La presidenta del Supremo Tribunal de Justicia, Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, plantea una transformación basada en profesionalización, evaluación, tecnología y cercanía con la ciudadanía.
El Poder Judicial de San Luis Potosí atraviesa una etapa de reorganización que va mucho más allá del cambio de nombres o de quienes ocupan los cargos. Para la magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, el reto consiste en conseguir que la reforma judicial termine reflejándose en una justicia más eficiente, profesional y, sobre todo, cercana a quienes recurren a los tribunales.
Zarazúa explicó que la nueva estructura distribuyó responsabilidades entre el Supremo Tribunal de Justicia, el Tribunal de Disciplina Judicial y el Órgano de Administración Judicial, lo que obligó a construir nuevas normas y mecanismos de coordinación.
Durante su Primer Informe de Labores, presentado el 11 de septiembre, la magistrada resumió esa responsabilidad al señalar que la legitimidad obtenida mediante el voto ciudadano debe renovarse con profesionalismo, integridad, resultados e independencia.
"Tenemos que avanzar digital y tecnológicamente, pero también le debemos algo a la sociedad: que la justicia sea cercana", afirmó.
REDUCIR EL REZAGO TAMBIÉN REQUIERE PERSONAL PREPARADO
Uno de los problemas que enfrenta la institución es el crecimiento de los asuntos judiciales, particularmente en materias familiar y penal.
Zarazúa reconoce que existen demoras, aunque advierte que no todos los retrasos dependen exclusivamente de los juzgados, pues los procesos incluyen recursos y mecanismos legales que las partes tienen derecho a utilizar y que pueden extender los tiempos de resolución. El propio Poder Judicial ha reconocido además pendientes en personal, digitalización y rezago acumulado.
Para enfrentar esa carga, uno de los objetivos ha sido fortalecer la carrera judicial.
La presidenta explicó que al iniciar esta etapa detectaron que no existía una reserva suficiente de secretarios de acuerdos, actuarios y otro personal especializado capaz de incorporarse inmediatamente cuando surgieran vacantes.
Por ello comenzaron nuevos concursos de oposición. En una primera etapa fueron seleccionadas 12 personas para ocupar cargos que posteriormente fueron distribuidos entre distintas regiones. En un nuevo procedimiento, añadió Zarazúa, se registraron 71 aspirantes y 37 avanzaron hacia la segunda fase.
La intención, sostiene, es sencilla: mientras mayor conocimiento tenga el personal sobre los procedimientos, mayores posibilidades existen de reducir tiempos y mejorar la atención.
JUECES BAJO EVALUACIÓN PERMANENTE
La reforma también introdujo un componente que Zarazúa considera indispensable: quienes imparten justicia deben demostrar periódicamente que mantienen las capacidades necesarias para desempeñar el cargo.
La primera evaluación de desempeño comprendió a 66 personas juzgadoras de Primera Instancia. De ellas, 55 obtuvieron resultados sobresalientes, 10 alcanzaron un nivel satisfactorio y una quedó sujeta a un proceso de fortalecimiento. En conjunto, 98.48 por ciento se ubicó en las dos categorías superiores.
La medición no consideró únicamente conocimientos jurídicos. También incluyó productividad jurisdiccional, competencias profesionales, profesionalidad, capacitación continua y encuestas de satisfacción entre personas usuarias.
Para Zarazúa, estas evaluaciones deben acompañarse de formación permanente.
"Somos servidores públicos y no debemos olvidar que nos debemos al ciudadano, al justiciable", señaló al explicar que jueces, secretarios y proyectistas deben mantenerse en capacitación constante.
Entre los procesos actualmente en marcha se encuentra la preparación para implementar el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que busca homologar procedimientos y avanzar hacia esquemas de mayor oralidad. El Poder Judicial mantiene trabajos de capacitación e infraestructura e incluso desarrolla un programa piloto en Matehuala.
CIUDAD VALLES TENDRÁ UNA NUEVA SEDE JUDICIAL
La transformación tendrá también un impacto directo en la Huasteca.
Zarazúa confirmó que ya comenzaron los trabajos encaminados a construir una nueva Ciudad Judicial en Ciudad Valles, proyecto que durante años había sido solicitado ante el crecimiento de la demanda regional.
El complejo estará ubicado en el corredor de la carretera México-Laredo, en las cercanías del Centro de Reinserción Social, y concentrará los juzgados familiares y civiles, el Juzgado Regional de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad y el Archivo Judicial.
La magistrada considera que Ciudad Valles necesita instalaciones acordes con el crecimiento poblacional y con el incremento de asuntos que recibe la región.
"El Poder Judicial no solamente está en la capital; está en todas las partes de San Luis Potosí", enfatizó.
El proyecto tiene como horizonte 2027 y representa, para Zarazúa, una oportunidad para descentralizar servicios y evitar que habitantes de la Huasteca tengan que trasladarse hasta la capital para determinadas gestiones.
La apuesta del nuevo Poder Judicial, insiste, no se limita entonces a cambiar estructuras. Implica evaluar a quienes juzgan, profesionalizar al personal, incorporar tecnología, reducir rezagos y acercar físicamente los tribunales a la población.
Para Lourdes Anahí Zarazúa, ésa será finalmente la medida de la transformación: que el ciudadano perciba una justicia más accesible, eficiente y capaz de escuchar.
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