Semana del 17 de Octubre al 23 de Octubre 2014

Guerrero: El gobernador se tambalea

Guerrero: El gobernador se tambalea

Juan Veledíaz/www.estadomayor.com

Ángel Aguirre Rivero será recordado como el gobernador de Guerrero al que la narco política lo exhibió maniatado, sujeto a los designios del paramilitarismo y del poder del crimen organizado incrustado en varios palacios de gobierno de municipios de la entidad. El caso Iguala es emblemático, no solo por el contexto, sino por la abierta protección oficial que exhibió hasta qué grado la máxima “autoridad” municipal de extracción perredista era en realidad un testaferro del crimen organizado. El hallazgo de 28 cuerpos quemados hasta la noche del pasado domingo 5 de octubre en tres fosas a las afueras de Iguala, de los que se asegura forman parte de los 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, hablan ya de lo que será de aquí en adelante—así como para el PRI es el 2 de octubre del 68—la huella de sangre por la que serán recordados el PRD y su “tribu” predominante “Nueva Izquierda”.

Nicolás Mendoza Villa recordaba que eran como las 4.30 de la tarde del 30 de mayo del 2013, cuando en compañía de siete personas todos miembros de la organización Unión Popular, iban en el vehículo de Arturo Hernández Cardona, uno de los dirigentes del colectivo que aglutina, bajo ese nombre, a siete diferentes agrupaciones sociales del estado de Guerrero. Pasaban por la caseta de cobro de Iguala y el crucero de Tuxpan cuando fueron interceptados por dos camionetas, una Cherokee gris y una Explorer roja en la que viajaban hombres armados y una mujer. De la primera descendieron seis individuos, mientras que la mujer y el hombre aguardaron en la otra. Los obligaron a descender bajo amenazas y se los llevaron sometidos a un paraje lejos de la carretera. Al llegar los bajaron a golpes mientras un hombre se paró frente a ellos y comenzó a interrogarlos. Preguntaba sus nombres, direcciones y los de sus familias, los cuales anotaba en unas hojas en blanco. Esa noche fueron golpeados con un machete largo, un látigo de alambre y una tabla que tenía forma de paleta.

Fue una noche agónica. Al día siguiente arribaron al lugar 10 hombres quienes lucían armas largas y con amenazas e insultos de nuevo los golpearon. Al caer la tarde les ordenaron cavar una fosa. Ya era de noche cuando llegaron otras tres personas. Los rostros de dos de ellos eran conocidos. Uno era José Luis Abarca Velázquez, alcalde de Iguala, y el otro su secretario de seguridad pública, a quien no identificó por nombre, pero después se sabría que se trataba de Felipe Flores Velázquez. El tercero también de forma posterior se supo era Crisóforo Tinoco, director de la policía municipal.

El presidente municipal dio la orden que los siguieran golpeando y torturando. Entonces se encaminó a donde tenían al dirigente principal de la organización, Arturo Hernández Cardona, su correligionario de partido, pues también era militante del PRD.

—¿Qué tanto estás chingando con el abono?—recuerda que dijo—Me voy a dar el gusto de matarte. En medio de recriminaciones por las protestas de su organización en los últimos meses, ordenó que lo siguieran golpeando. Más tarde lo llevaron hasta una de las fosas, ahí el presidente municipal “le da un escopetazo en la cara y otro en el pecho y lo dejaron tirado en la fosa, comenzó a llover y no lo taparon”.

Hubo un momento en que otro de los integrantes de la organización, Félix Rafael Bandera Román, intentó escapar y fue asesinado. Siguieron con los interrogatorios, amenazas y más tarde los hombres armados que los tenían secuestrados recibieron una llamada. Entonces desenterraron los cuerpos de Hernández Cardona y levantaron el de Bandera Román, los echaron en una camioneta y se dirigieron al río Mezcala. En ese lugar, recordaba Mendoza Villa, “nos tiraron a todos, ahí matan a Ángel Román Ramírez”, y dos pistoleros les dispararon a los demás quienes pudieran escapar. Entre los sobrevivientes estaba él, quien narró aquel episodio ante el Notario Público 47 de la Ciudad de México en noviembre pasado, cuando integrantes de la Red Solidaria Década Contra la Impunidad, denunciaron los hechos en conferencia de prensa.

En esa ocasión María Magdalena López, Yosahdara Vega y Erika Zamora Pardo —quien estuvo presa acusada de pertenecer al Ejército Popular Revolucionario (EPR) tras el asesinato, en 1997 de 11 indígenas en la comunidad serrana del Charco, en Guerrero—, exigieron que la PGR atrajera las denuncias pues había funcionarios municipales implicados en la muerte de los tres líderes sociales.

Los casos eran parte de un contexto de represión contra organizaciones y luchadores sociales, quienes durante el gobierno de Ángel Aguirre Rivero sumaban hasta noviembre pasado 13 asesinatos. “Todos ellos con las mismas características de violencia extrema que aparenta ser provocada por el crimen organizado”, denunció Zamora Pardo.

El “fantasma” del perredista Hernández Cardona rondó la noche del pasado sábado 4 de octubre ante el pleno del noveno Consejo Nacional del PRD, efectuado en conocido hotel de la ciudad de México. René Bejarano, el cuestionado líder de la corriente Izquierda Democrática Nacional (IDN), denunció que en su momento se solicitó a la PGR que atrajera la indagatoria por el triple crimen que involucraba al hoy prófugo alcalde perredista de Iguala, expulsado del partido en días pasados. Abarca era miembro de “Nueva Izquierda”, la corriente perredista que con Carlos Navarrete se reeligió ese día.

“Se pidió hasta en dos ocasiones que la PGR atrajera las indagatorias, por unanimidad se aprobó que fuera la PGR que atrajera la investigación y tuve la oportunidad después de esas dos solicitudes de hablar con el procurador en persona. Le dije lo que me habían dicho los sobrevivientes, porque hubo tres testigos de esa masacre. Me narraron lo que vivieron, las torturas y la manera en que murió Arturo (Hernández Cardona). Nicolás Mendoza Villa dijo ‘me atrevo a declarar porque no confío en las autoridades locales’, y la PGR no quiso atraer la investigación por motivos políticos”.

“Me vi con Osorio Chong y le pedí que iniciara el juicio de procedencia. Nicolás dijo que cuando ejecutaron a Arturo llegó el director de la Policía de Iguala y el presidente José Luis Abarca y le dijo ‘me voy a dar el gusto de matarte, que tanto me estabas chingando con los fertilizantes’, y ahí lo mató”, denunció Bejarano.

¿Días contados para el “gobernador”?

Ángel Aguirre Rivero se le veía muy preocupado. La presión política por el crimen del secretario estatal del PAN, Braulio Zaragoza, ocurrido el pasado domingo 28 de septiembre, quedó rebasada por las protestas, denuncias y acusaciones en su contra por la desaparición de los 43 jóvenes estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa.

El gobernador de Guerrero, a quien la prensa nacional identifica como “el gran ausente”, enfrenta la peor crisis de su gestión después de que el pasado domingo 5 de octubre por medio del procurador de justicia del estado Iñaky Blanco Cabrera, su gobierno reconociera que en tres fosas clandestinas localizadas a las afueras de Iguala, se habían encontrado hasta ese momento 28 cuerpos, presumiblemente de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos desde el 27 de septiembre, los cuales habían sido rociados con algún liquido inflamable antes de ser enterrados.

El funcionario precisó, durante una conferencia ante medios locales, nacionales e internacionales, que la identidad de las osamentas quedará comprobada de manera plena después de los exámenes de ADN, lo cual podría tardar al menos 15 días. Las investigaciones realizadas sobre los ataques contra los estudiantes y los miembros del equipo de futbol Avispones de Chilpancingo, ocurridos el último fin de semana de septiembre, arrojaron que policías municipales y pistoleros pertenecientes a la organización criminal “Guerreros Unidos”, participaron en la balacera ocurrida en el crucero de Santa Teresa, en el periférico de Iguala, donde murió un futbolista, el chofer del autobús donde viajaba con sus compañeros, y una mujer que conducía un auto particular.

El hallazgo de las fosas, encontradas en la zona rural de la colonia Las Parotas, al pie del Cerro Gordo al noreste de Iguala, se dio tras las declaraciones de más de 30 detenidos, entre ellos los 22 policías municipales consignados, quienes aportaron detalles sobre la acción armada que realizaron esa noche. Informó que existe orden de aprehensión contra el director de seguridad pública del municipio, Francisco Salgado, quien es señalado por haber dado la orden de detener a los estudiantes la noche del viernes 26 de septiembre, después de que se apoderaron de tres autobuses de pasajeros.

Junto a las fosas se encontró también 10 rifles AK.47, seis fusiles M-16, similares a los que usa el ejército, y otros de diferentes calibres además de cargadores abastecidos. En la zona elementos de la marina aseguraron también una camioneta Cherokee de la que no se dieron mayores características.

A raíza de este hecho Aguirre Rivero aglutinó el rechazo de organizaciones defensoras de derechos humanos a nivel nacional e internacional, en un episodio que fue considerado como “crisis humanitaria”, ante la dimensión que representa que 43 personas permanezcan como “desaparecidas”. Una reunión que iba a tener con familiares de las víctimas, fue suspendida después de que se supo del hallazgo de los cuerpos el pasado sábado 4 de octubre. El millón de pesos que ofreció por información que llevara a su localización, fue considerada “propaganda burda” por los estudiantes de la normal de Ayotzinapa quienes anunciaron, tras bloquear la autopista del sol por varias horas, que esta semana incrementarían sus acciones de protesta hasta que renuncie el mandatario perredista.

Reaparece el EPR

El Ejército Popular Revolucionario (EPR) reapareció el pasado domingo 5 de octubre mediante un comunicado al que tituló “Juventud de Ayotzinapa”. En el mensaje señaló que era “grotesco sostener la tesis de la infiltración del crimen organizado para endosar este crimen de lesa humanidad a la “delincuencia organizada”. Esta aseveración, dijo, es una “burda maniobra para diluir la responsabilidad del Estado y garantizare impunidad a los criminales materiales e intelectuales”.

Para la guerrilla, mermada en los últimos años al grado de suspender las operaciones de alto impacto como atentados a instalaciones estratégicas, la idea del “estado fallido”, de forma independiente de “su modalidad con la que se pretende “justificar” la supuesta violencia generalizada, por la “delincuencia organizada” y el narcotráfico, se encuentra circunscrita dentro de la doctrina de guerra contrainsurgente dictada desde el imperialismo norteamericano”.

El caso de los estudiantes de Ayotzinapa, es para el EPR según el comunicado, “la expresión fiel del grado de terrorismo de estado con el cual se trata de imponer de forma incuestionable la criminalización de la protesta popular”. La captura de los 22 policías municipales acusados de participar en los asesinatos de tres estudiantes y de apoyar el secuestro masivo, es vista por la organización guerrillera como una “maniobra recurrente para administrar y prolongar la impunidad, porque enseguida salen libres, como es el caso de los policías federales que asesinaron el 12 de diciembre de 2011, a dos normalistas también de Ayotzinapan (sic), esos criminales hoy gozan de libertad y completa impunidad”.

La reaparición del EPR se da en las horas en que las autoridades de Guerrero seguían con las excavaciones a las afueras de Iguala, donde la contabilidad sumaba 28 osamentas hasta el domingo 5 de octubre.