Miércoles, 23 de Abril de 2014
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Presidente de la CEDH, Jorge Vega entregó informe de actividades 2013 al STJE

Presidente de la CEDH, Jorge Vega entregó informe de actividades 2013 al STJE

EMSAVALLES Noticias| San Luis Potosí, S.L.P.| Miércoles, 23 de Abril de 2014| 12:45


El Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Jorge Vega Arroyo dio a conocer a los integrantes del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, que la tortura, es un tema que se consideraba erradicado, una violación grave a los derechos humanos, por lo que en 2013 se emitieron 4 de las 32 recomendaciones, la número 5, 23, 26 y 28, esta última describió, no fue presentada por las víctimas, sino por un juez que al darse cuenta de los hechos, denunció y dejo en libertad al acusado.

Con la presencia, dela Magistrada María Elena Sánchez, en representación personal del Presidente del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, Álvaro Eguía Romero, jueces, consejeros y magistrados del poder judicial, integrantes del Consejo de la CEDH, y personal administrativo, e invitados especiales, el Ombudsman potosino presentó su informe de actividades del período abril-diciembre de 2013, el último de las tres rendiciones de cuentas exigidas por los artículos 17, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, y 33, fracción IX, de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Destacó que la tortura, es una violación grave a los derechos humanos, y se debe prestar mucha atención con la entrada en vigor en nuestra entidad del nuevo sistema acusatorio adversarial, ya que cualquier violación a derechos fundamentales, las pruebas serán ilícitas y genera impunidad en perjuicio de la víctima.

A raíz de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, el poder judicial se constituye en la principal institución de salvaguarda de los derechos humanos. El reto ante la entrada en operación del nuevo sistema de justicia penal es enorme, es luchar con valentía contra una cultura que aún no cuenta con la herramienta principal que es la investigación científica de los casos del orden criminal. La tortura, con el nuevo criterio de la Suprema Corte de Justicia, se convierte en un tema que obliga la investigación de oficio, aunado a que en el ámbito internacional, es un delito de lesa humanidad.

Vega Arroyo mencionó que cuando en toda investigación criminal se advierta la vulneración de derechos fundamentales, procederá la exclusión de pruebas, lo cual puede dar lugar a la impunidad en perjuicio de la víctima del delito; por ello, sin duda que los jueces ahora contribuirán a orientar y a dar un correcto rumbo a la investigación de los casos criminales.

Los jueces, dijo ante el nuevo sistema acusatorio adversarial, también serán los primeros en verificar que en toda persona detenida se le respeten los derechos humanos, con la obligación de dar vista administrativa o penal, ante cualquier violación, por ello el reto es mayor.

Destacó que las recomendaciones, más que un obstáculo al ejercicio de la función pública, se constituyen ahora como un conjunto de criterios sobre el control de la convencionalidad, con señalamientos para que se mejore el servicio público y para fortalecer la cultura de la legalidad.

El Presidente de la CEDH, agregó que de las 32 recomendaciones emitidas en 2013, aún están pendientes de cumplimiento la correspondiente a los hechos del 27 de abril de 2013 en el Penal de la Pila, en la que fallecieron 13 internos, y más de 80 resultaron lesionados.

Jorge Vega sostuvo que para evitar que hechos como estos se repitan, es importante incrementar personal capacitado de seguridad y custodia, tecnología de punta para el control de las celdas y un diseño actual en la infraestructura penitenciaria que garantice la seguridad interna de la prisión y una estancia digna para los reclusos.


Recordó que las autoridades estatales señaladas en las (32) recomendaciones fueron:
Procuraduría General de Justicia del Estado (8); Secretaría de Seguridad Pública del Estado (8); Secretaría de Educación (5); Secretaría de Salud (4); Policía Ministerial (3); Dirección General de Prevención y Reinserción Social, Dirección General del Cecyte y la Dirección General del Hospital Central (1).

En el ámbito municipal, fueron destinadas a la Policía Municipal de San Luis Potosí (3), Policía Municipal de Soledad de Graciano Sánchez (2). Con una recomendación el DIF Municipal de Ciudad Valles, así como las presidencias municipales de Aquismón, Ciudad Fernández, Rioverde, Salinas y Villa de Ramos.

Indicó que en las recomendaciones donde hubo privación de la vida por actos atribuibles a servidores públicos con funciones de seguridad pública, se encontró disposición del Gobierno del Estado para reparar el daño a los familiares de las víctimas a través de una compensación, quedando pendiente solamente de atender este aspecto, las que se dirigieron a la Dirección de los Servicios de Salud.

Finalmente, agradeció el apoyo que la CEDH ha recibido por parte del Poder Judicial del estado. Es un apoyo invaluable que nos ha permitido documentar de manera efectiva los casos que se presentan ante la comisión, y nos ha permitido contar con elementos suficientes para determinar las denuncias sobre posibles violaciones a derechos humanos.

Nuestra misión dijo Vega Arroyo, es hacer crecer al organismo protector de los derechos para estar a la altura del que la sociedad potosina requiere, para consolidar el estado democrático de derecho, para fortalecer las instituciones del estado, y hacer de los derechos humanos un compromiso de todas y de todos.

 


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