SE LA VOLÓ
Quien de plano salió a volarse la barda y a marcar una agenda para generar una cortina de humo fue la AÚN concejal de Villa Pozos, Maribel Lemoine Loredo, quien salió a acusar al diputado Héctor Serrano y a la consejera presidenta Patricia Aradillas de estar planeando un complot para asesinarla.
Vaya que recurso tan pueril e infantil de la señora Lemoine; todo mundo sabe de su capacidad para otras cosas, y de eso a que la quieran matar y ella se esté enterando, pues habla mucho de la urgente necesidad de desviar la atención.
Por lo pronto, ni demanda, ni nada, ni pruebas presentó. Por ahora recurrió a un tema mediático para intentar evitar su casi inminente destitución, la cual, si el Congreso no realiza, lo dejaría muy mal parado.

PELIGRO LATENTE EN EL INGENIO PLAN DE AYALA
La clausura técnica del Ingenio Plan de Ayala no cayó del cielo ni fue un exceso de celo burocrático: fue la consecuencia directa de un cúmulo de fallas que Protección Civil encontró a simple vista y que representan un riesgo evidente para los trabajadores. La inspección, que inició como un recorrido rutinario, reveló una red contra incendios prácticamente inservible, instalaciones eléctricas deterioradas y la ausencia del visto bueno de Protección Civil, además de la falta de señalética y códigos de seguridad indispensables en cualquier planta industrial. Una combinación peligrosa que, según los especialistas, pudo haber detonado una tragedia en cualquier momento.
El ingenio, propiedad del Grupo Santos, ya venía arrastrando señalamientos por accidentes laborales y denuncias de empleados que advertían el deterioro de la infraestructura. Esta revisión solo confirmó lo que desde meses atrás se sabía: la seguridad quedó relegada. El reporte ya fue turnado a instancias superiores, y ahora queda por ver si las sanciones y medidas correctivas estarán a la altura del riesgo exhibido. Porque la realidad es clara: más que una clausura preventiva, se trata de un llamado urgente para evitar que la negligencia cobre vidas.

LA RECOLECCIÓN POLÍTICA DE GERARDO SÁNCHEZ
Sin duda, el empresario Gerardo Sánchez no da pie con bola y sigue en su proceso de recolección de lo peorcito de la política potosina. Ahora resulta que ya cayó con la familia Arreola. En sus redes sociales, Paola Arreola y su padre, Jorge Arreola —aquel tristemente célebre por vender candidaturas en el otrora poderoso, nunca revolucionario, pero siempre institucional PRI— lo están apoyando.
Vaya que Gerardo Zumaya aprendió bien algunas lecciones de aquella “barredora” en Tabasco y está haciendo una chamba de recolección o reciclaje de algunos perfiles que están más que chamuscados en la política potosina, y no solamente en la política, sino también en otras áreas del ambiente público.

GRILLA EN LAS ALTURAS
¿Qué tanto platicarían Enrique Galindo y el rector de la UASLP, Alejandro Zermeño, en su viaje hoy por la mañana a la Ciudad de México? Se les vio muy a amenos platicando. ¿Será que Galindo le sigue dando cuerda al rector para que sea el ariete político contra el gobernador Ricardo Gallardo y el secretario general de Gobierno, Guadalupe Torres? El chiste es que tuvieron más de una hora para platicar y echar grilla en el avión
En política nada es casual, y mucho menos una charla tan cómoda... y tan oportuna.

CAOS TOTAL EN VILLA DE POZOS
En el recién creado municipio de Villa de Pozos el desgarrete va tomando forma de crisis, y a pasos acelerados. No hay servicios, no hay estructura y, lo más grave, no hay gobernabilidad. La concejera presidenta Patricia Aradillas no ha acudido a firmar los documentos bancarios indispensables para operar, lo que mantiene absolutamente todos los pagos detenidos. El municipio, que debería estar construyendo certidumbre, hoy apenas logra sostenerse entre retrasos, improvisaciones y molestia generalizada.
La parálisis ya alcanzó a proveedores y prestadores de servicio, quienes están literalmente tronándose los dedos ante la falta de pagos y la incertidumbre operativa. Villa de Pozos nació prometiendo orden y administración moderna, pero lo que enfrenta hoy es una tormenta institucional que deja claro que, sin conducción efectiva, cualquier proyecto municipal termina convertido en un caos del que nadie quiere hacerse responsable.

ABUSIVOS
En Rioverde las cosas están mal y de malas. Ya si en Gobierno del Estado y en la dirigencia del Partido Verde no se quieren dar cuenta del serio problema que les representa Arnulfo Urbiola y “su llaverito” y su esposa Karina Quintero, es porque existe un interés de por medio de muchos pero de muchos ceros, tal y como lo presume el edil rioverdense.
Resulta que a los trabajadores se les está obligando a pedir préstamos en una financiera propiedad de uno de los hijos del titular de la Secretaría de Agricultura de la SEDARH, Jorge Díaz Salinas, y los obligan a pagar un interés mensual del 10%, algo por demás ilegal y abusivo, porque nada más se les permite trabajar con esa financiera en los créditos de préstamos personales.
La situación vaya que sí está causando mucho descontento social, porque ya están hasta intentando quitar predios a quienes han caído en cartera vencida. Ojalá el secretario general de Gobierno, Guadalupe Torres, se dé cuenta del serio problema que le están causando a Arnulfo Urbiola y compañía.

SLP DETIENE EL ALIENTO POR NUEVO TITULAR DE LA FGR
La inminente elección del nuevo titular de la Fiscalía General de la República (FGR), con la lista de diez candidatos —donde la figura de Ernestina Godoy polariza la atención—, es mucho más que un trámite político en la capital de la República; es, más bien, una sentencia en ciernes para la operatividad y la credibilidad de sus delegaciones estatales, siendo San Luis Potosí (SLP) un caso de estudio crítico. La delegación en SLP, como muchas otras, opera a menudo en un limbo de recursos limitados, inercias burocráticas y una percepción pública de ineficacia, reflejo del debilitamiento institucional que ha caracterizado la transición a la autonomía de la FGR.
El perfil que escoja la presidenta Sheinbaum para la terna —sea uno enfocado en la persecución política al estilo de Godoy o uno con verdadera vocación técnica y de procuración— determinará si las oficinas potosinas se transforman en instrumentos eficientes contra delitos federales como el crimen organizado y la corrupción, o si, por el contrario, se consolidan como piezas de ajedrez subordinadas a la agenda central, relegando la justicia local a un segundo plano. La decisión final definirá si la FGR, desde sus delegaciones hasta la cúspide, se dedica a impartir justicia o a ejercer control.

EL CINISMO DEL "PRIMERO LOS POBRES", VIAJA EN BATEA, LA CRUDA OMISIÓN MORENISTA
El traslado de un joven albañil que cayó de gran altura en Tanlajás, en la batea de una camioneta de Protección Civil Municipal, desnuda el cinismo del gobierno municipal de Morena, donde el eslogan de "primero los pobres" se ahoga en la más cruel de las realidades. Este vergonzoso "servicio" de ambulancia, dirigido por el alcalde morenista Humberto Lucero Magaña, no solo exhibe una imperdonable omisión de gestión para dotar al municipio de un vehículo de emergencia adecuado, sino que constituye una negligencia potencialmente criminal en el manejo de un trauma, incrementando el riesgo de una lesión medular irreversible.
Lo más grave es la complicidad por omisión del jefe de la Jurisdicción Sanitaria VII, Nicolás Sánchez Sánchez, cuya dependencia, pintada también de guinda, ha fallado estrepitosamente en su deber de proveer apoyo con ambulancias equipadas desde su sede en Tancanhuitz. Revela que su gestión es tan ineficaz y burocrática como la del alcalde Lucero Magaña. La vida de un trabajador de 28 años, cuyo único error fue sufrir un accidente mientras laboraba, quedó a merced de la improvisación y la indolencia burocrática, confirmando que la retórica de la "transformación" se detiene justo donde empieza la necesidad urgente de los más vulnerables.

ESPEJISMO ENERGÉTICO
La Huasteca Potosina vuelve a colocarse en la línea de fuego del extractivismo, obligando a las autoridades náhuatl y tének a convocar a un foro urgente en Xilitla ante la sombra del fracking, una técnica cuya devastación está supuestamente disfrazada bajo el eufemismo del Plan Estratégico de PEMEX 2025-2035. Es profundamente sintomático y cínico que, mientras la petrolera nacional insiste en que su plan solo contempla la "reactivación de yacimientos de geología compleja" —un término técnico que, en la práctica de la Cuenca Tampico-Misantla, solo se traduce en fracturación hidráulica—, las comunidades indígenas tengan que autoconvocarse, con la ayuda de figuras clave como Rogel del Rosal, para obtener información y "acordar medidas" ante la inminente amenaza de contaminación de agua, suelo y aire en 17 municipios.
Este acto de resistencia y autodefensa territorial no es solo una protesta contra un proyecto energético; es una denuncia directa a la omisión flagrante de la consulta previa, libre e informada a los pueblos originarios, revelando que el rescate de la soberanía energética de PEMEX se cimenta, una vez más, en el sacrificio ambiental y la violación de los derechos fundamentales de las comunidades que históricamente han resguardado la riqueza biocultural de la región.

REZAGO CRÓNICO
En el marco de la comparecencia de Manuela García Cázares ante el Congreso del Estado de SLP, queda en evidencia que la verdadera métrica de la Fiscalía General del Estado (FGE) de San Luis Potosí no reside en los boletines de prensa, sino en el abrumador rezago de carpetas de investigación que se acumulan en sus escritorios, un laberinto de burocracia que condena a miles de víctimas a la espera perpetua. Pese a las promesas de modernización y cambio de estrategia, la realidad es que la impunidad ha encontrado un nicho cómodo en la entidad.
La FGE opera con una alarmante falta de capacidad para judicializar casos complejos, mientras que los pocos resultados de alto impacto suelen depender más de la presión mediática o la intervención de instancias federales que de una estructura de investigación robusta y proactiva. La consecuencia directa es una ciudadanía que ha perdido la fe en la justicia, sabiendo que denunciar, en la mayoría de los casos, solo inicia un trámite que morirá por inacción. Esta falta de eficiencia no es solo administrativa; es un fallo moral que perpetúa el ciclo de violencia al garantizar a los delincuentes un margen casi absoluto de operación.

ANTES DEL 10 DE DICIEMBRE ENTREGAN AGUINALDOS PARA TRABAJADORES DE GOBIERNO DEL ESTADO
Antes del 10 de diciembre será entregado el pago de la prestación de aguinaldos para el sector burocracia, cuerpos de seguridad y personal de confianza; serán depositados en algún momento de la próxima semana, pero antes del día 10 de diciembre, así lo confirmó el oficial mayor de Gobierno del Estado.
Noé Lara Enríquez sostuvo que los programas de depuración de la nómina han tenido como efecto que sea una menor cantidad de dinero la que deberá cubrirse, y estimó que no superará los 800 millones de pesos. Señaló que la cantidad está por debajo de los mil 200 a mil 300 millones que aseguró eran pagados durante los gobiernos de la maldita herencia. Señaló que varios trabajadores de la burocracia se han acogido al programa de retiro voluntario para acceder a sus derechos pensionarios; indicó que esta medida, más la de congelar la plaza y la revisión permanente en los contratos del personal de honorarios, tuvo como efecto un adelgazamiento sustancial de la nómina.
Lara Enríquez apuntó que el plazo límite para depositar el aguinaldo es hacia el día 15 de diciembre, pero añadió que lo harán en el transcurso de la próxima semana.
En tanto se libera ese pago, el funcionario gubernamental admitió que el personal de la burocracia está ansioso por recibir la prestación.
De acuerdo con las condiciones laborales vigentes, negociadas, cada integrante de la burocracia recibe 90 días de aguinaldo. Afirmó que el pago de esa prestación será realizado a todos los sectores gubernamentales.

¿HAY BUENA COMUNICACIÓN EN LA FGE? ¿SERÁ?
La Fiscal General del Estado de San Luis Potosí, Manuela García Cázares, se presentó a comparecer o, más bien, a dar puros datos y explicaciones de proceso debido a la falta de cuestionamientos de diputados a modo. Sin embargo, algo que llamó la atención entre los asistentes —la mayoría medios de comunicación— les causó un revuelo, ya que la diputada Frinneey Azuara le cuestionó la falta de comunicación hacia medios de comunicación y a la opinión pública, asegurando que el área de comunicación social de la Fiscalía General del Estado sí realiza un trabajo correcto.
Según la Fiscal, hay una buena comunicación; lamentablemente, la situación no es así. Aseguró que tienen una buena relación, lo cual es mentira, ya que su encargado entrega material exclusivo a dos o tres personas; sin embargo, a la mayoría de medios de comunicación les solicitan información que es contestada continuamente por personal externo diciendo que aún no tienen información.
Asimismo, la Fiscal General del Estado, Manuela García Cázares, inclusive a veces no sabe de casos que llevan más de tres días y desconoce los hechos debido a que no tiene un buen monitoreo de información. Cabe hacer mención que los medios de comunicación asistentes a este encuentro se mostraron inconformes ante esta declaración, lo cual es 100 por ciento una mentira.
Sin embargo, hay una obligación de informar con el debido proceso; lamentablemente, en el área de comunicación social de la Fiscalía General del Estado no es así. Es una absurda mentira. Una fiscal que, constantemente, habla de sigilo, entonces ¿por qué se filtran fotos y videos mientras se difunden mentiras?

LA LEY DEL AGUA, SEGÚN MORENA
Tras varios días de diálogo con productores, organizaciones sociales y especialistas, el diputado federal Gabino Morales salió a defender las modificaciones a la Ley General de Aguas, asegurando que ahora sí recoge la voz del pueblo y garantiza el derecho humano al recurso. Según el morenista, las mesas de trabajo sirvieron para ajustar puntos sensibles, dar seguridad jurídica al campo y eliminar cualquier riesgo de que usuarios legítimos pierdan acceso al agua. Morales insiste en que la nueva versión de la ley coloca a las personas por encima de intereses privados, protege el binomio tierra-agua y despeja incertidumbres que por años preocuparon a ejidatarios y pequeños productores.
El legislador también presume que la propuesta mejorada combate de frente los abusos y la corrupción en el manejo del agua, con un Registro Nacional fortalecido, vigilancia ampliada a pozos irregulares y sanciones enfocadas en quienes lucran con lo que es de todos. Asegura que la ley ya no criminaliza a quienes usan el agua para vivir o producir, y destaca que el dictamen incorpora reglas claras para notificaciones, plazos y prórrogas, apostando por eficiencia sin perder sentido social. Morales remata con un mensaje político: las modificaciones son prueba —dice— de que la transformación escucha, dialoga e incorpora propuestas ciudadanas bajo el acompañamiento directo de la presidenta Claudia Sheinbaum y la CONAGUA.

AGUA QUE NO QUIEREN QUE CORRA
El diputado federal David Azuara encendió las alarmas al denunciar que el nuevo dictamen de la Ley General de Aguas no garantiza abasto ni soluciones, sino un mayor control político desde la Federación. Su postura, cargada de cifras y advertencias, retrata una iniciativa que —según el panista— llega en el peor momento: campo abandonado, infraestructura colapsada, una CONAGUA debilitada y municipios sin recursos para cumplir con nuevas cargas operativas. Azuara advierte que la propuesta invade competencias locales, elimina derechos adquiridos y criminaliza prácticas comunes en zonas rurales, mientras deja en el aire la estabilidad de inversiones al sustituir concesiones por permisos renovables cada dos años, sujetos a criterios federales poco claros.
En su diagnóstico, el dictamen también pone en jaque la propiedad y el valor de la tierra, al exigir autorizaciones federales para la transmisión de derechos incluso en actos cotidianos como herencias o ventas de predios. A eso se suma —dice— la amenaza de sanciones penales desproporcionadas y obligaciones técnicamente inviables, como sistemas de captación pluvial que en muchas regiones serían imposibles de implementar. Para Azuara, esta ley no atiende la crisis hídrica, sino que abre un nuevo frente de incertidumbre y centralismo. Y en medio del debate, deja una advertencia que resuena: la defensa del agua no pasa por concentrar el poder, sino por garantizar que llegue a quienes realmente la necesitan.

TRIUNFO EN LA LEY DEL AGUA
El diputado federal del PVEM, Óscar Bautista Villegas, salió a celebrar las modificaciones a la nueva Ley General de Aguas como un logro directo para ejidatarios, pequeños productores y el campo en general. Según el legislador, el cambio clave está en el nuevo Artículo 49, que mantiene el derecho al agua ligado al predio y no a la persona, lo que —asegura— dará certeza a miles de familias para que no pierdan su volumen al vender, heredar o cambiar de propietario. A esto se suma la incorporación del Artículo 37 Bis 1, que obliga a reasignar volúmenes en un máximo de 20 días, con lo que el Verde presume el fin de retrasos y discrecionalidad que por años afectaron a los productores.
Bautista también subraya que se ajustaron sanciones, se ampliaron plazos para renovar concesiones y se eliminó la criminalización contra usuarios domésticos y la agricultura familiar. En paralelo, se reforzaron las medidas para combatir pozos ilegales y la extracción clandestina mediante artículos como el 118 Ter 2, 119 y 120, aunque —dice— siempre bajo criterios proporcionales para no castigar injustamente a comunidades. La bancada del Verde remata su mensaje con un sello político: los cambios, afirman, nacieron del diálogo directo con productores de todo el país, y hoy el agua está mejor protegida y los derechos más claros para el campo mexicano.

DICIEMBRE, EL MES QUE PONE AL LÍMITE A LOS BOMBEROS
El Cuerpo de Bomberos Metropolitanos de San Luis Potosí se alista para cerrar diciembre con cifras que, otra vez, superan los límites operativos: entre 400 y 450 servicios, por encima de los 385 atendidos en noviembre. El comandante Adolfo Benavente Duque confirmó que cada año el incremento ronda entre el 25 y el 30 por ciento, impulsado por incendios en pastizales, terrenos baldíos y accidentes domésticos. Pero esta temporada llegó con un ingrediente adicional: emergencias provocadas por dispositivos eléctricos. El caso más reciente —un motopatín eléctrico que detonó un incendio en segundos dentro de un edificio— reveló la necesidad de prepararse ante riesgos modernos que involucran autos híbridos, motocicletas eléctricas y sistemas de almacenamiento de energía.
A la par del incremento de incidentes, desde el Congreso del Estado se comenzó a delinear un ajuste presupuestal para fortalecer a los cuerpos de bomberos. El diputado Héctor Serrano Cortés adelantó que se busca un incremento real en el apoyo financiero, con el objetivo de mejorar condiciones laborales y operativas. Recordó que ya se logró otorgar seguro social a policías, un precedente que podría replicarse en beneficio de los bomberos. La agenda de Protección Civil, aseguró, incluirá un análisis puntual de sus necesidades para garantizar que quienes atienden emergencias cuenten, por fin, con el respaldo que corresponde al riesgo que enfrentan cada día.

TRANSFORMACIÓN EN MARCHA EN SOLEDAD: UNA OBRA ESPERADA POR DÉCADAS
El arranque de la pavimentación con concreto hidráulico en la calle Carlos Díez Gutiérrez marca un punto de inflexión para la Cabecera Municipal de Soledad de Graciano Sánchez. Con una inversión de 2.4 millones de pesos y más de mil 250 metros cuadrados intervenidos, la administración de Juan Manuel Navarro Muñiz cumple una demanda vecinal que llevaba décadas archivada. La renovación de la vialidad, junto con la sustitución de redes hidráulicas y sanitarias, guarniciones nuevas, banquetas y señalética, representa más que una obra pública: es el inicio de una recuperación urbana que impactará a casi tres mil habitantes que durante años padecieron encharcamientos, polvo, deterioro y abandono. Las voces de quienes han esperado toda una vida, como la vecina Raquel Carranco, confirman el valor social de esta intervención.
Con esta acción, el alcalde refuerza su narrativa de gobierno cercano, de respuesta directa a solicitudes vecinales y de coordinación efectiva con el Gobierno Estatal para acelerar la modernización de Soledad. La obra, además de elevar la movilidad y la plusvalía de las viviendas, envía un mensaje claro: la transformación de la Cabecera Municipal no se detendrá hasta cubrir cada calle. En un entorno donde la infraestructura es clave para el desarrollo, este inicio de obra consolida una ruta de trabajo que apuesta por calles seguras, iluminadas y preparadas para el crecimiento, reafirmando el compromiso de una administración que busca dejar huella con resultados tangibles.

LA JUSTICIA QUE NO LLEGA
La jueza de Ejecución en Materia Penal, Rosa Elena Blanco Ríos, expuso con crudeza por qué el caso de Filiberto Hernández —responsable confeso del secuestro y asesinato de cinco menores en Tamuín— sigue empantanado después de más de una década. No se trata de falta de elementos ni de dudas sobre su responsabilidad: el expediente permanece detenido porque el propio acusado ha promovido una serie de amparos y apelaciones que continúan sin resolverse. A ello se suma el peregrinar del caso por distintos juzgados y los retrasos derivados de la transición entre sistemas judiciales. Un laberinto burocrático que ha convertido la búsqueda de justicia en un camino interminable.
Afuera de los juzgados, la voz que recuerda la urgencia de avanzar no es la de las instituciones, sino la de Sandra Campusano Nava, madre de una de las víctimas. Regresó una vez más a Ciudad Valles para exigir respuestas, después de años en los que su carpeta de investigación permanece inmóvil y sin una sola notificación oficial. Su testimonio retrata el abandono: autoridades que cambian, expedientes que se traspapelan, promesas que se diluyen. Su hija, de apenas 13 años, fue hallada en un cañaveral del camino a Santa Elena, el mismo sitio donde la “Bestia de Tamuín” operaba. Desde entonces, Sandra enfrenta sola el desgaste emocional, económico y físico de una justicia que parece no querer llegar.
Mientras tanto, Filiberto Hernández continúa recluido en un penal federal, pero sin una sentencia firme. Las familias temen —con razón— que tanta dilación abra una puerta inesperada a la impunidad. No buscan privilegios ni trato especial; piden algo básico: que se cierre un proceso que lleva casi 15 años en pausa y que el Estado cumpla con su obligación. Porque, como dijo Sandra, no se trata de un delito menor: “No mató un perrito. Mató cinco niñas”. Y frente a esa verdad, lo mínimo que deberían garantizar las instituciones es que nadie tenga que mendigar justicia.

UNA TRAGEDIA ANUNCIADA
Las inundaciones que golpearon Veracruz y San Luis Potosí entre el 7 y el 11 de octubre no solo dejaron muerte, destrucción y comunidades enteras desconectadas del mundo. También dejaron al descubierto algo más grave: el aviso estaba ahí, pero nadie lo escuchó. Los modelos internacionales —como el NAEFS— y los reportes del propio Servicio Meteorológico Nacional ya apuntaban desde días antes a lluvias extraordinarias en la región. No eran señales sutiles ni alertas ambiguas; eran advertencias claras que anticipaban acumulados intensos y riesgo de deslaves. Aun así, nada impidió que la tragedia avanzara hasta desbordarse —literalmente— sobre decenas de municipios, especialmente en la Huasteca Potosina.
El problema, como bien exponen investigadores del IPICYT, no fue la ausencia de datos, sino la desconexión entre quienes generan el conocimiento y quienes deben convertirlo en decisiones de protección. Los sistemas de alerta temprana no lograron permear hacia las comunidades, y los municipios más vulnerables siguen operando sin Atlas de Riesgo actualizados, sin planes de evacuación y sin una estructura preventiva real. El resultado fue la reacción tardía y la improvisación habitual: caminos colapsados, familias atrapadas y autoridades intentando contener un desastre que pudo mitigarse si la información hubiera fluido a tiempo y si las instituciones hubieran trabajado bajo una lógica preventiva, no reactiva.
Hoy, mientras se evalúan daños y se anuncian esfuerzos institucionales de largo aliento, queda un recordatorio urgente. La ciencia no sirve si se queda en los escritorios, y los pronósticos no salvan vidas si no se traducen en acciones claras, oportunas y coordinadas. En un país cada vez más expuesto a fenómenos extremos y a un clima impredecible, el reto no está en adivinar cuándo lloverá, sino en construir los puentes que permitan que el conocimiento llegue a quien debe actuar antes de que la tragedia vuelva a repetirse.

UNA LEY QUE ABRE MÁS DUDAS QUE SOLUCIONES
La nueva Ley de Aguas propuesta por el Gobierno Federal desató una tormenta política y técnica que no cede. Mientras el Ejecutivo la presenta como una ruta para “garantizar agua para todos”, legisladores de oposición, especialistas y sectores productivos advierten que la reforma podría derivar en una expropiación silenciosa de concesiones y en el control total del recurso por parte de la Federación. El punto que más inquieta es la desaparición del régimen de concesiones para sustituirlo por permisos renovables cada dos años, una medida que rompe con la certeza jurídica que durante décadas ha sostenido al campo, a la industria y al desarrollo urbano. A ello se suma que cualquier venta de predios, herencia, cambio de razón social o fusión empresarial quedaría sujeto a autorización federal, impactando directamente el valor de tierras y pozos, además de abrir margen para decisiones discrecionales.
La reforma incluye además penas de prisión por prácticas comunes en comunidades rurales, como reparar un medidor averiado o trasladar agua sin permisos vigentes, mientras restringe casi por completo la reposición de pozos colapsados, una situación frecuente en múltiples regiones. Todo ello sin asignar recursos adicionales para municipios, que ya operan infraestructura obsoleta, ni fortalecer a una CONAGUA debilitada. PAN, PRI y PRD califican la iniciativa como un instrumento de control político que convierte el agua en un permiso revocable antes que en un derecho. Proponen, en contraste, un modelo basado en concesiones de largo plazo, transmisión automática de derechos, reposición garantizada de pozos y un fondo nacional para infraestructura municipal. En medio de este escenario, la discusión sigue abierta, pero la preocupación se repite: una ley que promete cobertura universal no puede construirse sobre incertidumbre jurídica, cargas imposibles y sanciones que criminalizan al campo.

VA PARA LARGO
No cede y así será por un buen lapso. Nos referimos a la disputa entre Zacatecas y San Luis Potosí para establecer a cuál de los 2 estados le corresponde incorporar a sus estadísticas los 7 cadáveres encontrados en territorio zacatecano hace unos días.
Lo peor de todo es que no existe claridad de cómo se resolverá la investigación penal. Ambas fiscalías estatales sostienen que mantiene colaboración para establecer cómo sucedieron los hechos y saber quién los “sembró” y los mató... del lado potosino Manuela García Cázares cedió toda la indagatoria a los vecinos.
Entonces supone que, si los zacatecanos concluyen que las víctimas fueron asesinadas en San Luis Potosí y luego “sembradas” en Zacatecas.
Y justo este lunes el gobernador Ricardo Gallardo acusó que las corporaciones de seguridad monrealistas pretenden imputar la responsabilidad a los policías potosinos, con el objetivo de que no les cuenten los muertos en sus estadísticas.
A las pocas horas de la declaración, el secretario general del gobierno estatal, Rodrigo Reyes, salió a defender que la Fiscalía zacatecana tiene pruebas “contundentes” de que los cuatro agentes potosinos probablemente movieron a su estado los siete cuerpos sin vida.
Inclusive, fue más allá y planteó que la Fiscalía General de la República (FGR) debería atraer la carpeta de investigación “para evitar dimes y diretes” ... y así como va la cosa, toda apunta que así será. Aunque sostienen que la relación institucional se encuentra fortalecida, está claro que hoy se quebró.

ACCIONES DECIDIDAS PARA LA TRANSPARENCIA
El gobernador Ricardo Gallardo Cardona ha demostrado nuevamente su compromiso con la transparencia y la eficiencia al llevar a cabo una limpieza en la Dirección General de Gobernación, una dependencia clave encabezada por Guadalupe Torres Sánchez, secretaria general estatal. La decisión de reestructurar la institución refleja un liderazgo decidido y responsable, que no teme actuar cuando se detectan irregularidades.
Gracias a esta intervención oportuna, se corrigieron prácticas que afectaban la correcta operación de la dependencia, protegiendo los intereses de los ciudadanos y de los negocios locales, especialmente aquellos dedicados a la venta de alcohol y entretenimiento. La acción también envía un mensaje claro de que no se tolerará ninguna conducta que vaya en contra de la ley ni del bienestar de la sociedad.
Tanto el gobernador Ricardo Gallardo Cardona como Guadalupe Torres Sánchez han mostrado valentía y determinación al tomar medidas firmes, asegurando que la operación de la dependencia sea íntegra y transparente. Este proceso no solo limpia la institución, sino que también fortalece la confianza en la administración estatal y sienta un precedente de responsabilidad para todos los servidores públicos.
La reestructuración evidencia que, bajo su liderazgo, los actos de corrupción serán enfrentados con decisión y de manera sistemática, priorizando siempre la legalidad y la correcta gestión de los recursos públicos.