Semana del 20 de Febrero al 26 de Febrero de 2026

Gobierno federal, buenas intenciones y malos operadores

Gobierno federal, buenas intenciones y malos operadores

La reciente visita presidencial a la entidad dejó en evidencia una constante en la vida pública mexicana: las soluciones suelen llegar desde el centro, mientras los conflictos se gestan en lo local por falta de operación política efectiva. El caso de las telesecundarias es emblemático. Se trata de un problema heredado, acumulado por años y convertido en una "papa caliente" que ha pasado de administración en administración sin resolverse de fondo. No es un tema menor: involucra derechos laborales, cobertura educativa y estabilidad institucional. Sin embargo, más allá de los discursos, lo que quedó claro es que la ausencia de interlocución local y la tardía reacción institucional provocaron que la inconformidad escalara hasta manifestarse frente a la propia titular del Ejecutivo federal.

El problema no radica únicamente en la herencia de políticas incompletas provenientes del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, sino en la incapacidad de los operadores actuales para contener conflictos antes de que se conviertan en crisis mediáticas. Cuando las demandas del magisterio llegan a la figura presidencial es porque las estructuras estatales y federales intermedias fallaron en su función básica: mediar, negociar y resolver. La política educativa no puede gestionarse desde la improvisación ni desde la pasividad burocrática.

EL ROL DE LA FEDERACIÓN Y LA RESPONSABILIDAD LOCAL
La presencia de la presidenta Claudia Sheinbaum con respuestas concretas sobre temas educativos fue interpretada como un gesto positivo. Sin embargo, el hecho de que la solución provenga directamente del ámbito federal revela un problema estructural: la dependencia excesiva de decisiones centralizadas frente a la falta de liderazgo operativo en los estados. La educación es, por naturaleza, una política concurrente; requiere coordinación permanente, no subordinación pasiva a lo que dicte la federación.

El señalamiento sobre la ausencia de directrices claras para prevenir riesgos sanitarios en escuelas, como el uso de cubrebocas o estrategias de contención ante brotes epidemiológicos, expone otra debilidad: la espera constante de lineamientos federales. Esta lógica reactiva resulta peligrosa. En materia de salud pública, la prevención oportuna es la diferencia entre contención y crisis. Postergar decisiones bajo el argumento de esperar instrucciones superiores es, en realidad, una forma de evadir responsabilidades locales.

UNIVERSIDAD ROSARIO CASTELLANOS: OPORTUNIDAD Y DESAFÍOS
La propuesta de instalar una universidad pública en la región huasteca abre una ventana de oportunidad en términos de movilidad social y descentralización educativa. El modelo de la Universidad Rosario Castellanos ha sido objeto de críticas por sus esquemas pedagógicos y estándares de calidad, pero también es cierto que atiende a un segmento de población que difícilmente puede acceder a instituciones privadas y que encuentra saturadas a las universidades públicas tradicionales.

En contextos de alta marginación, la ampliación de la oferta educativa no solo es deseable, sino urgente. La clave estará en su ejecución: infraestructura adecuada, programas académicos pertinentes y vinculación real con el mercado laboral regional. De lo contrario, el riesgo es repetir experiencias de proyectos anunciados con entusiasmo pero ejecutados de manera deficiente, generando frustración social y desperdicio de recursos públicos.

LAS FRACTURAS INTERNAS DEL OFICIALISMO
Más allá de los temas educativos y sanitarios, el debate deja entrever un trasfondo político más complejo: las pugnas internas dentro del oficialismo. La confrontación entre distintas corrientes —los llamados "puros" y los perfiles moderados— no es un asunto menor. Se trata de una disputa por el control del discurso, la narrativa gubernamental y la relación con los medios de comunicación. Figuras como Jesús Ramírez Cuevas y Julio Scherer Ibarra representan visiones distintas sobre cómo ejercer el poder y cómo enfrentar la crítica pública.

Estas tensiones generan ruido institucional y terminan afectando la percepción ciudadana sobre la eficacia del gobierno. Cuando las luchas internas dominan la agenda, las políticas públicas pierden coherencia y los problemas sustantivos —educación, salud, seguridad— quedan subordinados a la disputa política.

LA PRESIDENTA ENTRE INTENCIONES Y EJECUTORES
Existe una narrativa recurrente que plantea que las intenciones del liderazgo federal son correctas, pero que su implementación falla por la debilidad o controversia de ciertos perfiles operativos. Este fenómeno no es exclusivo de una administración; es un patrón histórico en México. Sin embargo, en el contexto actual adquiere especial relevancia, pues la legitimidad de los proyectos federales depende, en gran medida, de la eficacia con que los ejecutores locales los aterricen en la realidad cotidiana.

La presidenta enfrenta un dilema político: mantener a operadores cuestionados por lealtad política o renovarlos para mejorar la gobernabilidad y la percepción pública. Cada error de implementación, cada conflicto mal gestionado y cada omisión preventiva termina traduciéndose en desgaste directo para su figura, aunque las decisiones originales hayan sido bien intencionadas.

GOBERNAR ES COORDINAR
El panorama descrito evidencia que los grandes retos no radican solo en diseñar políticas públicas, sino en coordinarlas eficazmente entre niveles de gobierno y actores políticos. La educación, la salud y la estabilidad institucional dependen menos de anuncios espectaculares y más de la capacidad de gestión diaria, silenciosa y eficaz.

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