Reforma sobre internamiento involuntario en centros de rehabilitación genera inconformidad entre familiares de personas anexadas

Reforma sobre internamiento involuntario en centros de rehabilitación genera inconformidad entre familiares de personas anexadas

Lucina López| Emsavalles| San Luis Potosí, S.L.P.| Jueves, 22 de Mayo de 2025| 10:29

---

Luego de que la diputada del Partido Verde Ecologista, Martha Patricia Aradillas Aradillas, presentara una iniciativa de reforma a la Ley de Salud Mental para el Estado y Municipios, a la Ley de Prevención y Control de Adicciones del Estado, así como al Código Penal del Estado, con el propósito de eliminar el internamiento involuntario y tipificar como delito de privación ilegal de la libertad cuando una persona sea internada sin su consentimiento o sin la autorización de un familiar, tutor o representante legal, surgieron manifestaciones de inconformidad.

Familiares de personas internadas en anexos de San Luis Potosí expresaron su preocupación y rechazo a la propuesta, argumentando que podría dificultar los procesos de rehabilitación de jóvenes con problemas de adicción. Señalaron que, en muchos casos, las familias enfrentan situaciones críticas donde la única alternativa para salvar la vida de sus hijos es el internamiento, aun sin su consentimiento.

"En lugar de poner trabas a quienes buscan ayudar a sus seres queridos, debería sacarse la droga de las calles, que es la verdadera raíz del problema", expresaron algunos padres de familia.

Durante la jornada, personas actualmente internadas en anexos acudieron al Congreso del Estado para solicitar al gobernador Ricardo Gallardo Cardona mayor apoyo económico, principalmente para alimentos y atención psicológica, ya que muchas familias no tienen recursos para solventar tratamientos privados. También pidieron el envío de psicólogos y personal capacitado que pueda colaborar de manera gratuita en estos espacios.

Los manifestantes rechazaron la iniciativa de la legisladora Aradillas, a quien acusaron de no conocer la realidad de muchas familias potosinas. Subrayaron que los centros públicos de rehabilitación son costosos o insuficientes, por lo que recurren a los anexos como única esperanza de recuperación.

De acuerdo con la NOM-028, el ingreso a establecimientos especializados en adicciones puede ser voluntario, involuntario u obligatorio, en modelos profesional y mixto, y estrictamente voluntario en modelos de ayuda mutua. En este último caso, el ingreso obligatorio solo es válido si el centro está debidamente reconocido por la CONADIC.

En defensa de su iniciativa, la diputada Patricia Aradillas explicó que anteriormente se permitía el internamiento con solo notificar al Ministerio Público, y que podían pasar varios días antes de que un médico determinara si era procedente o no continuar con el tratamiento. Este procedimiento, afirmó, implicaba violaciones a los derechos humanos de los internados.

"Privar de la libertad a una persona sin su consentimiento, incluso sin violencia, constituye un delito. Debemos garantizar los derechos humanos de quienes son internados en casas de salud mental o clínicas de rehabilitación", sostuvo.

Finalmente, los manifestantes anunciaron que organizarán movilizaciones tanto en el Congreso del Estado como en el Poder Ejecutivo para frenar la aprobación de esta iniciativa. En lugar de reformar para limitar, pidieron al gobierno enfocarse en erradicar el acceso a drogas en las colonias y fortalecer el sistema de atención y rehabilitación con más especialistas y recursos.

 

LL