Depuraron a agentes de la Guardia Civil Estatal

Depuraron a agentes de la Guardia Civil Estatal

- Tras quejas por presuntas prácticas de corrupción

Redacción| Emsavalles| Rioverde, S.L.P.| Martes, 06 de Octubre de 2026| 10:19

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La Guardia Civil Estatal (GCE), División Caminos, enfrenta una nueva etapa de depuración ante los señalamientos por presuntos actos de corrupción, extorsión y conductas indebidas atribuidos a algunos elementos, particularmente sobre la carretera estatal 101, en el tramo Cerritos-Tula y la 75D Rioverde-San Luís Potosí.

De acuerdo con los señalamientos, conductores que transitan por esta vía, entre ellos numerosos paisanos que regresan de Estados Unidos a México, habrían sido víctimas de presuntas exigencias de dinero por parte de elementos de la División Caminos, bajo el argumento de permitirles continuar su recorrido.

La situación habría llegado al límite luego de que varios de los afectados decidieran presentar sus quejas directamente en la capital potosina, solicitando la intervención de los mandos de la corporación y el retiro de los elementos señalados de dicha carretera.

Ante estas inconformidades, el secretario de la GCE, Jesús Juárez Hernández, habría ordenado una depuración de los elementos asignados al tramo Cerritos-Tula, además de realizar cambios en los mandos operativos.

Como parte de esta reestructuración, Silverio Rocha habría asumido como nuevo jefe y encargado de la zona, en sustitución del comandante Juan José Estrada, quien es señalado por los denunciantes como uno de los responsables de las presuntas malas prácticas.

Los cambios se producen después del retiro del anterior director de la División Caminos, Rafael Mendoza, quien se encontraba a pocos meses de jubilarse, quedando al frente Alfredo Valles, cuya capacidad para contener las presuntas irregularidades dentro de la corporación también fue cuestionada.

La depuración representa un llamado de atención para la GCE, pues la función de la División Caminos debería estar enfocada en prevenir accidentes, garantizar la seguridad de los automovilistas y hacer cumplir la ley, no en generar temor o presuntas extorsiones a quienes utilizan las carreteras potosinas.

Ahora corresponderá a las autoridades determinar si existen responsabilidades administrativas o penales y, en su caso, sancionar a quienes hayan incurrido en conductas indebidas.