Semana del 20 de Agosto al 26 de Agosto de 2021

Carreras y la prensa; ¿sin agravios?

Carreras y la prensa; ¿sin agravios?

María José Puente Zavala

"A los medios de comunicación muchísimas gracias. No es fácil transitar 6 años de gobierno en estos tiempos y con las nuevas realidades que ellos nos imponen. De verdad mi aprecio y respeto. Nos vamos sin agravios".

Así se refirió Juan Manuel Carreras López, en su último informe de gobierno, a su relación con la prensa durante su sexenio. En algún rincón oscuro y polvoriento de la memoria del güero quedó el recuerdo de Edgar Daniel Esqueda Castro, reportero asesinado en octubre de 2017 en la capital del estado, y cuyo crimen se va sin resolver.

Aquel año, organizaciones como Artículo 19 instaron al gobierno local, no solo a colaborar activamente para resolver el crimen de Daniel, sino a proteger a otros colegas en riesgo y, muy importante, a evitar la criminalización del reportero que, tras haber sido sustraído de su domicilio por presuntos policías ministeriales, apareció ejecutado.

Y es que, a pocos días de ocurrido el asesinato, un video circuló en redes sociales y después fue hasta presentado en una rueda de prensa por un supuesto investigador privado. En él se apreciaba al joven reportero de la nota roja vendado de los ojos, en ropa interior, siendo interrogado por presuntos criminales con quienes, en la narrativa que comenzaba a fraguarse, se le relacionó.

Artículo 19, en un comunicado publicado el 27 de octubre de ese año, refirió que sus fuentes confirmaron cómo "el video fue presentado por el gobernador de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras, en actos a puerta cerrada en la casa de gobierno, a donde asistieron personal de la (entonces) PGE, la Secretaría de Gobierno del estado y empresarios. En dichos actos este material se ha presentado como legítimo", se lee.

Y es que el clima apuntaba a que la intención de ese material no solo era encaminar una versión torcida que "resolviera" el crimen al menos ante la opinión pública, sino que se buscaba transmitir un mensaje que descargara al gobierno de la culpa y desacreditara a la prensa. No solo a Daniel, ni a los medios que se mencionaban, ni ese día, sino a todos los que denunciaran agresiones por su trabajo. A todos los que exhibieran los yerros del gobierno. A todos. Siempre.

Por ese, y otros casos previos registrados en la entidad, los activistas exigieron al gobernador abstenerse "de criminalizar y ejercer violaciones de derechos mediante la promoción de narrativas estigmatizadoras que generan condiciones negativas y obstaculizan la libertad de prensa, en especial la de medios que promueven la cobertura de temas de seguridad pública, transparencia y corrupción en la entidad".

En respuesta, el gobernador sostuvo una reunión con periodistas donde se comprometió a crear la Unidad de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos. Dijo que esa instancia no sustituiría al Comité Estatal de Protección al Periodismo (si es que alguna vez existió), sino que este se vería fortalecido por una propuesta de Ley.

Lo que no dijo fue que dicha propuesta, más que por su vocación de defensa de la libertad de expresión, obedecía a la necesidad de homologar la normativa estatal con la federal. Quizá por ese motivo no cumplió con su palabra, sino más de dos años después, en julio de 2020, cuando presentó ante el Congreso del Estado el proyecto de Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de San Luis Potosí. En ese momento, incluso un diputado local había ya presentado también una iniciativa parecida.

Para entonces el famoso comité de protección al periodismo (por cierto adscrito a la Secretaría General de Gobierno), que por Ley debía sesionar una vez cada mes, llevaba ya tiempo sin hacerlo y al final probablemente no hubiera cambiado nada pues poco se sabía (y se sabe) sobre su constitución, actividades y mucho menos todavía sobre sus resultados. Sí, la indiferencia del estado para atender las violencias contra las y los periodistas demanda desde hace rato un marco legal actualizado pero también abierto. Operante.

Cualquiera hubiera pensado que, ya que esa propuesta –al menos en el discurso- surgió de una reunión en un momento tan amargo, las personas periodistas o las personas defensoras de Derechos Humanos seríamos convocadas para ser, ahora sí, escuchadas e incluidas en la construcción de un mecanismo que sirviera al menos de asidero frente a la violencia que equipara a países como el nuestro con otros como Siria para el ejercicio de la libertad de expresión. Pero no.

Ni el gobernador, ni ninguno de los diputados integrantes de las comisiones dictaminadoras, con todo y que existe una supuesta comisión de atención a periodistas, consideraron relevante conocer el punto de vista, las experiencias o las necesidades de la población beneficiaria de dicha Ley.

Fue hasta comienzos de este año, cuando, toca reconocer, con el apoyo de la diputada Marite Hernández, la Red de Mujeres Periodistas de San Luis Potosí (RMPSLP), logró acercarse al Poder Legislativo para hacer llegar observaciones y propuestas de modificación al proyecto y colocarlo en vías de, efectivamente, proteger la labor de las personas periodistas y defensoras de Derechos Humanos en nuestra entidad.

Algunas de estas observaciones fueron rechazadas pero otras sí fueron admitidas e incluidas en el documento que los integrantes de la LXII Legislatura votarán este jueves 19 de agosto durante un período extraordinario, en el ocaso de su gestión. Cuando este trabajo se publique, probablemente se conocerá ya el sentido de sus votos. A favor o en contra.

Con todo y que se apruebe queda mucho trabajo por delante. Desde la RMPSLP se ha documentado que, durante el sexenio que termina, las agresiones contra las y los trabajadores de la información llegaron, en mayor medida, desde la función pública y desde los 3 órdenes de gobierno. Que algunas se traducen en discriminación, otras en burlas, otras más en ocultamiento de información o hasta en coerción para revelar las fuentes y, claro, hasta en acoso u hostigamiento sexual.

Se han interpuesto denuncias, escrito pronunciamientos y colocado quejas, pero no ha sido suficiente.

Agravios hubo.

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