Lucina López| Emsavalles| San Luis Potosí, S.L.P.,| Jueves, 19 de Noviembre de 2026| 13:55
La clausura del gimnasio Beat Cycle Train, en la colonia Tangamanga, no se entiende solo como un trámite administrativo. Se entiende, cada vez más, como un caso en el que la autoridad municipal actuó con mano dura contra un negocio, mientras la regidora que impulsó el procedimiento insiste en que solo hizo su trabajo.
El alcalde Enrique Galindo Ceballos respaldó públicamente tanto la clausura como la intervención de la regidora María Eugenia Castro Anguiano. Según el edil, el establecimiento no cuenta con licencia de funcionamiento vigente porque le falta un requisito fundamental: la anuencia de los vecinos colindantes.
Galindo reconoció que las propietarias ya cumplieron con la mayoría de los trámites, pero señaló que les falta el consentimiento de siete familias que viven junto al inmueble y que han denunciado molestias constantes.
Las quejas, explicó, tienen que ver con el ruido de las clases, el sonido a alto volumen, el golpe de las pesas y el movimiento de usuarios en un horario que va de las 5:00 de la mañana a las 11:00 de la noche.
A eso, agregó el alcalde, se suma que el gimnasio tiene alrededor de 650 afiliados y únicamente cuatro cajones de estacionamiento, lo que genera saturación y conflictos en la zona habitacional.
"Ellos dicen, inviertan para que el ruido, el ruido de las pesas, el ruido del sonido, el ruido humano no nos afecte. Eso es lo único que piden", declaró Galindo.
El alcalde defendió además a Castro Anguiano, al asegurar que como regidora tiene la atribución de recibir y gestionar inconformidades ciudadanas. También descartó que sea trabajadora del Ayuntamiento y dijo respetar el posicionamiento que difundió.
Tras las críticas, Castro Anguiano publicó un video en sus redes sociales para explicar su participación.
Relató que todo comenzó el 15 de mayo, cuando recibió en su oficina a vecinos con una denuncia respaldada por más de 15 firmas de habitantes cuyas viviendas colindan con el gimnasio.
Según su versión, los vecinos le expusieron que desde hace más de cuatro años padecen las molestias del establecimiento, sin haber encontrado solución.
La regidora sostuvo que su labor se limitó a recibir la queja y canalizarla ante las autoridades correspondientes, sin intervenir en la resolución administrativa.
También invocó el artículo 21 del Reglamento de Comercio y de Actividades Comerciales, que establece que para obtener la autorización se requiere el respaldo de al menos el 51 por ciento de los vecinos. Aseguró que la consulta realizada por la autoridad no favoreció al establecimiento.
"Mi labor como regidora es escuchar y turnar las denuncias ciudadanas. No es intromisión ni favoritismo, es cumplir con mi obligación", expresó.
Sin embargo, la versión oficial deja varias dudas sin resolver. Si la queja tenía más de cuatro años, ¿por qué el caso se movió con tanta rapidez justo después de la intervención de la regidora? ¿Por qué no se buscó primero una solución de mediación, como insonorización, ajuste de horarios o un plan de estacionamiento, antes de llegar a la clausura?
¿Por qué un negocio que ya había cumplido con la mayoría de los requisitos terminó cerrado, mientras la autoridad se escuda en un trámite de anuencia que, en la práctica, deja el futuro de un establecimiento en manos de unos cuantos vecinos?
Y sobre todo, ¿por qué la regidora tuvo que salir a justificarse en video si su actuación fue tan transparente como asegura?
Para quienes conocen el fondo del caso, la respuesta es otra: la regidora no lo hizo por la gente, lo hizo por atención a un amigo.
De acuerdo con los señalamientos que circulan en torno a este asunto, su intervención no habría sido una atención ciudadana imparcial, sino un movimiento para favorecer a una persona cercana a ella, vinculada con los vecinos quejosos, utilizando su cargo para acelerar un procedimiento que durante años no había avanzado.
Bajo esa versión, no se trató de escuchar a la ciudadanía, sino de usar la investidura de regidora para resolver un favor personal, con la clausura como resultado.
Hasta ahora, ni la regidora ni el alcalde han logrado despejar esa sospecha. Y mientras tanto, 650 afiliados, trabajadoras y propietarias pagan las consecuencias de una decisión que, más que justicia vecinal, parece haber sido una atención a un amigo según denuncia los involucrados.
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