CEMDA alerta sobre aspectos preocupantes de la nueva ley ambiental propuesta

CEMDA alerta sobre aspectos preocupantes de la nueva ley ambiental propuesta

www.excelsior.com.mx| | Martes, 01 de Septiembre de 2026| 13:37

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CEMDA pidió al Congreso abrir un Parlamento Abierto para revisar la reforma a la LGEEPA y garantizar participación de comunidades, expertos y organizaciones.

CEMDA hizo un "respetuoso llamado" al Congreso de la Unión para que convoque a un proceso amplio de Parlamento Abierto que permita la participación efectiva de comunidades, pueblos indígenas y afromexicanos, personas defensoras del medio ambiente, academia, organizaciones de la sociedad civil, especialistas, sector productivo y autoridades de los distintos órdenes de gobierno en la dictaminación de la iniciativa de reforma de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA).

El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) adelantó que la propuesta presentada por el Poder Ejecutivo Federal incluye avances muy relevantes, pero también aspectos preocupantes que los legisladores deberán revisar en su momento, con el fin de contar con "una nueva ley ambiental legítima, sólida y capaz de garantizar la protección de la naturaleza y el bienestar de las generaciones presentes y futuras".

Explicó que lo destacable es el fortalecimiento de principios ambientales, la inclusión de nuevos instrumentos de conservación de la biodiversidad, el reconocimiento de elementos del Acuerdo de Escazú y la actualización de instrumentos de política pública ambiental, pero, en contraste, incluye aspectos que requieren una revisión profunda para que la iniciativa efectivamente cumpla con los propósitos que se plantea.

Detalló que la figura de Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) debe complementar y fortalecer la prevención ambiental, no sustituir la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA). "Una de las deficiencias más críticas de la propuesta normativa se encuentra en la configuración de la Evaluación Ambiental Estratégica. Si bien la incorporación de este instrumento en la LGEEPA atiende a una demanda histórica por parte de la sociedad civil y expertos, en la iniciativa se le equipara con una Autorización de Impacto Ambiental (AIA) para determinadas etapas de los proyectos.

"Esta equiparación desnaturaliza el carácter preventivo y estratégico que debe regir a la EAE, contraviniendo los estándares técnicos y las mejores prácticas a nivel internacional. De mantenerse en estos términos, la reforma facilitaría procesos de evaluación más laxos para megaproyectos de orden federal, tales como el Tren Maya, comprometiendo severamente la integridad del patrimonio natural y el equilibrio ecológico", manifestó.

De acuerdo con CEMDA, el Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (PEIA) mantiene debilidades estructurales que limitan su eficacia preventiva. "La iniciativa conserva gran parte del diseño institucional vigente, omite aspectos fundamentales como el análisis de impactos sinérgicos y residuales, incorpora causales de exención ambiguas y abre espacios para la regularización de proyectos iniciados sin autorización ambiental. Consideramos que expresamente se debe prohibir la fragmentación de proyectos, obras y actividades para propósito de su evaluación de impacto ambiental".

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Indicó que el acceso a la información ambiental debe fortalecerse y no incorporar barreras adicionales a su ejercicio. "Si bien la iniciativa incorpora avances en la integración y coordinación de los sistemas de información ambiental, también contiene disposiciones que podrían restringir el acceso a la información al exigir la identificación y justificación de las solicitudes, imponer costos a las personas solicitantes y reducir la periodicidad de los informes sobre el estado del medio ambiente. Estas medidas deben revisarse para garantizar su plena armonización con los principios de máxima publicidad y gratuidad reconocidos en la legislación nacional y en el Acuerdo de Escazú".

Áreas Naturales Protegidas

El Centro Mexicano de Derecho Ambiental agregó que la biodiversidad y la conservación de los ecosistemas reciben una atención reforzada que debe acompañarse de recursos e implementación efectiva. "La iniciativa incorpora avances importantes en materia de conservación, corredores biológicos, polinizadores, Otras Medidas Efectivas de Conservación basadas en Áreas (OMEC) y fortalecimiento institucional. No obstante, su éxito dependerá de reglas claras, financiamiento suficiente y mecanismos efectivos de implementación".

Por ejemplo, la iniciativa de reforma a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) incluye nuevas categorías de Áreas Naturales Protegidas (ANP), entre ellas, zonas geovolcánicas, geoparques, sitios de protección de humedales, áreas de protección de recursos naturales en sitios sagrados y áreas de protección de recursos naturales ubicadas en cuencas hidrológicas, así como el reconocimiento de corredores biológicos.

De igual forma, la propuesta integra mandatos específicos orientados a la protección de la biodiversidad dentro de las ANP, como límites en las actividades permitidas en subzonas que constituyen hábitats de anidación o rutas de migración de aves endémicas o en alguna categoría de riesgo, así como la prohibición del uso de plaguicidas y fertilizantes en subzonas con presencia de polinizadores.

"Si bien estos mandatos reflejan una intención positiva de atender problemáticas ambientales actuales al interior de las subzonas, su alcance resulta limitado. En particular, la regulación del uso de plaguicidas y fertilizantes, aunque relevante, se plantea de manera acotada a ciertas subzonas, pese a que sus impactos sobre los polinizadores suelen trascender los límites territoriales", señaló.

Defensores ambientales

CEMDA subrayó que el reconocimiento de las personas defensoras del medio ambiente constituye un avance relevante que debe fortalecerse para cumplir con los compromisos asumidos por México en el marco del Acuerdo de Escazú. "Sin embargo, debe prever medidas más robustas para asegurar su protección, pues, aunque se les reconoce, se deja el compromiso en un plano declarativo que no atiende en su integralidad al enfoque de prevención para garantizar un entorno propicio y seguro".

"El acceso a la justicia ambiental, la denuncia popular y la coadyuvancia deben fortalecerse. Si bien la iniciativa conserva la denuncia popular e incorpora los reportes ciudadanos, su diseño genera incertidumbre sobre su alcance y aplicación, además de abrir espacios de discrecionalidad que pueden limitar su eficacia.

Asimismo, la propuesta restringe la coadyuvancia al exigir la acreditación de afectaciones directas o tener la calidad de víctima, lo que podría excluir a personas defensoras y organizaciones que actúan en protección del medio ambiente como un bien jurídico autónomo. También persisten limitaciones en el acceso a la información de los procedimientos, la participación durante diligencias de inspección y la certeza sobre los plazos de actuación de la autoridad, aspectos que deben fortalecerse para garantizar un acceso efectivo a la justicia ambiental conforme a los estándares del Acuerdo de Escazú", remató.