesa Silvia Medina ha cerrado las puertas al diálogo mientras se privilegia la presión mediante la Policía Municipal. La historia reciente del país ha demostrado que cuando los conflictos agrarios se politizan, suelen aparecer acusaciones convenientes para desacreditar a quienes protestan. Por eso, las versiones de que se les pretende relacionar con actividades ilícitas o incluso sembrarles evidencias para justificar acciones legales generan una alarma legítima entre las familias afectadas. Sería gravísimo que el aparato gubernamental se utilizara para fabricar culpables en lugar de buscar soluciones.
La pregunta de fondo es sencilla: ¿por qué quienes fueron abandonados durante décadas ahora son considerados un problema justo cuando las tierras vuelven a tener valor para antiguos propietarios y actores políticos? Si las autoridades realmente creen en la justicia social, deberían escuchar primero a las comunidades, revisar a fondo los antecedentes de posesión y garantizar que cualquier resolución se apegue al derecho y no a la fuerza. Porque cuando un gobierno se coloca del lado de los poderosos y responde con patrullas a quienes piden ser escuchados, deja de actuar como árbitro y se convierte en parte del conflicto.

MAYOR VIGILANCIA SOBRE BIENESTAR ANIMAL Y ESPACIOS PÚBLICOS
Las denuncias ciudadanas continúan siendo una herramienta importante para que las autoridades detecten y atiendan situaciones que afectan la convivencia y el cumplimiento de la normatividad. Los recientes reportes por presunto maltrato animal reflejan una mayor participación de la población en temas relacionados con el bienestar de las mascotas y la responsabilidad de sus propietarios.
De igual manera, las quejas contra talleres mecánicos y vulcanizadoras evidencian problemas recurrentes vinculados con la ocupación indebida de espacios públicos y el manejo de materiales. El seguimiento de estos casos por parte de la Dirección de Ecología representa una oportunidad para fortalecer el orden urbano y garantizar que las actividades comerciales se desarrollen dentro de los lineamientos establecidos.

ORGULLO EDUCATIVO DE LA HUASTECA
Los resultados alcanzados por el CBTIS 46 confirman que la calidad educativa se construye con trabajo constante, visión académica y compromiso institucional. La asignación de más de 22 millones de pesos para ampliar su infraestructura no es una casualidad, sino el reconocimiento a un plantel que ha logrado destacar a nivel nacional e internacional gracias al desempeño de sus estudiantes y docentes. Ser el único beneficiado de San Luis Potosí dentro de este programa federal habla de la confianza depositada en una institución que se ha convertido en referente de excelencia.
Más allá de los nuevos edificios, laboratorios y aulas, el verdadero valor del CBTIS 46 está en los resultados que genera para la juventud de la Huasteca. Sus logros en competencias científicas internacionales, sus altos índices de eficiencia terminal y la apertura de carreras alineadas a las necesidades actuales del mercado laboral demuestran que la educación sigue siendo la herramienta más poderosa para transformar vidas. Cuando una escuela crece y se fortalece, también crece el futuro de toda una región.

“JÓVENES AL VOLANTE”, UN GRAN PASO PARA PREVENIR ACCIDENTES
El Gobierno del Estado, por medio del Instituto Potosino de la Juventud (Inpojuve) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, ha abierto la convocatoria del curso “Jóvenes al Volante Julio 2026”, cumpliendo así el compromiso del gobernador Ricardo Gallardo Cardona de brindar más oportunidades de desarrollo integral.
Esta capacitación está dirigida a personas de entre 15 y 29 años, con el objetivo de enseñarles a conducir de forma segura y responsable, combinando clases teóricas y prácticas. El programa incluye temas fundamentales como reglamento de tránsito, mecánica básica y normas de seguridad vial. Sin duda, se trata de una excelente iniciativa que contribuye a formar conductores mejor preparados y a reducir riesgos en las carreteras potosinas.
Aun así, esta valiosa acción tiene un amplio potencial de crecimiento. Sería muy positivo que el programa se extendiera a todos los municipios del estado, para que jóvenes de la Huasteca, el Altiplano y la Zona Media puedan acceder a esta capacitación sin necesidad de trasladarse largas distancias. Asimismo, la cuota podría ajustarse para ser más accesible, de modo que nadie quede excluido por motivos económicos.
También es importante considerar que la educación vial no debe ser exclusiva de la juventud. Hace falta abrir espacios para personas adultas, ya que muchas de ellas, que nunca antes habían conducido, han logrado adquirir un vehículo —incluidos los llamados “carros chocolate”— y se enfrentan al volante sin conocimientos previos.
Capacitar a toda persona que circula por nuestras calles y carreteras ayudaría a prevenir accidentes, proteger vidas y fortalecer una cultura vial sólida en todo San Luis Potosí.

LA LEY Y EL DEBATE
La discusión sobre el uso de la inteligencia artificial y sus posibles límites seguirá generando posiciones encontradas, pero mientras exista una legislación vigente, corresponde a las autoridades aplicarla y a los ciudadanos conocer sus alcances. La postura del diputado Héctor Serrano Cortés se centra precisamente en ese principio: más allá de opiniones políticas o interpretaciones particulares, la norma aprobada mantiene plena vigencia hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determine lo contrario.
El reto de fondo consiste en encontrar el equilibrio entre la protección de derechos fundamentales como la libertad de expresión y la necesidad de evitar que las nuevas tecnologías sean utilizadas para dañar la imagen, la reputación o la dignidad de las personas. No se trata de un debate exclusivo de San Luis Potosí, sino de una discusión global que avanza al mismo ritmo que la tecnología. Por ello, cualquier resolución futura deberá brindar certeza jurídica sin perder de vista la protección de las libertades democráticas que constituyen la base de una sociedad abierta.

UNA APUESTA POR EL FUTURO
La propuesta para convertir a Ciudad Valles en la sede de una megaplanta de aprovechamiento de residuos sólidos para la generación de energía eléctrica refleja una visión de largo plazo que busca atender simultáneamente desafíos ambientales, urbanos y económicos. De concretarse, el proyecto no solo permitiría modernizar el manejo de la basura en la región Huasteca, sino también posicionar a Valles como un punto estratégico para la innovación y el desarrollo sustentable en San Luis Potosí.
Aunque todavía deberá superar etapas de análisis, licitación y aprobación institucional, la iniciativa abre la puerta a una transformación importante en la gestión de residuos. La posibilidad de atraer una inversión privada de miles de millones de pesos, generar empleos, incorporar a sectores vulnerables a nuevas oportunidades laborales y reducir la dependencia de los tiraderos tradicionales representa una alternativa que merece ser estudiada con seriedad. Ciudad Valles necesita proyectos que miren hacia el futuro, y esta propuesta coloca sobre la mesa una discusión que podría marcar el rumbo de la región durante las próximas décadas.

CONFIANZA QUE GENERA DESARROLLO
La permanencia y crecimiento de empresas internacionales como Outokumpu Mexinox son una señal clara de la confianza que existe en San Luis Potosí como destino para la inversión productiva. Que una compañía con presencia global celebre medio siglo de operaciones en la entidad no es un hecho menor, sino el reflejo de una ubicación estratégica, una fuerza laboral calificada y condiciones que permiten el desarrollo industrial de largo plazo. Este tipo de empresas contribuyen significativamente a la generación de empleos y al fortalecimiento de la economía regional.
En un entorno cada vez más competitivo para atraer capitales, resulta fundamental mantener políticas que brinden certeza y promuevan la expansión industrial. La visión impulsada por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona para consolidar a San Luis Potosí como un polo de inversión encuentra respaldo en casos como el de Outokumpu Mexinox, cuya trayectoria demuestra que cuando existen condiciones adecuadas, las empresas no solo llegan, sino que permanecen, crecen y se convierten en motores del desarrollo económico de toda la entidad.

EL MUNDIAL SE VIVE EN SOLEDAD
La iniciativa del alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz de convertir la Plaza principal en una gran sede futbolera durante el Mundial representa una apuesta por la convivencia familiar y el aprovechamiento de los espacios públicos. Más allá de la transmisión de los partidos, el programa contempla actividades deportivas, recreativas y culturales que permitirán a niñas, niños, jóvenes y adultos disfrutar de un ambiente seguro y gratuito en torno a uno de los eventos deportivos más importantes del planeta.
Este tipo de acciones fortalecen el tejido social al generar puntos de encuentro donde las familias pueden convivir y compartir experiencias. Durante más de un mes, la pasión por el futbol servirá como pretexto para reunir a la comunidad, fomentar la recreación y dar vida al corazón del municipio. Cuando los espacios públicos se llenan de actividad, deporte y participación ciudadana, también se fortalece el sentido de pertenencia y la identidad de las familias soledenses.

CUANDO PERDER NO ES OPCIÓN
Las declaraciones del diputado local Carlos Arreola Mallol sobre la elección en Coahuila parecen reflejar una constante que se repite en la política mexicana: cuando los resultados no favorecen, la explicación inmediata es señalar irregularidades. Ahora se habla de presuntas compras de votos mediante códigos QR y operaciones digitales, pero más allá de los señalamientos, también queda pendiente una reflexión sobre los errores propios que llevaron a Morena a no alcanzar los resultados esperados. Porque en democracia, ganar y perder forman parte del juego político.
El propio legislador reconoció que Morena necesita autocrítica y unidad, una afirmación que quizá debería ocupar el centro del debate. Resulta más sencillo atribuir una derrota a factores externos que reconocer fallas de estrategia, operación o conexión con el electorado. Lo ocurrido en Coahuila dejó una lección clara: las estructuras territoriales, la organización y el trabajo político siguen siendo determinantes. De cara a 2027, más que buscar culpables, los partidos tendrían que preguntarse por qué los ciudadanos votaron como lo hicieron y qué dejaron de hacer para convencerlos.

LA BOLITA DEL DESORDEN
En Ciudad Valles, el problema de las banquetas invadidas, los cajones apartados y el desorden en la vía pública parece tener una característica en común: nadie quiere hacerse responsable. Las declaraciones del director de Comercio Municipal, Mario Alberto Reyes, dejaron la impresión de que su dependencia prefiere pasar la bolita antes que asumir un papel activo en la recuperación de los espacios públicos. Mientras los ciudadanos enfrentan diariamente calles obstruidas, banquetas tomadas y una movilidad cada vez más complicada, la autoridad parece conformarse con señalar a otra oficina como responsable.
Lo más preocupante es que el propio funcionario reconoce el desorden que impera en el centro de la ciudad, pero al mismo tiempo justifica la falta de acciones concretas para corregirlo. Cuando incluso los riesgos de Protección Civil son minimizados bajo el argumento de que los obstáculos pueden retirarse "en friega", queda en evidencia una preocupante falta de prevención. Gobernar no es administrar excusas ni repartir responsabilidades; es resolver problemas. Y en el corazón comercial de Ciudad Valles, el desorden sigue creciendo mientras las autoridades continúan buscando a quién echarle la culpa.

TODO CON LEGALIDAD
El operativo realizado por agentes de la Fiscalía General del Estado y corporaciones de seguridad en un inmueble ubicado sobre el bulevar hacia el ejido El Refugio, en Ciudad Fernández, donde presuntamente fueron recuperados vehículos relacionados con robos, genera expectativas positivas entre la población que exige resultados en el combate a la delincuencia.
No obstante, más allá del impacto mediático que representa el aseguramiento de unidades automotrices, existe un aspecto fundamental que no debe pasarse por alto: la legalidad del procedimiento.
La inviolabilidad del domicilio es una garantía constitucional. Por ello, para que una autoridad pueda ingresar legalmente a una propiedad privada debe contar, por regla general, con una orden de cateo emitida por un juez competente, derivada de una investigación debidamente sustentada por el fiscal investigador.
La razón es sencilla: no basta con encontrar indicios o bienes presuntamente relacionados con un delito; también es indispensable que dichos hallazgos sean obtenidos conforme a derecho. De lo contrario, la defensa de cualquier probable responsable podría cuestionar la legalidad de la actuación policial y solicitar la nulidad de las pruebas obtenidas.
En otras palabras, si una incursión se realiza sin cumplir los requisitos legales, los objetos asegurados, documentos localizados o incluso vehículos recuperados podrían enfrentar serias dificultades para ser utilizados como medios de prueba dentro de un proceso penal.

BUSCAN UNA SOLUCIÓN
En San Luis Potosí, la organización Derechos Urbanos anunció que durante este año impulsará intervenciones en cuatro puntos de la Zona Metropolitana de San Luis Potosí, identificados por registrar altos índices de siniestros viales que afectan principalmente a ciclistas y peatones.
Representante de la agrupación informó que, tras los avances obtenidos en la Glorieta Morales, el siguiente paso será trabajar junto con autoridades, sociedad civil y comunidad académica para desarrollar proyectos de infraestructura que permitan reducir riesgos y salvar vidas.
Señaló que uno de los sitios que genera mayor preocupación es el ubicado en la zona de El Saucito, donde se concentra un importante número de incidentes relacionados con ciclistas.
“Vamos a intervenir en la avenida Fray Diego de la Magdalena y Vasco de Quiroga; es un sitio en la zona norte de San Ildefonso, por El Saucito, en donde actualmente hay mayor registro de siniestros con ciclistas. También la calle Independencia y la avenida Salvador Nava, un entorno escolar en el que coinciden un puente peatonal, una zona primaria y una zona preparatoria”, añadió.
Destacó que las propuestas se construirán mediante procesos participativos con vecinos, estudiantes y usuarios de la vía pública, con el objetivo de generar soluciones que respondan a las necesidades reales de cada sector.
Aseguraron: “Estamos abiertas y abiertos; va a haber mesas de trabajo en cada uno de estos cruceros donde vamos a consultar esta red ciclista y este plan maestro para llegar a resultados como los que tuvimos en la Glorieta Morales, un proceso que involucró a la comunidad universitaria y que pudo responder a un diseño que salve vidas”.

EL FINAL INFELIZ
Después de tanto insistir en un proyecto que parecía más orientado a la promoción de su imagen que al beneficio colectivo, finalmente el alcalde capitalino viajero Enrique Galindo Ceballos no verá realizadas las transmisiones de los partidos del Mundial en la plaza de Los Fundadores, luego de que no recibiera el aval de la Secretaría de Finanzas (SEFIN).
En su lugar, se colocaron inflables para desarrollar un espacio lúdico donde niños y adolescentes puedan acudir a divertirse con la temática mundialista, pero ya no con un aforo que pudiera afectar la plancha cívica, al menos eso es parte de la justificación oficial. La situación deja en evidencia que la planeación del proyecto original fue insuficiente y que se intentó impulsar sin contar con todas las autorizaciones necesarias.
Lo preocupante es cómo la administración actuará de aquí en adelante cuando pretenda realizar eventos masivos en el lugar, porque es sabido que seguramente lo considerará para desarrollar otro tipo de actividades que aglutinen a cientos de personas. Este episodio plantea dudas sobre los criterios utilizados por el gobierno municipal para organizar eventos de gran escala y sobre su capacidad para anticipar posibles obstáculos.
Galindo Ceballos dijo hace tiempo que no quería pensar que se trata de una cuestión política, pero la actuación mostrada hasta el momento también exhibe la falta de capacidad de su administración para construir acuerdos y gestionar proyectos estratégicos. Más allá de señalar a terceros, el resultado final refleja una gestión que no logró concretar una iniciativa que el propio alcalde promovió durante meses.
Es claro que se acercan los tiempos electorales y de una u otra manera los actores políticos buscarán obstaculizar a sus adversarios para evitar que progresen o cumplan con sus expectativas. Sin embargo, antes de todo eso también habría que exigir responsabilidad a quienes gobiernan, porque la gobernabilidad no sólo depende de los conflictos entre grupos políticos, sino de la capacidad de las autoridades para planear, dialogar y obtener resultados, algo que en este caso quedó en entredicho.

CAMISA DE ONCE VARAS
La discusión sobre quién o no es periodista ha comenzado a mantenerse en la agenda pública, derivado de las consecuencias de la aplicación de la ley que sanciona el uso inapropiado de la inteligencia artificial (IA) para alterar imágenes o contenido audiovisual en detrimento de las personas.
Diferentes columnistas han salido a expresar su sentir y poniendo en el centro algo que desde hace tiempo se viene cuestionando: qué tanto un ciudadano puede convertirse en un reportero que cuestiona al poder frente a la prensa convencional, que deja de hacer deja de hacer su labor en favor de las audiencias.
Por un lado, todo esto ha generado diferencias entre el gremio periodístico, pero al mismo tiempo comprobado que la reciente legislación es un arma maquiavélica en detrimento de quienes ejercen la libertad de expresión, porque más allá de una publicación, significa que el poder ha encontrado la forma legaloide de evadir su derecho de réplica y encarcelar a sus detractores.

NOS CUESTA A TODOS
Cada vez que una persona destruye una luminaria, daña una patrulla, rompe una señal de tránsito, vandaliza una plaza pública o afecta cualquier bien propiedad del Estado, el perjuicio no recae únicamente en una dependencia gubernamental. En realidad, el daño termina siendo pagado por todos los ciudadanos mediante los impuestos que financian la reparación o reposición de esos bienes, tal y como ocurrió con el ex presidente municipal de Villa Juárez, Jesús R., quien presuntamente, en estado de ebriedad, colisionó dos unidades de la Guardia Civil Estatal (GCE).
Existe una equivocada percepción de que afectar bienes públicos es una forma de protesta o una acción sin mayores consecuencias. Sin embargo, la legislación es clara: quien provoque daños al patrimonio gubernamental puede ser obligado a cubrir económicamente el costo de las reparaciones, además de enfrentar multas administrativas y, en casos donde exista dolo o intención de causar perjuicio, incluso sanciones penales que pueden derivar en prisión.
Más grave aún resulta cuando los daños son ocasionados por servidores públicos. En esos casos, además de las responsabilidades penales y económicas, pueden existir sanciones administrativas por incumplir con la obligación de proteger y administrar correctamente los recursos del Estado.

IMPORTANCIA DE LA DENUNCIA
La detención de un individuo en el municipio de Rayón, señalado por habitantes como presunto responsable de diversos robos a comercios y viviendas, genera expectativas entre quienes han sido víctimas de la delincuencia. Sin embargo, más allá de los señalamientos y la percepción ciudadana, existe una realidad jurídica que muchas veces se pasa por alto.
El detenido no fue puesto a disposición de la autoridad por los robos que se le atribuyen de manera pública o extraoficial. Su arresto ocurrió por la posesión de droga sintética conocida como cristal, delito por el cual deberá enfrentar el procedimiento correspondiente ante la Fiscalía General del Estado.
Es aquí donde surge una situación que frecuentemente provoca molestia entre la población. Muchas personas consideran que basta con que un presunto delincuente sea identificado por vecinos o autoridades para que permanezca en prisión; sin embargo, la ley exige pruebas, denuncias y procedimientos legales debidamente integrados.
Si existen comerciantes, propietarios de viviendas o ciudadanos que fueron víctimas de algún robo presuntamente cometido por esta persona, resulta indispensable que acudan a presentar la denuncia correspondiente, pues sin ese paso fundamental la Fiscalía difícilmente podrá reunir los elementos necesarios para fortalecer una carpeta de investigación y solicitar ante un juez de control una orden de aprehensión.
La denuncia no es un simple trámite burocrático; constituye el punto de partida para obtener declaraciones, recopilar evidencias, identificar testigos, cuantificar daños y construir un caso sólido que permita llevar al probable responsable ante los tribunales. De lo contrario, ocurre lo que tantas veces genera molestia e inconformidad: la libertad del imputado.

AUMENTARÁ PROBLEMA
La plaga del gusano barrenador ha ocasionado una severa afectación económica a los ganaderos, pues en el caso del municipio de Ciudad del Maíz ha disminuido considerablemente el precio de los bovinos destinados para carne e incluso se ha visto afectada su exportación.
Ciudad del Maíz es, hasta la fecha, el municipio que más casos ha registrado a nivel estatal relacionados con este problema. Sin embargo, aquí se ha logrado avanzar gracias al trabajo realizado por algunas instancias gubernamentales, como el Centro de Apoyo al Desarrollo Rural (CADER), en conjunto con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), además de la labor independiente que realizan médicos veterinarios, quienes son solicitados por los productores para atender a sus animales.
Solamente así podrá controlarse con mayor rapidez, porque mientras más casos sean detectados y atendidos, menos tiempo tomará frenar su propagación.
Ahora, las lluvias podrían agravar el problema, ya que la humedad combinada con las altas temperaturas genera condiciones propicias para el crecimiento de la plaga de moscas, en este caso la especie Cochliomyia hominivorax, causante del gusano barrenador.

OTRO MÁS
Los alumnos de la escuela secundaria "Manuel Ávila Camacho" siguen poniendo en alto no solamente el nombre de su institución, sino también el de su municipio, pues continúan participando en diversos concursos escolares.
El más reciente fue a nivel nacional, hace unos días, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, dentro de la disciplina de atletismo, a donde acudieron cuatro alumnos y lograron posicionarse entre los mejores 12 resultados.
Pero también, días atrás, participaron en otras competencias a nivel estatal, como juegos tradicionales mexicanos y de antaño, en disciplinas como salto de cuerda, yo-yo, trompo y balero, además de handball y otras actividades deportivas.
Ahora, la próxima semana volverán a competir, esta vez en un certamen académico de Banda de Guerra que se llevará a cabo a nivel estatal.
Vaya que este año ha sido de mucha actividad para los jóvenes estudiantes, al participar en diversos concursos como los ya mencionados.

VIGILANCIA MODERNA
Hoy en día, los delincuentes ya no batallan para realizar labores de vigilancia hacia la policía como halcones; ahora lo hacen de forma digital.
En el caso del municipio de Ciudad del Maíz, no es la primera vez que corporaciones policiacas ubican cámaras de videovigilancia en diversos sectores de la cabecera municipal y comunidades, tecnología que actualmente utilizan integrantes del crimen organizado para conocer la ubicación y el paso de las corporaciones policiacas, y así poder actuar en sus fechorías sin ser detectados.
En esta ocasión solo fueron cámaras, pero en ocasiones anteriores también estaban acompañadas de módulos para el servicio de internet, encontrándolos en árboles, a los costados de postes y al exterior de viviendas deshabitadas.
La pregunta es: ¿esos aparatos realmente sirven para los objetivos de los criminales? Pues de un tiempo a la fecha el municipio se ha mantenido con una baja incidencia delictiva, en comparación con años anteriores, cuando este problema realmente era demasiado delicado.