CIUDAD VALLES, S.L.P.
DIRECTOR GENERAL.
SAMUEL ROA BOTELLO
El gobierno de López Obrador: Una mirada detallada a las encuestas
El gobierno de López Obrador: Una mirada detallada a las encuestas
Ramón Sevilla
En medio de la aparente aprobación del 55% del presidente López Obrador, los sondeos revelan una realidad más compleja y preocupante para México. Aunque el mandatario cuenta con un respaldo general, el análisis detallado de los datos revela puntos críticos en áreas cruciales como seguridad, economía y corrupción, en las cuales su gestión obtiene calificaciones reprobatorias.
En materia de seguridad, la situación es alarmante, con zonas consideradas ingobernables y bajo el control de mafias y organizaciones criminales. Ejemplos como Guerrero, Tamaulipas y Chiapas destacan como áreas de alta conflictividad, llegando al extremo de convertir lugares emblemáticos como Taxco en auténticos pueblos fantasmas. La inseguridad se ha apoderado de la cotidianidad, generando un desdén por parte de los gobiernos de Morena.
El presidente, quien llegó al poder prometiendo erradicar la corrupción, enfrenta un marcado descontento en este rubro. A pesar de las promesas de transparencia, los indicadores señalan que la corrupción persiste, minando la confianza de la ciudadanía.
En cuanto a la economía, la gestión de López Obrador se ve cuestionada. A pesar de las promesas de generar más empleos y mejorar salarios, la realidad contrasta con los discursos. La población resiente la falta de avances significativos en estos aspectos, impactando directamente en la calidad de vida de los ciudadanos.
En un contexto político donde Morena ha ganado fuerza, los ciudadanos de a pie se perfilan como los grandes perdedores. La clase política parece estar blindada ante los desafíos, mientras la población sufre las consecuencias de la inseguridad, la corrupción y la falta de oportunidades económicas.
En la continuidad de la administración de la denominada 4T, han surgido señales preocupantes que indican un aumento significativo en la desigualdad y la falta de transparencia en el gobierno. A pesar de las promesas de un cambio radical, la clase gobernante ha acumulado riqueza, y se han suscitado acusaciones de enriquecimiento ilícito por parte de los hijos del presidente y sus allegados, generando una creciente desconfianza.
El presidente, a pesar de su discurso anticorrupción, parece ignorar ciertos hechos, como el tráfico de influencias y otros delitos que afectan directamente a su administración. Este contraste entre las promesas iniciales y la realidad de la clase política enriquecida ha generado un malestar evidente entre la ciudadanía.
En el ámbito legislativo, el presidente anunció la presentación de reformas para el 5 de febrero, pero las expectativas de su aprobación son bajas debido a la falta de mayoría en el Congreso. Este desgaste político se suma a las críticas por estrategias fallidas en seguridad y la emisión de información dudosa durante las mañaneras, generando una atmósfera de descontento a medida que se acercan las elecciones del 2 de junio.
Es destacable una preocupación adicional en relación con la propuesta de modificación constitucional que permitiría la confiscación de propiedades a aquellos considerados como riesgo para el estado. Este movimiento, comparado con acciones en Venezuela, alimenta el temor de una deriva autoritaria que amenaza la propiedad y los derechos individuales de los ciudadanos.
La administración morenista también enfrenta críticas en el ámbito judicial, donde se señala una manipulación de la justicia para proteger a aliados y perseguir a opositores. Los casos de fiscales actuando de manera cuestionable y la falta de consecuencias para aquellos vinculados con actividades ilícitas han generado inquietud en la población.
La militarización a gran escala de aeropuertos, carreteras y trenes también ha levantado preocupaciones sobre el aumento del poder militar en detrimento de la democracia. El paralelismo con modelos venezolanos ha provocado un llamado a la resistencia y defensa de la democracia mexicana.
Con la recta final hacia las elecciones, la ciudadanía se posiciona como un actor crucial. Las decisiones que se tomen en las urnas el 2 de junio podrían marcar el rumbo del país y su capacidad para preservar los valores democráticos ante los desafíos que enfrenta.
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