Semana del 09 de Enero al 15 de Enero de 2026

2025: un cierre de ciclo y el anticipo de las batallas por venir

2025: un cierre de ciclo y el anticipo de las batallas por venir

Jorge Saldaña

El cierre de 2025 dejó claro que no fue un año de trámite ni de inercias. Fue un periodo de transiciones profundas, de contrastes políticos y de decisiones que marcarán el rumbo inmediato tanto del país como de San Luis Potosí. Un año que obligó a aprender sobre la marcha, a corregir errores estructurales y, sobre todo, a asumir que muchos de los debates que se pretendían postergar llegaron antes de tiempo.

A nivel nacional, uno de los acontecimientos más relevantes fue, sin duda, la elección del Poder Judicial. Un proceso inédito que abrió una nueva dinámica institucional y que representó un parteaguas en la relación entre ciudadanía y justicia. No fue una elección perfecta. Hubo intereses, presiones, errores operativos y prácticas cuestionables que persiguen todavía a este primer ejercicio. Sin embargo, se concretó un cambio estructural que hoy obliga a exigir resultados distintos. Jueces, magistrados y ministros llegaron con el respaldo del voto popular, y eso transforma por completo la lógica de rendición de cuentas.

Hoy se paga la curva de aprendizaje. Expedientes atorados, resoluciones lentas y una percepción social de que la justicia aún no termina de sacudirse viejas prácticas. Pero también hay un elemento nuevo: la legitimidad de origen. Eso coloca al ciudadano en una posición distinta, con mayor autoridad para exigir transparencia, equilibrio y legalidad en un sistema históricamente distante.

En San Luis Potosí, el año estuvo marcado por conflictos que evidenciaron tensiones profundas entre instituciones. El vaivén entre el gobierno del estado y la Universidad Autónoma fue uno de los episodios más significativos. A ello se sumó una crisis interna en la propia universidad, detonada por un caso de violencia sexual que sacudió a la comunidad estudiantil y derivó en tomas de edificios, protestas y un debate abierto sobre la respuesta institucional frente a la violencia de género.

El adeudo del gobierno estatal con la universidad, los desencuentros políticos y el desenlace del conflicto mantuvieron durante meses la atención pública y dejaron una enseñanza clara: las instituciones educativas ya no son espacios aislados del debate social ni político. Son reflejo de una sociedad más exigente, menos dispuesta a guardar silencio y más consciente de sus derechos.

Pero si algo anticipó el clima político que viene fue el tema de la llamada "ley gobernadora". Un debate que comenzó a tomar forma desde septiembre y que cerró el año como uno de los asuntos más polémicos del escenario local. Formalmente impulsada desde los órganos electorales, pero políticamente imposible de desligar del poder estatal, la iniciativa busca que en 2027 la gubernatura sea encabezada exclusivamente por una mujer.

La discusión de fondo no es menor. Por un lado, está la deuda histórica con las mujeres y la necesidad de romper una brecha de desigualdad real. Por otro, el cuestionamiento constitucional y democrático de excluir al 50 por ciento de la población de su derecho a votar y ser votado. La ley, tal como fue aprobada y publicada, abre más frentes de conflicto de los que cierra.

Más allá de los perfiles, el riesgo es político: la percepción de imposición. Incluso con altos niveles de aprobación gubernamental y figuras bien posicionadas, cualquier candidatura que surja bajo ese esquema puede cargar con el estigma de una sucesión forzada. En política, la percepción pesa tanto como la legalidad, y ese factor podría convertirse en un obstáculo innecesario para un proyecto que, en condiciones normales, podría competir sin ventaja artificial alguna.

El 2025 también cerró con un contexto internacional convulso. La caída del gobierno venezolano, con intervención directa de Estados Unidos, reactivó un debate histórico sobre soberanía, intervencionismo y el eterno péndulo ideológico en América Latina. La región vuelve a moverse, esta vez hacia la derecha y la ultraderecha, impulsada por liderazgos disruptivos y por una agenda económica que privilegia el mercado por encima del humanismo.

Los extremos, sin embargo, siguen siendo igual de peligrosos. La izquierda autoritaria que confunde ideología con realidad ha demostrado su fracaso. La ultraderecha que reduce la política a utilidad económica tampoco ofrece soluciones duraderas. El caso venezolano no puede leerse solo como la caída de un régimen, sino como un episodio más de una confrontación histórica donde el interés económico pesa más que cualquier discurso moral.

La postura de rechazo al intervencionismo es necesaria, incluso cuando se critique a los gobiernos caídos. Normalizar la intervención externa como método correctivo sienta precedentes peligrosos para toda la región. México, ubicado en medio de este reacomodo continental, no puede perder de vista ese contexto.

Así, 2026 no será un año menor. Será el año en que se escriban más páginas que en el propio 2027. Si el año electoral será el del estreno, este será el de la confección. Aquí se teje la bufanda política que definirá candidaturas, alianzas, rupturas y narrativas. El escenario está puesto: reformas recientes, conflictos no resueltos y un entorno internacional que presiona.

El reto será evitar los extremos, corregir a tiempo y entender que los atajos legales y políticos suelen cobrar factura. El 2025 terminó; sus consecuencias apenas comienzan.

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