Semana del 07 de Noviembre al 13 de Noviembre de 2025

México en una encrucijada social

México en una encrucijada social

México enfrenta hoy una tormenta social que no se resuelve con subsidios ni con discursos vacíos

México atraviesa un momento crítico donde los problemas del campo, la inseguridad y la distracción política parecen entrelazarse en un escenario que revela el desgaste institucional y la falta de rumbo. En una semana marcada por bloqueos carreteros, caídas en los precios agrícolas y cifras alarmantes de violencia, el país parece asomarse a una realidad incómoda: la ingobernabilidad se ha vuelto costumbre.

Los productores de maíz lograron paralizar al país. Lo hicieron no por capricho, sino por desesperación. Denuncian que los han venido "matando de a poco": primero con la desaparición de apoyos al campo bajo el argumento de erradicar la corrupción; después, con la entrada masiva de maíz importado que saturó el mercado y desplomó los precios. Hoy enfrentan costos laborales, fiscales y hasta las cuotas impuestas por el crimen organizado. A todo esto, el gobierno federal responde con programas sociales y promesas parciales que, lejos de resolver el problema estructural, lo profundizan.

El campo mexicano vive una tormenta perfecta. Por un lado, la falta de incentivos y el abandono institucional; por otro, el peso de la violencia y la extorsión en zonas agrícolas. Los maiceros, limoneros y trigueros del país se enfrentan a un mercado cada vez más desigual, donde las decisiones gubernamentales han dejado de mirar la tierra como un eje estratégico.

EL AZÚCAR AMARGA
La crisis también alcanzó al sector cañero, fundamental en estados como San Luis Potosí, donde más del 80% de la economía local depende de esta actividad. Los productores enfrentan una caída del 25% en el valor de la caña durante la última zafra. Detrás de esta debacle hay una serie de factores concatenados: cinco años de sequía, apertura indiscriminada de importaciones, contrabando de alta fructosa y productos "patito" que inundan el mercado bajo la apariencia de azúcar.

A esta situación se suma lo que algunos productores llaman el "huachicol dulce": la introducción ilegal de jarabes de maíz y harinas procesadas de baja calidad que desplazan al producto nacional. Esta práctica, amparada por la falta de control aduanal, ha provocado pérdidas millonarias y un debilitamiento profundo de la agroindustria azucarera.

El problema no es solo económico, sino social. Cuando una comunidad depende casi por completo de una sola actividad productiva y esta se derrumba, el impacto se multiplica. Menos caña significa menos empleo, menos seguridad social y, en consecuencia, mayor vulnerabilidad.

LA ANARQUÍA DEL CAMPO
La ingobernabilidad no es exclusiva de un estado o una región. En Sinaloa, uno de los graneros históricos del país, el control criminal se ha extendido al punto de dividir al territorio entre facciones. En Michoacán, los productores de limón viven bajo el yugo de grupos armados que cobran "cuotas" por cada cosecha. Lo mismo ocurre en Jalisco, Guanajuato o Zacatecas.

El campo se ha convertido en un terreno de nadie. La autoridad brilla por su ausencia, mientras los grupos delictivos imponen su propio modelo de "gobierno" basado en la extorsión y el miedo. En este contexto, los paros y bloqueos de carreteras ya no son solo protestas económicas, sino gritos de auxilio ante un Estado que ha dejado de garantizar la sobrevivencia del productor.

El esquema de apoyos anunciado recientemente —un precio de garantía parcial de 7,200 pesos por tonelada para pequeños productores— no resuelve el fondo del problema. El modelo beneficia a una minoría y deja fuera a los medianos y grandes agricultores que también sostienen la producción nacional.

CORTINAS DE HUMO Y UNA REALIDAD QUE QUEMA
Mientras el país rural agoniza, la atención mediática se desvía hacia temas triviales: pleitos entre legisladoras por un funcionario, rumores sentimentales y declaraciones absurdas en redes sociales. Todo esto en contraste con un panorama donde la inseguridad, la inflación y el desempleo crecen día con día.

En los últimos días, el Observatorio Nacional Ciudadano reveló un incremento alarmante en los índices delictivos en municipios de San Luis Potosí, especialmente en Soledad de Graciano Sánchez, Río Verde y Ciudad Valles. Paradójicamente, el narcomenudeo parece disminuir, lo que muchos interpretan no como un éxito policial, sino como una consolidación del control criminal.

Los recientes enfrentamientos en Ciudad Valles, donde una célula del crimen organizado se topó de frente con fuerzas estatales, son reflejo de la descomposición. Las operaciones policiales, además, han mostrado errores de planeación y falta de resultados. Las instituciones de seguridad parecen actuar más por inercia que por estrategia.

El ciudadano común lo percibe: hay más miedo en las calles y menos confianza en sus autoridades. La capital potosina, alguna vez símbolo de estabilidad, se ha convertido en una de las ciudades más inseguras del país, pese a las promesas de campaña y los discursos sobre "policías de proximidad".

EL CIRCO POLÍTICO
En contraste con la gravedad del momento, la clase política se entretiene con montajes mediáticos y declaraciones absurdas. La detención mediática de personajes como Víctor Manuel Álvarez Puga o Simón Levy, promovida desde las conferencias presidenciales, se convierte en espectáculo más que en justicia. Lo mismo ocurre con las giras internacionales y los desplantes de figuras que parecen olvidar los problemas que realmente afectan a los ciudadanos.

Mientras tanto, en las calles, los agricultores bloquean carreteras, los cañeros amenazan con marchas nacionales y los trabajadores industriales temen por su empleo ante el cierre de empresas automotrices y proveedoras. En Aguascalientes, algunas firmas que trabajaban para Mercedes Benz y Nissan ya se retiraron del país; otras están en paro técnico. La reubicación de inversiones hacia Estados Unidos y Asia no es una teoría: es una realidad que avanza silenciosamente.

El país, entre tanto, sigue apostando a los paliativos. Se regalan apoyos económicos a cambio de votos, pero se deja morir al campo, la base de la autosuficiencia alimentaria. La política pública se ha convertido en una administración del desastre, sin visión de largo plazo ni empatía con los sectores productivos.

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