Semana del 28 de Abril al 04 de Mayo de 2023

Castración química en SLP; ¿Una solución o una trampa populista?

Castración química en SLP; ¿Una solución o una trampa populista?

El pasado 20 de abril, durante la sesión ordinaria de la LXIII Legislatura del Congreso del Estado de San Luis Potosí, fue presentada una iniciativa de reforma al Código Penal estatal para incluir, entre otras cosas, lo que el gobernador Ricardo Gallardo Cardona prometió en septiembre de 2022 bajo el nombre de castración química.

"¿Nos ayudan, diputados?", le preguntó el mandatario estatal al dirigente de la bancada del Partido Verde Ecologista en el Congreso local, el diputado José Luis Fernández Martínez, durante un evento del gobierno municipal de Soledad, en el que tocó el tema de la iniciativa que, dijo, serviría para poner mano dura y combatir las agresiones sexuales contra mujeres que, en ocasiones, culminan en feminicidios.

"Que el Partido verde la Presente para capar a los violadores que anden (redundantemente) violando mujeres", pidió el mandatario a su copartidario, quien junto con otros ocho diputados, materializó la promesa de Gallardo Cardona en una iniciativa que ya fue turnada a las comisiones dictaminadoras para su análisis.

Se trata de los diputados Martha Patricia Aradillas Aradillas, Nadia Esmeralda Ochoa Limón, Dolores Eliza García Román, Edgar Alejandro Anaya Escobedo, Eloy Franklin Sarabia y Roberto Ulises Mendoza Padrón, del grupo parlamentario del partido Verde Ecologista de México, así como los diputados René Oyarvide Ibarra, Cinthia Verónica Segovia Colunga y Salvador Isaís Rodríguez, del Partido del Trabajo.

Fernández Martínez dijo ese día que los promoventes están "abiertos y receptivos a escuchar todo tipo de comentarios (...) con humildad y con respeto"; además, solicitó a sus homólogos en el Poder Legislativo local que "dejemos de lado tabúes y que legislemos de manera novedosa", pues de esa forma "estaremos a la vanguardia, a la altura de países de primer mundo en Europa. No es una idea descabellada. Ya opera en otros países".

NI PERSPECTIVA DE GÉNERO, NI DE DERECHOS HUMANOS
En entrevista con Emsavalles, Fátima Alvizo, quien es abogada, activista feminista y acompañante de mujeres víctimas de violencia, identificó una serie de inconsistencias y errores en la redacción del documento, mismas que van desde la técnica legislativa, hasta el uso de lenguaje predominantemente masculino.

"La iniciativa carece de perspectiva de género y de derechos humanos; particularmente no tiene técnica legislativa. No es una iniciativa construida con la lógica habitual, en donde vamos desglosando preceptos nacionales, algunos internacionales, algunas máximas del derecho y una justificación enmarcada en cifras.

Comienza a partir de un caso y desde ese momento hay una utilización de términos errónea; por ejemplo, habla de la muerte violenta de una niña en el interior del estado y es claramente que eso se trata de un feminicidio, ya que tiene un componente de violencia sexual. Me parece que eso es una cuestión de fondo, no de forma".

Alvizo se refiere al primer párrafo de la exposición de motivos, donde los diputados detallan la motivación que tuvieron para elaborar la iniciativa:

"El pasado 19 de septiembre del año 2022, a través de redes sociales y dada la violación y asesinato atroz, perpetrado a una niña habitante del Municipio de Villa de Arista, el Gobernador Constitucional del Estado informó a la ciudadanía, que es necesario poner mano dura a esas reprochables conductas, pues las malditas herencias han dejado desprotegidas a las personas que han sufrido esos delitos, en un afán siempre de apadrinar a los delincuentes bajo el escudo de los derechos humanos, como si estos fuesen absolutos, lo que ha ocasionado que esas conductas se sigan realizando", dice la página uno.

Destaca que es el anuncio realizado por el gobernador y no el propio hecho que el gobernador comunicó en ese momento, lo que detonó la propuesta de reforma; pero también que, durante todo el documento, la palabra feminicidio no se menciona ni una vez, pese a que Ricardo Gallardo también habló de promover la pena capital para feminicidas.

UNA INICIATIVA "TRAMPOSA"
La iniciativa de reforma adiciona al artículo 60, las secciones sexta y séptima en el capítulo II relativo a las medidas de seguridad; es decir "aquella que se impone por el Juez o Tribunal según lo que establece la ley penal, a quien ha cometido un delito con el objeto de salvaguardar los derechos de la víctima o la sociedad".

Las cinco ya contempladas establecen I. Vigilancia de la autoridad; II. Tratamiento de inimputables o imputables disminuidos; III. Tratamiento de deshabituación o desintoxicación; IV. Prohibición de ir a un lugar determinado u obligación de residir en él, y V. Prohibición de comunicarse por cualquier medio, por sí o por interpósita persona con la víctima u ofendido, o con las víctimas indirectas.

En tanto, las dos que se adicionan, establecerían VI. Tratamiento médico mediante el uso de fármacos, y VII. Terapia psicológica y/o psiquiátrica.

Al respecto, Fátima Alvizo consideró que "tramposamente no hablan de castración química, sino de tratamiento médico, acompañamiento psicológico y psiquiátrico" y reconoce que es "una buena idea que se trabaje con agresores de violencia sexual mediante tratamientos psicológicos o psiquiátricos basados en evidencia y con fundamento científico. Eso me parece que refuerza nuestro modelo de readaptación en términos del tratamiento con personas imputadas".

"Pero no podemos aprobar, ni podemos darle entrada a una prohibición expresa. México prohibió no solo la tortura, sino también la pena de muerte y esta posibilidad de volverle a dar al Estado Mexicano la posibilidad de castigarnos corporalmente, es regresar a tiempos en los que el Estado de Derecho no valía nada, donde la justicia era más bien un tema de venganza", apunta.

EL PUNITIVISMO POPULISTA DE RICARDO GALLARDO
"Si el cien por ciento de la gente dice que sí, a los diputados no les va a quedar de otra más que entrarle", dijo Ricardo Gallardo en una entrevista en la que fue cuestionado sobre las posibilidades de que la reforma, por contemplar medidas anticonstitucionales, no fuera aprobada en el Congreso local.

Aunque el documento indica que "intenta ser el conducto de la voz del pueblo potosino ante el Congreso del Estado, para que la Legislatura en términos de sus atribuciones Constitucionales, constituya los espacios, foros, mesas de trabajo, de análisis, discusión, opinión, empatía con las víctimas, experiencias con los diversos sectores de la población, privado, público, minorías, población con algún tipo de discapacidad, empresarial, especialistas, expertos, profesionistas, juristas, organismos de derechos humanos, la academia, colectivos, sociedad civil y cualquier otro que pueda influir, compartir o transmitir sus conocimientos, necesidades y vivencias", esa postura del gobernador potosino parece indicar que, sin importar el resultado de esas mesas de trabajo, la iniciativa será aprobada si cuenta con la anuencia de quienes participaron en una consulta que realizó a través de sus redes sociales.

Esa postura, considera la activista potosina, "tiene que ver con una práctica en América Latina en la que se habla de mayores castigos, mayores penas, tratos de tortura, para combatir los altísimos niveles de inseguridad que tenemos en la región"; sin embargo, dijo "esto solo funciona en términos electorales y funciona para darle la sensación a la ciudadanía de control, de justicia, pero se ha demostrado en distintos estudios en distintos países que no funciona. Endurecer las penas no funciona".

Consideró que son más factores los que influyen en la incidencia delictiva, entre la que se contempla la comisión de feminicidios, por ejemplo "tiene que ver con factores desde la pobreza, desde la garantía de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. En nuestro país tiene que ver con los estragos de la Guerra contra el Narcotráfico. Los estragos emocionales, patrimoniales y económicos que ha tenido en una gran parte, la población del país".

Dijo que, como un ejemplo, pese a que las penas cada vez se recrudecen para que los feminicidas purguen más años de cárcel, ello no ha garantizado la disminución de ese tipo de incidencia delictiva, sino que, por el contrario, los números van al alza.

Además, el que se recrudezcan las penas para quienes cometen ese tipo de delitos, no garantiza que las personas juzgadoras o quienes llevan a cabo las investigaciones para conseguir una sentencia, lo hagan de la forma adecuada y consigan sentencias condenatorias.

De acuerdo con el informe Impunidad en homicidio doloso y feminicidio 2022, elaborado por la organización Impunidad Cero, en SLP el índice de impunidad, desde el arranque del nuevo sistema de justicia penal acusatorio, para el caso de los feminicidios, es del 79.1%; es decir, apenas dos de cada diez feminicidios ocurridos desde 2016 en San Luis Potosí han conseguido ser castigados con una sentencia condenatoria.

ENTRE EL ESCENARIO POSIBLE Y EL NECESARIO
La abogada potosina, quien actualmente se desempeña como asesora de la Coordinación General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas, de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, consideró que difícilmente, incluso cuando se apruebe la iniciativa y consiga expedirse la reforma en el Código Penal, difícilmente se lograría imputar el delito a los perpetradores.

"Cualquier juez en el Poder Judicial, es un juez Constitucional y este ha sido uno de los grandes avances que hemos tenido; es decir, un juez de distrito puede pronunciarse en contra de la constitucionalidad y esto llevará el debate a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Me parece también que, en cuanto comience a aplicarse, van a lloverle amparos. Ningún abogado litigante va a permitir que a su cliente se le imponga este tipo de delito".

Por otro lado, Alvizo enumeró algunas acciones que considera más apremiantes y necesarias para aportar al acceso de las víctimas de delitos sexuales, a la justicia, por ejemplo "una modificación al Código Penal, que atienda a quienes acompañamos víctimas, a las y los colectivos de víctimas directas o indirectas de este tipo de delitos".

"En términos de política pública", apunta "el Poder Judicial debería poder ampliar la cobertura de los juzgados especializados en medidas de protección para que puedan funcionar 24/7 en todas las regiones del estado".

Consideró también necesaria la "capacitación a operadoras y operadores del sistema de Justicia, así como la profesionalización y mayor inversión en las fiscalías especializadas en razones de género y construirlas en el resto del estado porque lo cierto es que no hay juzgados especializados en delitos de género en ciudades que atienden población indígena o vulnerable".

Finalmente, dijo, "la violación tiene que ver con la ausencia tiene que ver con la ausencia de una política pública que garantice los derechos sexuales y reproductivos y esa esa una deuda pendiente que no se ha volteado a ver.

¿Qué pasa con las mujeres víctimas de violación que a partir de eso tienen un embarazo no deseado?

San Luis Potosí es un estado que tiene penalizada y criminalizada la práctica del aborto, lo cual dificulta ampliamente que las víctimas puedan acceder a ello. Una de las promesas que hizo el gobernador fue sumarse al gobierno de la transformación y hasta este momento, las mujeres no la hemos visto", concluyó.

facebook. emsavalles Multimedia
twitter. @emsavalles
sitio web. emsavalles.com
e-mail. emsavalles@hotmail.com