Los ataques de histeria en quienes perdieron a su familiar se traducían en consignas y maledicencias a las autoridades, al gobierno
lasillarota.com| MONTERREY, Nuevo León| Viernes, 12 de Febrero de 2016| 17:02
A las puertas del penal del Topo Chico se encontraron los rostros de la felicidad y la tristeza; la alegría de encontrar vivo a su familiar y el golpe anímico de saber que está muerto o que fue enviado a un penal en otra entidad.
Los ataques de histeria en quienes perdieron a su familiar se traducían en consignas y maledicencias a las autoridades, al gobierno.
"Sabíamos que podría pasar esto, ahí adentro hay que pagar para vivir, mi hermano tenía que pagar semanalmente una cantidad mayor a los 1,000 pesos para estar en paz; hoy ya está en paz", dice Rosa, hermana de uno de los occisos y vecina de la colonia Tanques de Guadalupe mientras un socorrista le da los primeros auxilios para tranquilizarla.
Otro de los familiares, que dice llamarse Rafael, se queja de los custodios, de los grupos del crimen que les cobran una cuota que es hasta de 5 mil y 6 mil pesos mensuales y recuerda a un jefe de custodios de los años 70, 80 y principios de los 90, ese sí que era chingón, era una ver...".
Desde las 8:00 horas las puertas de la penitenciaria se abrieron nuevamente a la visita. Familiares habían pasado toda la noche a las afueras del inmueble y apenas se abrieron las puertas, Magdalena corrió, ansiaba ver a su hermana detenida en 2013 por problemas de delitos contra la salud.
A media mañana se corrió la voz y el mensaje creció de boca en boca; no hay agua, gas en el interior del penal tras los sucesos, por lo tanto, los internos tenían más de 24 horas sin comer.
Una mujer que dijo haber estado desde que le informaron del inicio de la riña afirma que el incendio fue en el área de víveres. "No hay comida, están los internos sin comer, mi cuñado me dijo".
"Que le den gracias a Dios porque sus parientes están vivos, están sin comer, no pasa nada", comenta un hombre que está contento, señala, porque su tío salió ileso.
Y en el ir y venir de quienes vieron vivos a sus parientes, los que los perdieron se acercaron a un puesto de atención del DIF, donde les apoyan con los trámites de entrega de cuerpo y gastos funerarios.
Hasta el mediodía se habían entregado 39 cuerpos a sus familiares que recibieron las indicaciones del personal de la dependencia para el entierro o la cremación con cargo al gobierno del Estado.
Entre los rostros marcados por el llanto y la desesperación, una pareja ofreció en la discreción servicios funerarios a bajos precios. "No te creas, te van cobrar, el gobierno pagará", defendió una joven a quien citó como su vecina.
Un anciano se acercó al personal del DIF y peguntó los costos de los cajones, "uno barato", pidió y enseguida se le explicó que el Estado apoya con los servicios funerarios.
Familiares en el desamparo
El sistema penitenciario del estado va más allá de la violencia en el interior de los penales, se extiende a la indefensión económica de las familias, destaca la investigadora de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Patricia Cerda Pérez.
De acuerdo a sus cifras, hay unas 60 mil personas que son familiares directos de reos y un estudio a través de 151 preguntas a las familias indica que el 60 por ciento tienen ingresos menores a 3 mil pesos mensuales y quedan en el desamparo.
Por su parte, la hermana Consuelo Morales, dirigente de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, (CADHAC) cree que el gobierno esconde información y que tan sólo en los lesionados no son 12 sino muchos más de 20, pues hay informes de organizaciones civiles que le han comunicado al respecto.
El Estado ha sido irresponsable en dar atención a los reos y a las familias, en este caso, las que han acudido en busca de saber sobre su familiar, dice.
"se dan motines porque las condiciones en las que están los reos son insoportables, infrahumanas, cuando hay un cobro de cuota desmedido, donde no hay seguridad jurídica real, no tienen alimentación adecuada", expone Morales.
A su vez Cerda Pérez manifiesta que del total de familias entrevistadas, el 77 por ciento no recibe ayuda gubernamental, un 23 por ciento está inscrita en el otrora programa Oportunidades, apenas un 9 por ciento tiene algún tipo de ayuda del Estado y el 14 por ciento tiene el beneficio de una beca y eso también deja en indefensión a las familias y se vuelve un circulo viciosos de la corrupción y comisión de delitos.
La investigadora se pronuncia por buscar mecanismos para ayudar a las familias de reos y realizar verdaderos programas de reinserción social.
La hermana Consuelo Morales exige que el sistema de seguridad lo encabecen personas con experiencia que conozcan bien los procesos y reitera que hay irresponsabilidad en la atención a los reos y familias.
nm
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