Jueves, 10 de Septiembre de 2026
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Semana del 11 de Septiembre al 17 de Septiembre de 2026

SLP aprobó regular los celulares en las escuelas

SLP aprobó regular los celulares en las escuelas

Diario Potosí



México Evalúa advierte que la consulta nacional tampoco evaluó si las regulaciones que ya existen en 16 estados han funcionado.

San Luis Potosí se encuentra entre las 16 entidades del país que ya cuentan con alguna disposición para regular el uso de celulares y dispositivos electrónicos en las escuelas de educación básica, pero en la reforma aprobada por el Congreso Estatal los lineamientos que deben establecer cómo se aplicará todavía no han sido emitidos.

La entidad se adelantó al debate nacional que la Secretaría de Educación Pública (SEP) abrió con docentes y directivos para construir una regulación sobre el uso de teléfonos celulares en las aulas. Sin embargo, mientras a nivel federal se discute cómo establecer las reglas, en San Luis Potosí los plazos establecidos por la propia reforma estatal para hacerlas operativas ya vencieron.

El informe "Preguntar para regular, ¿y sabemos con qué se enseña?", elaborado por la Iniciativa de Educación con Equidad y Calidad (IEEC) de México Evalúa coloca a San Luis Potosí dentro del grupo de entidades que ya cuentan con alguna regulación o avance legislativo en la materia.

El análisis también cuestiona que la consulta nacional no haya preguntado si las disposiciones existentes realmente se aplican, qué dificultades han enfrentado las escuelas o qué resultados han producido.

La regulación potosina surgió de una iniciativa presentada el 29 de agosto de 2025. La propuesta partió de la necesidad de establecer reglas para el uso de teléfonos celulares y otros dispositivos por parte de estudiantes de preescolar, primaria y secundaria durante la jornada escolar. En su exposición de motivos se señalaron posibles efectos del uso constante y no supervisado de estos aparatos, como distracciones, menor concentración y ansiedad académica.

La Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del Congreso solicitó la opinión de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE), que propuso una regulación más específica para limitar el uso de celulares, tabletas y relojes inteligentes durante el horario de clases, con excepciones para estudiantes de educación especial o quienes necesitaran los dispositivos por prescripción médica.

No obstante, el dictamen aprobado por la comisión el 24 de noviembre de 2025 optó por una redacción más general. La reforma estableció que serían las autoridades educativas las encargadas de determinar cómo podrían utilizarse los teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos como herramientas de apoyo pedagógico en educación básica, además de emitir los lineamientos correspondientes para su aplicación durante la jornada escolar.

El pleno del Congreso aprobó la modificación el 3 de febrero de 2026 y el decreto fue publicado una semana después en el Periódico Oficial del Estado.

El decreto estableció dos fechas relevantes. La reforma debía entrar en vigor 180 días naturales después de su publicación, mientras que la SEGE tendría un plazo máximo de 90 días naturales para emitir los lineamientos necesarios.

El primer plazo venció alrededor del 11 de mayo y el segundo aproximadamente el 9 de agosto de 2026. Por ello, cuando comenzó el ciclo escolar 2026-2027, el 31 de agosto, la obligación legal de regular el uso de dispositivos ya se encontraba vigente, pero las reglas específicas para aplicarla seguían pendientes.

LA CONSULTA NACIONAL TAMPOCO MIDIÓ SI LAS REGLAS FUNCIONAN
Durante la fase intensiva de los Consejos Técnicos Escolares, iniciada el 24 de agosto, la Secretaría de Educación Pública consultó a docentes, directivos, supervisores y asesores técnico-pedagógicos sobre el uso de celulares en las escuelas.

De un universo potencial de 1.23 millones de docentes de educación básica, participaron alrededor de 565 mil, equivalente al 46 por ciento. De ellos, 81 por ciento manifestó estar a favor de establecer lineamientos nacionales para regular el uso de dispositivos móviles.

Entre las principales preocupaciones expresadas por el personal educativo, 48 por ciento consideró que el celular dificulta la concentración de los estudiantes, 38 por ciento señaló que interrumpe las clases y 38.7 por ciento afirmó que los conflictos generados en redes sociales terminan trasladándose al entorno escolar.

La consulta preguntó a los participantes si en su entidad existen lineamientos oficiales sobre el uso de dispositivos, pero no profundizó en si esas reglas se cumplen, cuáles son los obstáculos para aplicarlas o qué resultados han tenido.

San Luis Potosí aparece en el grupo de 16 entidades que ya cuentan con alguna disposición en la materia, junto con Aguascalientes, Campeche, Ciudad de México, Coahuila, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Querétaro, Sonora y Tamaulipas.

México Evalúa también advierte que cualquier regulación debe considerar las condiciones materiales de las escuelas y las desigualdades en el acceso a la tecnología.

A partir de microdatos de la ENDUTIH 2025 del INEGI, el organismo estima que uno de cada dos menores de entre 6 y 17 años vive en un hogar que no cuenta con computadora, laptop o tableta. Además, 60.5 por ciento de los usuarios de internet de ese grupo de edad depende exclusivamente del celular para conectarse, mientras que solo 35.2% logra conectarse a internet desde su escuela.

Esto significa que una prohibición generalizada podría tener consecuencias distintas dependiendo de las condiciones económicas de cada estudiante. Para quienes no cuentan con computadora, tableta u otro dispositivo en casa, el teléfono puede representar su principal —o incluso único— medio de acceso a internet.

Por ello, México Evalúa advierte que restringir el celular sin proporcionar alternativas de conectividad y equipamiento podría terminar afectando precisamente a los estudiantes con menos recursos y ampliar la brecha digital.

¿QUÉ PROPONEN?
Ante este escenario, México Evalúa plantea que las autoridades educativas no se limiten a establecer prohibiciones, sino que primero conozcan las condiciones reales de cada plantel.

Entre sus recomendaciones se encuentra levantar información sobre conectividad, equipamiento tecnológico y mecanismos existentes para el resguardo de dispositivos; transparentar los instrumentos, metodología y resultados de las consultas; establecer responsables y plazos para convertir las opiniones de docentes en políticas concretas, y ampliar la participación de madres, padres de familia y estudiantes.

También propone establecer reglas diferenciadas de acuerdo con el nivel educativo y desarrollar protocolos específicos para atender problemas como ciberacoso, exposición a contenidos inapropiados y otros incidentes digitales.

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