Semana del 01 de Octubre al 07 de Octubre de 2021

El saldo del Fiscal Garza

El saldo del Fiscal Garza

A unos días que el gobierno gallardista asumiera el poder, confirmó lo que venía anunciando en meses anteriores, y si bien administrativamente lo hizo, su administración de claroscuros hace pensar si de verdad fue el fiscal autónomo y eficiente del estado, dado la serie de observaciones e ineficiencia en su trabajo.

"Por razones personales", así se lee en el documento que Federico Arturo Garza Herrera presentó en la Oficialía de Partes del Congreso del Estado el 24 de septiembre de 2021, para anunciar su dimisión al cargo de la titularidad de la Fiscalía General del Estado.

Sin dar mayores explicaciones de lo que significa sus "razones personales", recuerda al Poder Legislativo que fue electo en el cargo el 26 de octubre de 2017, para ejercer el mismo del 27 de octubre de 2017 al 26 de octubre de 2024, lo cual no cumplirá...

Ahora la petición se encuentra en trámite en el Legislativo, la cual se dio a conocer al Pleno en la sesión de esta semana, que posteriormente se remitió a las Comisiones de Gobernación y Justicia para su desahogo.

Más allá de sus pretensiones particulares, un análisis a la función pública de Garza Herrera permite cuestionar si realmente estaba en el trayecto a fortalecer posiblemente la dependencia más importante de San Luis Potosí, dado que, de ahí devienen estabilidad social, el acceso a la justicia y la disminución de la denominada cifra negra o delitos cometidos no denunciados.

Hoy ya no queda nada del que surgió de la iniciativa privada, que incluso, poco o nada fue criticado por las cúpulas empresariales, sino simplemente un hombre que decidió hacerse a un lado por temor a no colaborar o que tenía más que perder al frente de unos de brazos más fuertes del Estado.

FISCALÍA VIOLADORA DE DDHH
Desde que asumió la titularidad de la institución encargada de procurar la justicia de quienes sufren por la comisión de un delito, recibió diversas recomendaciones de las Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).

Las violaciones a derechos humanos que documentó el organismo constitucionalmente autónomo exponen desde omisiones en la integración de carpetas de investigación, falta de medidas de protección de mujeres que sufrían violencia familiar y después murieron, u homicidios cometidos por policías investigadores carentes de protocolos de intervención y detención.

Solo por mencionar algunas, en 2017 recibió la Recomendaciones la 09/2017 de la CEDH, cuando todavía era la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), además de la número 19/2017.

Esta resulta muy relevante en el contexto actual, pues se trata de una madre que desde diciembre de 2015 no ve a su hija, después que la niña desapareció en una reunión a la que había acudido en Soledad de Graciano Sánchez.

El 26 de diciembre de 2015, Carolina Gómez Rocha acudió a una fiesta en compañía de su hija Zoe Zuleica Torres Gómez, quien al quedarse dormida la dejó al interior de la camioneta de su esposo.

Sin saberlo, minutos después la niña ya no permanecía al interior del vehículo, por lo que, en la primera hora del 27 de diciembre reportó la no localización de Torres Gómez al sistema de emergencias 066, fecha que desde entonces se desconoce su paradero.

Para la CEDH, después de años de no tener conocimiento de la ubicación de la menor de edad, la Fiscalía no garantizó el derecho a la verdad, el acceso a la justicia y a la correcta diligencia de acciones para su pronta localización.

Al año siguiente no hubo mucha diferencia, ya que la Fiscalía se hizo acreedora a cinco documentos recomendatarios: la 5/2018, 17/2018, 18/2018, 21/2018 y 24/2018, de las cuales en una falleció un joven durante un tiroteo a cargo de la entonces Policía Ministerial del Estado (PME).

En la 18/2018, se informa que el 27 de junio del año 2017, aproximadamente a las 22:30 horas, un joven acompañado de su hermana, circulaban a bordo de una camioneta cuando sobre la calle de Topografía en la colonia las Julias de la capital, fueron interceptados por los oficiales ministeriales.

Los elementos de la PME amedrentaron al joven diciéndole "bájate hijo de la chingada", quien al no acatar la orden, estos comenzaron a dispararles, rompiéndose el parabrisas de la camioneta que conducía.

Como una forma de resguardar su vida y la de su hermana, pues los policías no se acreditaron como tal, intentó resguardarse tratando de salir de ese lugar; sin embargo, recibió un impacto de proyectil de arma de fuego que lo privó de la vida.

Por este homicidio donde participaron seis policías que "confundieron" dicha unidad con criminales que buscaban, un juez los encontró culpables, pero consideró imprudencial el homicidio, por lo cual pagaron una indemnización a los familiares de Enrique.

Sin embargo, también recuperaron la libertad dado que los policías llegaron a un acuerdo con los familiares, mediante un procedimiento abreviado, así como haber cumplido con los requisitos para gozar del recurso de la suspensión condicional de la pena.

CAMINO SIN FIN
El 14 de noviembre de 2019, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concedió el amparo 1284/2015 a la familia de Karla Pontigo Lucciotto, joven presuntamente asesinada por Luis N., el 28 de octubre de 2012 en el bar "Play";

La resolución del máximo tribunal mexicano ordenó a la Fiscalía reponer el proceso y reabrir la averiguación previa iniciada por la muerte violenta por la estudiante de Nutrición de la UASLP, a fin de ser investigada con perspectiva de género.

Además, en el fallo se instruyó que la indagatoria se investigara como feminicidio, y no como homicidio culposo o accidental, que estableció inicialmente la institución hace casi nueve años cuando la encabezaba Miguel Ángel Covarrubias García.

Fue el 10 de marzo de 2020 que la Corte notificó formalmente a Garza Herrera de la sentencia que favoreció de Esperanza Lucciotto López, madre de Karla, dio inicio la tarea de lograr avances a una familia que hasta esa fecha tenía más de 7 años sin acceso a la justicia.

Sin embargo, en un año y poco más de cuatro meses, la dependencia no informó de alguna diligencia o acción que permitiera progresar en el esclarecimiento del probable feminicidio de Karla.

Por ello, el caso de Karla representa la ineficiencia que suele prevalecer en los pasillos del edificio localizado en el Eje Vial, esa que convierte a los Agentes de Ministerio Público en meros redactores de denuncias que no les importa en dolor de cientos de familias.

Derivado de todo lo expuesto, haber sido el primer fiscal general de San Luis Potosí no significó un avance considerable en la transformación de una dependencia formada en el esquema inquisitorio al nuevo sistema de justicia penal acusatorio, adversarial y oral, pues las viejas prácticas terminaron por mermar las funciones de los actores encargados de las resoluciones de los delitos.

Aunque sin duda hubo detenciones, judicialización de carpetas de investigación, cumplimiento de órdenes de aprehensión y demás acciones, pareciera que toda la serie de irregularidades pesaron más en la concepción y percepción del colectivo ciudadano.

Habrá que esperar la conclusión de solicitud de licencia que lleve a cabo el Congreso del Estado, así como la terna que proponga el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, que sin duda, deberá ser un perfil dispuesto a reconocer las debilidades de una institución donde cada día los Ministerios Públicos se atestan de decenas de expedientes y hay un sinfín de violaciones a los Derechos Humanos.

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