Viernes, 13 de Marzo de 2026
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Semana del 13 de Marzo al 19 de Marzo de 2026

La transformación del poder judicial en San Luis Potosí

La transformación del poder judicial en San Luis Potosí



La función de jueces y magistrados sigue siendo uno de los pilares fundamentales del Estado democrático y del equilibrio institucional.

Cada 7 de marzo se conmemora en México el Día del Juez Mexicano, una fecha que reconoce la labor de quienes tienen la responsabilidad de impartir justicia y garantizar el Estado de derecho. Más allá de un acto simbólico, la conmemoración representa una oportunidad para reflexionar sobre los desafíos que enfrenta el sistema judicial en un país donde la exigencia social por una justicia más ágil, transparente y cercana a la ciudadanía se mantiene vigente.

En este contexto, el Poder Judicial atraviesa una etapa de transformación marcada por cambios en la forma de integración de sus órganos, particularmente a partir del proceso electoral judicial de 2024. Este nuevo modelo abrió la puerta para que jueces y magistrados acudieran por primera vez a las urnas en busca del respaldo ciudadano, lo que representa un cambio significativo en la relación entre quienes imparten justicia y la sociedad.

Para el magistrado Ángel Santiago González, integrante del Supremo Tribunal de Justicia, este nuevo esquema plantea retos inéditos, pero también oportunidades para fortalecer la confianza en las instituciones judiciales.

"Un reto importante es que nunca habíamos salido a hacer campaña quienes impartíamos justicia; siempre estábamos detrás de un escritorio, en la sombra", explicó. La nueva dinámica obliga a quienes ejercen funciones jurisdiccionales a mantener un contacto más directo con la ciudadanía, generando una relación basada en la transparencia y el conocimiento público de su labor.

LA ELECCIÓN POPULAR Y LOS NUEVOS ROSTROS EN EL PODER JUDICIAL
El proceso electoral de 2024 marcó un parteaguas en la forma en que se conforma el Poder Judicial en diversas entidades del país. En el caso de San Luis Potosí, quince magistrados y decenas de jueces llegaron a sus cargos a través del voto popular.

Para González Santiago, esta etapa representa una oportunidad para demostrar que la preparación y la experiencia siguen siendo elementos fundamentales en la impartición de justicia. Señala que gran parte de los nuevos integrantes del tribunal provienen de ámbitos como el litigio, la academia o la investigación jurídica.

"Tan solo los quince magistrados y quienes están al frente de órganos jurisdiccionales de primera instancia son perfiles muy preparados; la mayoría viene del litigio, de la academia o de la investigación", afirmó.

El objetivo, explica, es responder a la confianza que la ciudadanía depositó en ellos durante el proceso electoral. Esa legitimidad democrática implica una responsabilidad mayor: demostrar con resultados que el nuevo modelo puede fortalecer el sistema judicial.

PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA EN EL TRIBUNAL
Uno de los temas recurrentes cuando se habla del sistema judicial es el rezago en la resolución de asuntos. La carga de trabajo y la complejidad de los procesos suelen generar percepciones de lentitud en la impartición de justicia.

Sin embargo, el magistrado sostiene que el nuevo tribunal ha comenzado a trabajar con un enfoque orientado a la eficiencia. Como ejemplo, señaló la actividad registrada en la sala que preside.

"Tan solo en el periodo de septiembre a diciembre la Quinta Sala resolvió más de ciento veinte sentencias de recursos de apelación", indicó.

Para él, los números representan una forma objetiva de evaluar el desempeño institucional. "Los números son fríos y reflejan que hemos estado trabajando de manera eficiente", comentó.

Más allá de la cantidad de resoluciones, el desafío principal consiste en que la ciudadanía perciba cambios positivos en la forma en que se administra justicia. Esa percepción, asegura, es fundamental para recuperar la confianza en las instituciones.

LOS CAMBIOS QUE VIENEN EN LA JUSTICIA CIVIL Y FAMILIAR
Uno de los desafíos más importantes para el sistema judicial en los próximos años será la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que transformará la forma en que se desarrollan estos procesos en todo el país.

El nuevo modelo introduce la oralidad en los procedimientos civiles y familiares, una herramienta que busca agilizar los procesos y hacerlos más transparentes.

Actualmente la oralidad ya se aplica en materias como la penal, la laboral y la mercantil. Con la nueva legislación, este esquema se ampliará a otros ámbitos del derecho.

"En abril del próximo año todos los juzgadores del país debemos tener la oralidad civil y familiar en todos nuestros procedimientos", explicó el magistrado.

La implementación de este modelo implicará que los jueces y magistrados participen directamente en audiencias donde las partes expongan sus argumentos y pruebas frente al tribunal.

Este sistema incorpora el principio de inmediación, que permite a los juzgadores observar de manera directa el contexto del caso, en lugar de basarse únicamente en documentos escritos.

"Esto permite que el ciudadano vea quién lo juzga y que nosotros como juzgadores veamos el contexto del asunto", señaló.

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