Semana del 06 de Mayo al 12 de Mayo de 2016

Por inseguridad San Luis Potosí al borde del caos

Por inseguridad San Luis Potosí al borde del caos

Llegada de empresas y turismo podrían desplomarse ante los hechos violentos que se presentan en el estado

La sucesión de hechos violentos, manifestaciones de policías y bloqueos carreteros de campesinos en el cambio de Gobierno en San Luis Potosí, ha llegado a tal grado que a principios de este año Estados Unidos de América reiteró la alerta de viaje a esta entidad a sus ciudadanos, en tanto que la Iglesia Católica hizo un pronunciamiento desalentador sobre el panorama de inseguridad, y los empresarios potosinos alertaron del peligro en el que se encuentran actualmente.

Esta situación ha encendido los focos rojos en el Gobierno del Estado que encabeza el priísta Juan Manuel Carreras López, pues podrían estar en riesgo las grandes inversiones de millones de dólares para la instalación de las plantas automotrices BMW y Ford, y las de proveedurías que se pudieran generar en torno a éstas, aun cuando los proyectos hayan sido anunciados con total certidumbre; de ahí que el tema de la seguridad pública sea hoy prioridad en la agenda oficial.

Alerta de viaje
En el Gobierno de Juan Manuel Carreras, el 19 de enero de este año, los Estados Unidos reiteraron su alerta de viaje a 17 estados de la República Mexicana, entre los que se encuentra San Luis Potosí, pero además la amplió a cuatro entidades más, que fueron Jalisco, Nayarit, Oaxaca y Sinaloa por considerarlas peligrosas en diversas zonas.

El gobierno estadounidense, a través del Departamento de Estado, emitió un documento en el que amplió la alerta de viaje con restricciones a funcionarios de esa nación en cuanto a su tránsito por carreteras, sumando a la fecha 21 estados del país.

La información proveniente del vecino país del Norte destaca que el Departamento de Estado revisa las alertas de viaje aproximadamente cada seis meses o cuando sea necesario para asegurar su validez y vigencia.

En el caso de México, es muy detallada e incluye una evaluación de estado por estado que proporciona información sobre las condiciones de seguridad en regiones específicas, entre las que figuran las de San Luis Potosí por los hechos violentos registrados previo al análisis de la alerta.

Inconformidad policial

La Hermandad de Policías del Estado, que en el año 2015 hizo su aparición para salvaguardar los derechos de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, esbozó una tibia reaparición el 4 de marzo, cuando dos agentes iniciaron una caminata de Ciudad Valles a San Luis Potosí, argumentando decisiones absurdas e intransigentes de los mandos policiacos, al pedirles que se fueran como pudieran a la Capital.

Eran los agentes Fernando Rubio Vargas y Martín Reyes Rivera, quienes habían estado comisionados en Tamazunchale hasta una semana antes, pero fueron comisionados a la Comandancia Regional y de ahí al Centro Penitenciario de La Pila, sin embargo por causas justificadas no alcanzaron el autobús que los trasladaría hasta San Luis Potosí.

Pero como los jefes no entendieron razones, les pidieron que se fueran como pudieran, decidieron hacerlo a pie ante la carencia de recursos para costear sus pasajes, de modo que iniciaron la caminata y compañeros enviados por los mandos en una unidad trataban de convencerlos de que desistieran, debido a que el hecho había trascendido a la opinión pública.

Iglesia alza la voz

Luego de los hechos violentos registrados en el estado y que se recrudecieron con los incendios a oficinas del Poder Judicial y comercios en Valles y Tamuín, el 24 de marzo el arzobispo de San Luis Potosí, Jesús Carlos Cabrero Romero, consideró que esto era síntoma de que la autoridad está rebasada en el tema de seguridad, por lo que sugirió replantear la estrategia en la materia.

Aunque fue cauteloso en mencionar que no tenía información detallada respecto a que si esos hechos eran atribuibles a la delincuencia organizada o con qué fines fueron cometidos, refirió que lo que se observa es que las autoridades no están en condiciones de cubrir toda la entidad en aspectos de seguridad.

"Están siendo rebasadas nuestras instituciones, primero en su planteamiento de seguridad se tiene que replantear; dos, no sabemos si es carencia de quienes no sólo guardan el orden sino también carencia de ese instruir a la ciudadana, porque la ciudadanía tiene que participar también, no dejemos todo a la policía, la ciudadanía participará y se animará en la medida de que sean estimulados y tratados bien", expresó.

Empresarios preocupados

Por su parte, los empresarios potosinos se mostraron preocupados por el alza en el índice delictivo, y calificaron de alarmante que hayan aumentado los robos, delitos sexuales y extorsiones, pues son delitos que afectan a cualquier ciudadano, de acuerdo a Jaime Chalita Zarur, Presidente del Consejo Consultivo de Desarrollo Económico del Municipio de San Luis Potosí.

El 8 de abril se refirió al hecho de que la organización ciudadana Semáforo Delictivo, ubicara a San Luis Potosí como el estado con más semáforos en rojo debido a la incidencia delictiva que se había presentado en los primeros dos meses del año.

"Como empresarios vemos con preocupación esta situación, no es lo ideal para la llegada de nuevas inversiones, ni mucho menos para los microempresarios que buscan impulsar sus negocios, pues el delito de robo a negocio afecta el patrimonio de cualquier emprendedor", señaló.

"Nosotros como empresarios podemos apoyar en la creación de más empleos, con la finalidad de que haya fuentes de trabajo, mientras que la autoridad debe apostarle a la prevención del delito y no únicamente a resolver y sancionar a los implicados en uno", puntualizó.

Policías salen al claro

El 13 de abril, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal protestaron en la Plaza de Armas de la Capital, en demanda de la homologación salarial, que supuestamente se les autorizó desde el 2012, y denunciaron que entre la Federación y el Estado les adeudaban 15 millones de pesos.

Los efectivos pertenecen a la asociación civil Hermandad de Policías del Estado de San Luis Potosí, y algunos vestidos de civil y otros portando el uniforme de la corporación, provenientes también de la Huasteca, pedían la homologación salarial, que se les adeuda desde hace 4 años.

Recordaron que al inicio, la actual Administración Estatal se comprometió a revisar esta situación y encontrar una solución, sin embargo habían pasado ya seis meses y no había avances al respecto, ante lo cual buscarían una reunión directamente con el Gobernador Juan Manuel Carreras.

La intención era hacerle saber también al Mandatario, que en la corporación existen elementos con maestrías y licenciaturas, por lo que no consideraban justo que los puestos de mando dentro de la corporación hayan sido entregados a gente de fuera.

Ganaderos, ¿armados?

Integrantes de la Unión Ganadera Regional de la Huasteca Potosina exigieron a las autoridades que frenen la delincuencia que está afectando al sector, pues ya no sólo son víctimas del robo de ganado, sino que se están cometiendo asaltos a mano armada a sus propiedades, pues tan sólo en 15 días de abril sumaban tres denuncias.

Pero lo más preocupante es que si esa ola delictiva que afectaba a los productores no se detenía, pudieran llegar a armarse para defender sus ranchos, aun cuando estaban conscientes que resultaría contraproducente, a decir del Presidente de la Asociación Ganadera Local de Ciudad Valles, Jaime Guerrero Ramiro.

Más problemas

Recientemente, el 2 de mayo, ejidatarios de La Palma perteneciente a los municipios de Rayón y Tamasopo, propietarios del paraje eco turístico Puente de Dios bloquearon la carretera Valles-Rioverde, a la altura del kilómetro 70, tras serles notificada la sentencia de desaparición del ejido.

Los inconformes precisaron que la sentencia fue emitida por el magistrado del Distrito 43 de Tampico, Tamaulipas, quien notificó que el ejido desaparece y se anula su vida como ente jurídico en perjuicio de mil 280 ejidatarios y cerca de 10 mil familias que pierden el reconocimiento de sus viviendas.

Mencionaron que ellos recibieron las escrituras de sus propiedades en el año 2006, teniendo certeza jurídica, lo que ahora fue invalidado por el Juzgado de Tampico, razón por la que se mantendrían en esa protesta, pues consideraron que el fallo no es apegado a la legalidad.

Grave situación

En síntesis, el Gobierno de Juan Manuel Carrera se enfrenta a un panorama bastante complicado, pues por un lado tiene que hacer frente a la delincuencia organizada y del fuero común, pero por otro existen policías inconformes porque no se les paga lo justo y además en conflicto con los mandos de la corporación.

Pero además, está la preocupación de los empresarios por la inseguridad que los afecta y que podría ahuyentar las inversiones que se han anunciado; también la inconformidad de los ganaderos por los constantes robos de sus animales, a grado tal de no descartar armarse para defender su patrimonio.

Sumado a las protestas de diversos grupos campesinos, que han retomado las movilizaciones de antaño, que derivan en bloqueos de las principales vías de comunicación, lo cual también representa puntos negativos para la atracción de inversiones y del turismo.

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