GALLARDO, EN SU PRIME
“Este sexto será el mejor año para San Luis Potosí”, así lo planteó el gobernador Ricardo Gallardo Cardona después de presentar su Quinto Informe de Resultados, y la frase tiene un contexto claro: el último año de su administración llega acompañado de nuevos proyectos de infraestructura, más puentes, carreteras, bulevares, movilidad y una ampliación de los programas sociales. No parece un cierre de administración, sino el arranque de una última etapa con el acelerador a fondo.
Gallardo sostiene que seis años no son suficientes para cambiar cuatro décadas de atraso y, bajo esa lógica, el sexto año será clave para consolidar lo que se ha construido durante los primeros cinco. La apuesta está en mantener el ritmo de inversión y llevar obras y programas a las cuatro regiones, con la intención de que el cambio no se quede únicamente en la zona metropolitana. Más infraestructura, más movilidad y más apoyos sociales forman parte de la ruta que ha planteado para el último tramo de su gobierno.
Y políticamente también llega en un momento de fuerza. Después de cinco años, Ricardo Gallardo parece estar en su “prime”: con una estructura consolidada, presencia en las cuatro regiones y un proyecto que busca trascender más allá del cierre de su administración. El reto será convertir los anuncios en obras terminadas y beneficios concretos, pero si algo dejó claro el Quinto Informe es que el gobernador no está pensando en bajar el ritmo. El sexto año, según su propia visión, será el mejor; ahora toca verlo en el territorio.

UN GRAN AÑO PARA GUADALUPE TORRES
Quien no ha bajado el ritmo y continúa trabajando intensamente en la Secretaría General de Gobierno es J. Guadalupe Torres Sánchez. En este último año de la administración de Ricardo Gallardo Cardona, el secretario tendrá una tarea fundamental: mantener la gobernabilidad, fortalecer el diálogo con los distintos sectores y acompañar al gobernador en una etapa que será clave para consolidar los proyectos y resultados de estos cinco años.
Pero este último año de gobierno tendrá para Guadalupe Torres un significado todavía más especial, porque también será un año de alegría familiar: nuevamente será papá. Y desde estas líneas le deseamos mucha salud, tanto para él como para su esposa, y sobre todo que el bebé llegue con bien, sano y salvo, para llenar de felicidad a toda la familia.
Así que será un año intenso en todos los sentidos: trabajo, responsabilidades, retos políticos y, al mismo tiempo, una nueva etapa personal. Que venga este sexto año con salud, buenos resultados y muchas satisfacciones para J. Guadalupe Torres Sánchez y su familia. ¡Enhorabuena por la próxima llegada del bebé!

TEPFJ: EL FALLO QUE REIVINDICA LA AUTONOMÍA INDÍGENA EN SLP
La reciente resolución unánime de la Sala Superior del TEPJF, al ordenar al CEEPAC organizar una consulta indígena en Tancanhuitz, Tanlajás y San Antonio, representa un paso trascendental para saldar la enorme deuda histórica que las instituciones mexicanas arrastran con los pueblos originarios de San Luis Potosí. Durante demasiado tiempo, el ejercicio de la libre determinación y el autogobierno de las comunidades Teenek y náhuatl ha chocado contra la burocracia y la negativa sistemática de los órganos electorales locales y regionales, los cuales intentaban subordinar derechos constitucionales fundamentales a la espera de reformas legislativas innecesarias.
Hoy, gracias a la lucha organizada respaldada por la Defensoría Pública Electoral del TEPJF y liderada por representantes como Rafael Reyes Martínez, se reconoce que la vía democrática comunitaria y los sistemas normativos propios no son una concesión, sino un derecho legítimo e inextinguible. Este fallo histórico obliga al Estado a dejar atrás la simulación y garantiza que las comunidades huastecas decidan su propio rumbo político, recordándonos que la verdadera democracia en México solo será plena cuando la justicia y la autonomía de los pueblos indígenas dejen de ser letra muerta.

JUSTICIA SIN DISTINGOS
La reciente vinculación a proceso de un elemento de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado por el homicidio de su propio hermano —también policía estatal— en el Ejido Las Armas, perteneciente al municipio de Tancanhuitz, marca un precedente fundamental en la procuración de justicia en la Huasteca Potosina. La decisión de la Jueza de Control de dictar prisión preventiva justificada a Elizalde "N" tras los hechos ocurridos en el ejido Las Armas demuestra que la ley debe aplicarse con absoluta imparcialidad, erradicando cualquier sombra de impunidad, corporativismo o favoritismo cuando quienes portan un uniforme y un arma de cargo figuran como presuntos responsables de un delito grave.
Este trágico suceso, derivado de una riña familiar que escaló hasta el uso de armas de fuego, pone de manifiesto la urgente necesidad de reforzar los filtros de control de confianza, la atención psicológica y la mediación de conflictos al interior de las corporaciones de seguridad pública. Mientras la Fiscalía General del Estado cuenta con un plazo de seis meses para concluir la investigación complementaria, el verdadero reto institucional será garantizar que la impartición de justicia sea transparente, rigurosa y ciega ante cualquier jerarquía, enviando un mensaje claro de que la ley se aplica sin distingos para nadie.

CELULARES FUERA DEL AULA, LA LEY QUE VIENE EN SLP
San Luis Potosí se prepara para lo que ningún otro estado se ha atrevido a hacer con todas sus letras: prohibir por ley el uso de celulares y tabletas en primarias y secundarias. No es un exhorto. No es una recomendación. Es una ley con sanciones, y el gobernador Ricardo Gallardo Cardona ya advirtió el tamaño del castigo: desde multas hasta el cierre de planteles reincidentes. La iniciativa ya está en el Congreso del Estado, en la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. Todavía no es ley, pero el mensaje político ya está dado: en San Luis se va a respetar “sí o sí”. Gallardo no solo apunta a los alumnos. También a los maestros. Pidió que dejen el celular fuera del salón, que no lo saquen frente a los jóvenes. La idea, dice, es recuperar la clase sin distracciones.
La jugada no es aislada. La presidenta Claudia Sheinbaum y la SEP ya trazaron la ruta nacional: a partir del 3 de noviembre de 2026, celulares fuera durante la jornada en educación básica. Media superior y superior tendrán sus propias reglas. San Luis quiere adelantarse y endurecerlo. Hay un antecedente que explica mucho: en febrero, el Congreso local ya había aprobado una reforma para el uso responsable de dispositivos en la escuela, pero se quedó a medias. Nunca salieron los lineamientos operativos. Se quedó en buena intención.
Ahora la apuesta es distinta. Ya no es promover el uso responsable, es prohibir y sancionar.
El debate que viene no es menor. Entre padres que celebran que sus hijos dejen de distraerse y otros que temen no poder comunicarse con ellos en una emergencia. Entre maestros que piden herramientas para poner orden y especialistas que advierten que la prohibición sin estrategia pedagógica sirve de poco. Lo cierto es que San Luis Potosí está a punto de convertirse en laboratorio nacional. Si la ley avanza, será el primer estado en llevar la restricción de celulares en escuelas de lo discursivo a lo punitivo. Y la pregunta ya no será si se debe regular, sino cómo se va a hacer cumplir sin que la medida se rompa en el primer recreo.

GALINDO DIVAGA Y GALLARDO GOBIERNA
Hay que decirlo sin rodeos: Enrique Galindo ya no sabe qué hacer con el Ayuntamiento de San Luis Potosí. Mientras las calles siguen llenas de baches, el agua no llega a las colonias y la inseguridad no cede en la capital, el alcalde prefiere llevar pleitos de escritorio hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, lo definió perfecto: “El municipio ya anda divagando mucho”. Y tiene razón. ¿Desde cuándo una “no objeción” de obra, un trámite 100% administrativo, se resuelve con ministros en la Corte? Galindo convirtió 14 expedientes mal armados en una controversia constitucional 396/2026. Quiere que la Corte le haga el trabajo que su gente no hace: solventar observaciones, cumplir requisitos, integrar bien los proyectos. La Corte, por cierto, no le dio la razón. Solo le concedió una suspensión parcial y le ordenó a la Contraloría que responda en cinco días si hay aval o no. No le autorizó ni una sola obra. No le dijo que tiene la razón. Solo le puso orden al desorden que él mismo generó. Y ahí está la lista de lo que presume como grandes obras: pavimentaciones, drenajes, un Skate Park, un auditorio, un tanque, la Calzada de Guadalupe y el Eje 140. Nada que no deba pasar primero por una revisión legal. Nada que justifique poner en riesgo 45.9 millones de pesos federales por no hacer bien el trámite.
Gallardo, en cambio, está haciendo lo que le toca: exigir que se cumpla la ley. La Contraloría no está frenando obras por capricho, está pidiendo que los expedientes cumplan. Si hay observaciones, que se solventen. Así funciona un gobierno serio.
Galindo, mientras tanto, acusa retrasos, habla de diferencias administrativas y culpa a todos menos a su propia ineficiencia. Ya reconoció en septiembre que los trámites lo tienen frenado. Pues claro que lo tienen frenado, porque no los cumple.
La capital no necesita un alcalde que divague en la Corte. Necesita un alcalde que pavimente, que entregue agua, que dé resultados. Y hoy, el único que está poniendo orden es Ricardo Gallardo Cardona, aunque no le guste.

SE MUEVE A MORENA EN SLP
En Morena San Luis Potosí se confirmó el rumor que lo cambia todo: Elí César Cervantes será el próximo Coordinador Estatal de la Defensa de la Transformación.
El dato no salió de un chat ni de un pasillo. Trascendió en las propias instalaciones del Comité Ejecutivo Estatal, tras la reunión de consejeros y liderazgos de este miércoles, encabezada por Mauricio Rodríguez Alonso, Delegado Nacional de Morena en la Segunda Circunscripción.
Y cuando un rumor nace dentro de la casa y frente a toda la cúpula, deja de ser chisme para convertirse en señal política y se convirtió en realidad. La Comisión Nacional de Elecciones sería la que oficialice el nombramiento en los próximos días. Por lo pronto, lo que se sabe es que la dirigente estatal, Rita Ozalia Rodríguez Velázquez, ya dio el respaldo y llamó a la unidad. En Morena, eso no es un detalle menor, es la línea.
¿Por qué importa el rumor? Porque la Coordinación de la Defensa es la antesala de todo. Es quien opera, quien amarra grupos, quien lleva la voz del proyecto en el estado. Quien llegue ahí, marca el rumbo de Morena rumbo a lo que viene.
El mensaje es claro: la dirigencia nacional ya tomó decisión y San Luis tendrá operador con aval del centro, no solo con el respaldo local.


URBIOLA RETA AL INE Y AL CEEPAC
Arnulfo Urbiola parece decidido a llevar al límite la promoción de su esposa, Karina Quintero, y con ello abrir un nuevo frente rumbo a 2027. El alcalde de Rioverde ha colocado en la comunicación institucional de su gobierno los nombres de ambos, proyectando una imagen de “Arnulfo Urbiola | Karina Quintero” que inevitablemente genera preguntas sobre hasta dónde puede llegar la promoción de una figura que, aunque encabeza el DIF Municipal, no forma parte del Cabildo ni del gabinete del Ayuntamiento. Si el mensaje es que aquí las reglas se acomodan al proyecto político, entonces habrá que ver qué dicen el INE y el CEEPAC.
Porque una cosa es acompañar las actividades del DIF y otra muy distinta convertir la estructura de comunicación de un Ayuntamiento en una plataforma permanente de posicionamiento personal. Mantas, espectaculares, boletines y programas municipales pueden tener una justificación institucional, pero cuando una misma figura aparece una y otra vez junto al presidente municipal, justo cuando comienzan a moverse las piezas rumbo a 2027, es inevitable que surjan cuestionamientos. La promoción personalizada de servidores públicos tiene límites y corresponde a las autoridades electorales determinar si estos se están cruzando.
Urbiola podrá tener sus propios cálculos políticos y quizá quiera dejar encaminada la sucesión municipal, pero Rioverde no es patrimonio de una familia ni el Ayuntamiento una plataforma electoral. Si Karina Quintero tiene aspiraciones, tendrá que construirlas con trabajo propio, respaldo ciudadano y dentro de las reglas. Y si el alcalde considera que puede promocionarla “a huevo”, entonces que sean el INE y el CEEPAC quienes determinen si también puede hacerlo pasando por encima de la ley. Porque en 2027 habrá elecciones, pero antes de eso hay reglas que cumplir.

¡TECMOL PONE EN RIESGO A LA GENTE!
En un nuevo despliegue de protagonismo y populismo digital, el aspirante a la alcaldía de Ciudad Valles, José Luis Romero Calzada, alias “Tecmol”, volvió a colocarse en el centro de la polémica al organizar una entrega masiva de láminas en plena zona céntrica del municipio.
Lo preocupante no es solamente la intención política que pudiera existir detrás de este tipo de acciones, sino la falta de protocolos para realizar una actividad que concentró a numerosas familias y material de construcción en una zona de alta circulación. Lo que en redes sociales puede presentarse como un acto de “generosidad”, en la realidad puede convertirse en un riesgo para quienes acuden y para terceros.
La improvisación provocó desorden en la zona y afectaciones a la vialidad, mientras ciudadanos acudían por los apoyos. Y aquí surge la pregunta: ¿quién se hace responsable si ocurre un accidente?
Más allá del espectáculo para las redes sociales, también habría que revisar el aspecto electoral. La entrega de materiales de construcción o apoyos en especie por parte de una persona con aspiraciones políticas puede generar cuestionamientos respecto de las normas electorales y de los criterios establecidos por el CEEPAC y el INE, particularmente si estas acciones buscan posicionar una imagen o generar simpatías rumbo al proceso de 2027.
No se trata de estar en contra de ayudar a la gente. Se trata de hacerlo con orden, responsabilidad y dentro de la ley. Una lámina puede ser un apoyo para una familia, pero también puede convertirse en una herramienta de promoción política si se utiliza para construir una candidatura fuera de los tiempos y mecanismos establecidos.
Romero Calzada parece empeñado en convertir cada actividad en contenido para sus redes. El problema es que la política no puede estar por encima de la seguridad de la gente ni de las reglas electorales.
El protagonismo puede generar reproducciones y comentarios; lo que no puede generar es que una familia termine pagando las consecuencias de una actividad improvisada y sin protocolos.

ZUMAYA SE RAJA
Elí César Cervantes será el próximo coordinador estatal de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional de Morena en San Luis Potosí. Con esta designación, el partido mueve nuevamente sus piezas y comienza a perfilar su estructura política en el estado.
Mientras tanto, Gerardo Sánchez Zumaya habría decidido bajarse de la contienda. La versión representa un revés para quien durante meses buscó posicionarse como uno de los principales protagonistas de la sucesión estatal, en medio de cuestionamientos y asuntos legales que han trascendido públicamente en San Luis Potosí, Tabasco y otros frentes.
La eventual salida de Zumaya modificaría el tablero rumbo a 2027. Quien durante meses intentó colocarse en el centro de la conversación política ahora tendría que replantear su ruta y explicar qué ocurrió con un proyecto que parecía buscar un papel mucho más relevante dentro de Morena.
La designación de Elí César Cervantes llega, además, en un momento en el que Morena comienza a ordenar su estructura y a definir responsabilidades. Y si Zumaya decidió hacerse a un lado, quedará una pregunta inevitable: ¿se acabó el proyecto o simplemente cambió de estrategia?
Por lo pronto, Morena ya tiene coordinador y la eventual salida de Zumaya deja en evidencia que el escenario que durante meses intentó construir podría estar cambiando, reduciendo el espacio que buscaba ocupar como uno de los protagonistas rumbo a 2027.

GALINDO YA ESTÁ EN 2027
Envalentonado desde los reflectores nacionales, Enrique Galindo Ceballos prácticamente hizo oficial su intención de competir por la gubernatura en 2027, mientras en la capital potosina persisten reclamos ciudadanos por servicios públicos, agua y atención a las necesidades de las colonias. En entrevista con Azucena Uresti, el alcalde habló más del escenario electoral, de sus triunfos pasados y de sus posibilidades frente al PVEM y Morena que de los pendientes que todavía tiene sobre el escritorio. La señal política fue clara: Galindo ya tiene puesta la mirada en la siguiente elección.
El problema es que una alcaldía también exige resultados hasta el último día. Presumir que el Verde “no es invencible”, apostar a una eventual división entre Morena y el PVEM y pedir que PRI y PAN escuchen a sus militancias puede ser parte de la estrategia rumbo a 2027, pero no resuelve el desabasto de agua ni las deficiencias que los ciudadanos reclaman. Galindo podrá destaparse, hacer alianzas y recordar sus victorias anteriores, pero la pregunta que queda en la capital es otra: ¿quién está atendiendo los problemas de hoy mientras el alcalde ya está pensando en la gubernatura?

DISCIPLINA FINANCIERA QUE REDUCE LA DEUDA DE SAN LUIS POTOSÍ
San Luis Potosí registra una reducción de 636 millones de pesos en su deuda pública de largo plazo durante los últimos cinco años, al pasar de 3 mil 609 a 2 mil 972 millones de pesos. De acuerdo con la titular de la Secretaría de Finanzas, Ariana García Vidal, este resultado responde a una política de disciplina financiera, mayor generación de ingresos propios y un manejo eficiente de los recursos, además de que durante este periodo no se ha contratado nueva deuda de largo plazo. Esto permite mantener una conducción financiera enfocada en atender las necesidades del Estado sin incrementar este compromiso.
A este escenario se suma la estrategia para cubrir las obligaciones de corto plazo, con la previsión de que los créditos quirografarios queden saldados a más tardar el 2 de diciembre de 2026. San Luis Potosí también se mantiene en nivel verde dentro del Sistema de Alertas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y conserva evaluaciones favorables de agencias calificadoras. La reducción de la deuda y el manejo ordenado de las finanzas representan elementos relevantes para mantener capacidad financiera y continuar destinando recursos a las prioridades de las cuatro regiones del Estado.

GESTIONES PARA LLEVAR MÁS OBRAS A SAN LUIS POTOSÍ
Las gestiones que mantiene el gobernador Ricardo Gallardo Cardona con la presidenta Claudia Sheinbaum colocan nuevamente en la agenda proyectos estratégicos para San Luis Potosí, particularmente en materia de agua e infraestructura para la Huasteca. Entre ellos destaca la interconexión de las presas El Peaje y San José, obra que ejecuta la Conagua y cuya primera etapa contempla 6.7 kilómetros de tubería. De acuerdo con información del Gobierno Federal, el proyecto permitirá incorporar 200 litros por segundo y aumentar alrededor de 20 por ciento el suministro para la zona metropolitana.
En la Huasteca también se mantienen proyectos como la ampliación del Aeropuerto de Tamuín, la supercarretera Ciudad Valles-Tampico, la expansión de MetroRed y el proyecto Riviera Huasteca, además de acciones para atender caminos de la Huasteca Sur. Aunque el gobernador no detalló montos ni la lista completa de nuevas solicitudes planteadas a la Federación, señaló que son múltiples los proyectos que ha dialogado con Claudia Sheinbaum. La coordinación entre ambos niveles de Gobierno abre la posibilidad de seguir incorporando infraestructura que atienda necesidades de agua, conectividad y desarrollo regional.

SEGURIDAD, UNA PRIORIDAD CON RESULTADOS EN LAS CUATRO REGIONES
Al atestiguar el Quinto Informe de Resultados del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, Jesús Juárez Hernández, destacó la estrategia implementada en materia de seguridad, basada en inversión, tecnología, prevención, inteligencia y coordinación. De acuerdo con lo expuesto, esta estrategia ha permitido mantener una reducción cercana al 80 por ciento en delitos de alto impacto, además de una disminución histórica en homicidios dolosos. El fortalecimiento de las corporaciones, con mejores salarios, equipamiento y capacitación, también forma parte de las acciones desplegadas en las cuatro regiones del Estado.
Otro de los aspectos señalados es la atención a las condiciones laborales de las y los policías, con incrementos salariales para integrantes de la Guardia Civil Estatal, custodios y personal administrativo de la SSPC, así como la iniciativa para establecer un salario mínimo de 14 mil pesos para policías municipales. Juárez Hernández afirmó que durante el último año de Gobierno continuará la presencia operativa en los 59 municipios, junto con las labores de prevención, inteligencia y coordinación, con el objetivo de mantener las acciones orientadas a fortalecer la tranquilidad y confianza de las familias potosinas.

LOS RECLUTADORES DE PLAGAS
Vaya espécimen el que están sumando los “reclutadores de plagas” al equipo de Enrique Galindo Ceballos. Resulta que ahora quieren incorporar a su proyecto al exoficial mayor del Ayuntamiento de Rioverde, Miguel Flores Govea.
¡Vaya fichita! Pero, bueno, de ese tipo de especímenes parece estar lleno el llamado team de Galindo: las “focas aplaudidoras” que celebran cada movimiento, cada ocurrencia y cada incorporación como si estuvieran armando el gran equipo rumbo a 2027.
El problema es que sumar nombres no necesariamente significa sumar credibilidad. Si la estrategia consiste en rescatar personajes cuestionados o reciclar perfiles de administraciones anteriores, entonces habrá que preguntarse qué clase de proyecto pretende construir Galindo Ceballos.
Por lo pronto, los “reclutadores de plagas” siguen haciendo su trabajo. Y el zoológico político rumbo a 2027 parece tener cada vez más ejemplares.

PREFIEREN HALLARLAS MUERT@S QUE VIVAS
Dos hechos violentos registrados en menos de 24 horas colocan a la Zona Media frente a una realidad que ya no puede maquillarse con discursos, fotografías de eventos oficiales ni anuncios de obras: la vi0lenc¡a contra las mujeres y la inseguridad siguen cobrando víctimas.
El caso de María Isabel, de 35 años, es particularmente doloroso. Fue reportada como no localizada después de ser vista por última vez en la localidad de Puente Prieto, perteneciente a Rioverde. Horas después fue encontrada sin vida, con huellas de vi0lenc¡a, en una vivienda abandonada a un costado de la carretera federal 70, cerca de Santa Catarina, municipio de San Nicolás Tolentino. Las autoridades investigan el caso bajo el protocolo de feminicidio, y aquí surge una pregunta que merece una respuesta seria: ¿Qué pasó durante las horas en que María Isabel todavía podía ser encontrada con vida? Porque una búsqueda de una persona desaparecida no puede convertirse en una carrera contra el tiempo en la que las autoridades reaccionen solamente cuando aparece un cadáver, o al menos así lo aparenta la Unidad de Personas Desaparecidas de la Fiscalía General del Estado (FGE), Tercera Delegación, con sede en Rioverde, a cargo de Roberto M., quien ni siquiera se preocupó por iniciar la carpeta de investigación por la desaparición y, cuando quiso hacerlo, ya era por feminicidio; tal parece que para esa autoridad les es más fácil o prefieren encontrarlas muert@s que vivas.
A ello se suma otro hecho ocurrido este miércoles en San Ciro de Acosta, donde María de Jesús V. fue asesinada a balazos cerca de su domicilio. De acuerdo con reportes, la víct¡ma era suegra de Miguel, joven de 21 años que permanece desaparecido desde el pasado 3 de septiembre, luego de ser pr¡vado de la libertad en ese municipio.
Aunque todavía corresponde a la Fiscalía determinar jurídicamente la clasificación de este segundo crimen, el contexto resulta estremecedor, pues una familia que exige respuestas por la desapar¡ción de un joven termina enfrentando ahora el asesinato de una de sus integrantes. Mientras las familias buscan a sus desaparecidos, recorren oficinas, presentan denuncias, colocan fichas de búsqueda y esperan noticias, la delincuencia parece tener la iniciativa y, mientras tanto, los gobiernos municipales continúan con agendas de “huele moles” en eventos, recorridos, inauguraciones y promoción de obras. En Rioverde y San Ciro de Acosta, como en otros municipios de la Zona Media, la ciudadanía merece algo más que discursos, merece investigaciones
oportunas, búsqueda inmediata de personas desaparecidas, prevención efectiva y resultados

MEDIDAS CAUTELARES
El caso de Karla María G., de 31 años de edad, acusada por su probable responsabilidad en el delito de vi0lenc¡a familiar agravada en perjuicio de su hija men0r de edad, en el municipio de Rioverde, generó una resolución judicial que vale la pena explicar para evitar confusiones. El juez de control determinó vincularla a proceso y dictar prisión preventiva justificada.
La vinculación a proceso no es una sentencia ni significa que la persona fue declarada culpable; se trata de una determinación judicial mediante la cual, en esta etapa inicial, el juez considera que existen datos de prueba que permiten establecer que ocurrió un hecho que la ley señala como delito y que existe la probabilidad de que la persona imputada participó en él.
La prisión preventiva es una medida cautelar; su finalidad no es castigar anticipadamente a la persona imputada, sino evitar determinados riesgos durante el desarrollo del proceso, como el peligro de la sustracción de la justicia. La legislación contempla que la prisión preventiva justificada puede solicitarse cuando otras medidas cautelares resulten insuficientes para garantizar, entre otros aspectos, la comparecencia de la persona imputada, el desarrollo de la investigación o la protección de la víctima, testigos o la comunidad. Corresponde al juez analizar las circunstancias concretas del caso y determinar si esa medida está justificada. Y en un asunto como el que involucra a una menor de edad que presuntamente fue víctima de violencia familiar, la protección de la víctima adquiere especial relevancia dentro del análisis de las medidas cautelares.

ACOMPAÑAR SALVA VIDAS
Dos adultos mayores atropellados en pocas horas de diferencia en Rioverde, una mujer y un hombre, ambos cuando se desplazaban en bicicleta, alerta sobre los riesgos que enfrentan quienes utilizan este medio de transporte, particularmente las personas de edad avanzada. No se trata de decir que los adultos mayores no sean capaces de andar en bicicleta, desplazarse por la ciudad o realizar sus actividades cotidianas, pues muchos conservan plenamente su independencia y forman parte activa de la vida de sus familias y comunidades; sin embargo, tampoco puede ignorarse que con el paso de los años pueden presentarse cambios naturales en los reflejos, la movilidad, la visión, la audición o la capacidad de reacción ante una situación inesperada en la vía pública y, cuando una persona se desplaza en bicicleta, cualquier segundo puede ser determinante. Por ello, estos dos accidentes deberían servir también como un llamado a las familias: acompañar a nuestros adultos mayores cuando salgan a realizar actividades que impliquen mayor exposición al tránsito vehicular no significa quitarles independencia, sino brindarles protección.
En determinadas circunstancias, salir acompañado puede representar una diferencia importante; un familiar puede ayudar a elegir una ruta con menor circulación, cruzar una avenida, detectar oportunamente un vehículo que se aproxima o simplemente permanecer cerca ante cualquier eventualidad. También es fundamental que los propios ciclistas extremen precauciones: utilizar casco, procurar circular por lugares seguros, hacerse visibles para los automovilistas, evitar las horas de mayor circulación y no confiarse únicamente en su experiencia. Pero la responsabilidad tampoco puede recaer exclusivamente en quienes circulan en bicicleta. Los automovilistas deben recordar que la calle no es solamente para los vehículos; en ella también transitan ciclistas, peatones, adultos mayores y personas con distintas capacidades de movilidad. Reducir la velocidad y mantener una distancia prudente puede evitar una tragedia. Los dos casos registrados en Rioverde en un lapso de pocas horas dejan una pregunta que vale la pena hacerse como sociedad: ¿Estamos haciendo lo suficiente para proteger a nuestros adultos mayores? Quizá sea momento de que las familias estén más pendientes de sus padres, abuelos y demás familiares de edad avanzada cuando salen solos a las calles, especialmente en bicicleta.

ANDA MUY CALLADO
Quien se ha mantenido callado en cuestiones políticas dentro del municipio de Ciudad del Maíz en cuanto a aspiraciones, es Ramón Martínez de León, quien fue candidato a Diputado Local por el XII Distrito Electoral con sede en el municipio de Cárdenas.
El personaje, quien es originario del municipio de Ciudad del Maíz, hizo dicha campaña en el 2024 con el Partido Nueva Alianza (PANAL), que, desafortunadamente para él, no le fue como esperaba, ya que los votos no le alcanzaron para lograr el objetivo.
Actualmente labora en la capital de San Luis Potosí al lado de un diputado y ciertamente se ha mantenido alejado de la gente maicense, pero se escuchan versiones sobre su regreso en el 2027 y aprovechar la posición política que se tuvo en el 2024, en que Nueva Alianza hizo historia y ganó en Ayuntamiento.
Tiempo atrás, esta misma persona ha buscado ser candidato a alcalde, pues fue militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y, antes de sumarse a Nueva Alianza (PANAL), estaba en el Verde Ecologista de México (PVEM) y no le han dado la oportunidad que él busca.
El tiempo avanza rápido y poco a poco en Ciudad del Maíz suenan nombres de suspirantes a la alcaldía para el 2027, por lo que habrá que ver si el mencionado también lo hace.

¡HOSPITAL EN DECADENCIA!
Una severa crisis en temas de salud está viviéndose en el municipio de Ciudad del Maíz y la muestra clara es en los servicios del Hospital Comunitario.
Para el Gobierno Federal del entonces Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (2018-2026), todos los hospitales, clínicas y centros de salud que estaban adheridos a la Secretaría de Salud pasaron bajo el régimen del IMSS-BIENESTAR (Instituto Mexicano del Seguro Social y de la Secretaría del Bienestar), a fin de evitar las deficiencias en servicios que se tenían en cada nosocomio.
Tal vez en otros sitios sí mejoró, pero a la población de Ciudad del Maíz le ha tocado esa mala suerte en el Hospital Comunitario, donde escasea el medicamento y, peor aún, no hay ni ambulancia para traslados de enfermos o de personas heridas que requieran atención urgente.
Ambulancias hay, pero pareciera que no, pues son dos y una de modelo reciente, como es una RAM ProMaster, y lleva más de un mes dentro de un taller mecánico; la otra, una Ford Econoline, solo está de adorno, juntando basura y maleza, pues está descompuesta a pesar de que la falla solo es en la transmisión.
Vaya situación que se tiene con ello, pues son familiares de enfermos o de pacientes heridos que tienen que ingeniárselas para trasladarlos a ese hospital o de este a otro nosocomio porque no hay la ambulancia ideal para ello.
Tanto es así que del mismo nosocomio tienen que pedir, en ocasiones, la presencia de Protección Civil, que claramente es ajena a estos casos, para que ellos sean quienes trasladen a los enfermos o heridos, pero en la ambulancia que se tiene bajo resguardo del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (SMDIF).
Si bien ahora tales hospitales que pasaron al margen del IMSS-BIENESTAR con el Gobierno Federal, es obligación de sus mismos directivos ver las soluciones, gestionar el apoyo e incluso hacerlo ante el Ayuntamiento, que en parte puede y debe apoyar.

MIEDO EN SAN CIRO
El municipio de San Ciro de Acosta vuelve a ser escenario de graves hechos del¡ct¡vos, que se puede decir por el cr¡men organiz@do y, lamentablemente, ha pegado de lleno a quienes ahí habitan, como a propios visitantes, al generar hechos de miedo en salir a las calles.
No es la primera vez que hay un desaparecido, pero en los últimos años han aumentado las privaciones ilegales de la libertad; de hecho, hay un caso demasiado sonado de un joven de 21 años que fue prácticamente "lev@ntado" hace 20 días y hoy por la mañana ases¡n@n a la que pudiera decirse su suegra, ya que sostenía una relación de noviazgo con una de sus hijas.
Dicho joven, identificado como Miguel Ángel Rocha Ríos, tiene 21 años de edad, de oficio barbero. La última vez que lo vieron fue el 03 de septiembre en Barrio Santiago y solo fue hallada su motocicleta en calidad de abandono.
Del caso, al no tener avances en la investigación, se sumaron gran número de sancirenses amigos a una marcha de protesta e incluso parte de los actos los encabezó su suegra, hoy occisa, de nombre María de Jesús Vázquez Orduña, en busca de justicia, para que esa desaparición no quedara impune como otras más.
Hoy una madre de familia, no de uno, sino de varias hijas, es silenciada con la muerte y el hecho se dio justamente al exterior de su domicilio, a donde llegaron sujetos en motocicleta y disp@raron varias veces contra su persona, ejecutánd0la.
Pero, ¿qué pasa en el Ayuntamiento? Pues ni de la desaparición, ni de las protestas y tampoco de este ases¡n@to como fem¡nic¡d¡o, el Alcalde Luis Carlos Pereyra Govea no ha salido a dar su versión de lo ocurrido, como otras veces lo hacía para evitarse ataques políticos.
Hoy la gente vive con miedo al salir de sus casas, pues los crímenes pueden darse ya a cualquier hora y lugar. El fem¡nic¡dio de hoy fue a plena hora del día y cerca de donde hay varias viviendas y a unas cuadras de una escuela primaria.