Semana del 21 de Agosto al 27 de Agosto 2015

Ley del talión estilo Zacatecas

Ley del talión estilo Zacatecas

Juan Veledíaz

Desapariciones, asesinatos, venganzas, videos con decapitados, uso desmedido de la fuerza de elementos del ejército. Todos los ingredientes de un episodio de la llamada guerra del narco confluyen en el caso Calera, donde siete personas fueron reportadas como desaparecidas, y días después fueron halladas muertas con huellas de tortura y el tiro de gracia. Por este suceso se acusó y detuvo a cuatro militares entre ellos el comandante del 97 de infantería ubicado en Fresnillo, Zacatecas. De las siete víctimas al menos cuatro resultaron tener vínculos con la delincuencia organizada, y fueron protagonistas de un par de videos subidos a Internet donde asesinan a varias personas de una organización rival en la zona. En esta entidad ocurre desde hace tiempo una escalada violenta que ha estado fuera del foco mediático, pero por el caso de los militares acusados de la desaparición y asesinato de los siete civiles, el reflector giró hacia territorio zacatecano.

Germán Martín García González era un soldado de 26 años de edad que cuando fue dado de baja, hace algunos meses del 97 batallón de infantería en Fresnillo, Zacatecas, quedó fichado al quedar corroborado que tenía vínculos con el crimen organizado. Este individuo era uno de los operadores en el municipio de Calera del cartel de Golfo. Semanas antes de su muerte había subido a la red de Internet un par de videos donde, de acuerdo a la Procuraduría de Justicia del estado, aparecía junto a otros hombres en escenas donde decapitaba a unas personas.

El nombre de García González salió a relucir en la primera semana de julio, cuando familiares de un grupo de jóvenes denunciaron la desaparición de cinco hombres y dos mujeres, entre los que se encontraba el ex militar. En una protesta pública en el municipio, colocaron una manta que decía: "Calera está de luto. A todas las autoridades, población y de derechos humanos. A todas las autoridades del estado de Zacatecas, especialmente al gobernador Miguel Alonso, fiscal, pero sobre todo y especialmente al gral. Salvador Cienfuegos Zepeda y general Antelmo Rojas Yáñez de la 11º zona militar, les pedimos nos ayuden a resolver nuestros casos. Solo queremos una explicación, nos digan donde están nuestros familiares o de menos los cuerpos, ya que el martes 7 de julio del 2015 irrumpieron 4 unidades del Ejército Mexicano con la número 0897 alrededor de las 05:30am, donde entraron a varios domicilios y se llevaron a varios de nuestros familiares, entre hombres y mujeres y un menor. Dicho batallón de Fresnillo, Zacatecas, al mando del coronel Martín Pérez Reséndiz, a quien hacemos responsable mientras no tengamos noticias de nuestros familiares".

Más adelante el mensaje concluía: "Exigimos apoyo, y no económico, sino para esclarecer el caso de nuestros familiares, fueron secuestrados por el Ejército Mexicano. Autoridades, ayúdenos a dar con ellos, para que usted mayor Roberto Muñoz Mejía, de justicia militar, nos brinde su apoyo ya que la justicia militar tiene sus reglamentos y artículos a los que deben apegarse. Están para proteger y no para secuestrar y desaparecer gente. Aquí tienen las fotos de los desaparecidos por los militares". La manta con el texto fue colocada a las afueras del lugar donde decían que habían llegado los soldados para llevarse a los civiles.

La protesta tuvo eco en medios locales y nacionales. Las notas decían que los soldados se habían llevado por la fuerza a unos "jornaleros", quienes "trabajaban limpiando los barbechos" de un rancho en el municipio de Calera. A nadie le llamó la atención que los inconformes identificaran por su nombre y apellido a los mandos de la unidad militar, a quienes acusaron de estar detrás de los hechos.

Dos días después la procuraduría de justicia zacatecana anunciaba el hallazgo a las afueras de Jerez, de los cuerpos en dos fosas distintas de los siete desaparecidos, quienes presentaban huellas de tortura y un tiro en la nuca. La repercusión mediática del caso, llevó a la secretaría de la Defensa Nacional a anunciar la intervención de la Procuraduría de Justicia Militar, la cual concluyó en sus pesquisas que había responsabilidad en los hechos por parte del coronel Pérez Reséndiz, hasta ese momento comandante del 97 de infantería. Junto a tres militares más, el oficial fue llevado a la prisión militar de La Mojonera, en el campo militar de Guadalajara, Jalisco. Por tratarse de acusaciones donde está involucrada población civil en calidad de víctimas, el caso fue atraído por un juzgado federal el cual inició juicio por los delitos de desaparición y homicidio contra los cuatro acusados.

Pugna Golfo-Zetas

Hallados los cuerpos sin vida de los siete desaparecidos, consignados los cuatro militares acusados por el caso, en los últimos días de julio comenzó a fluir información que estaba resguardada hasta ese momento. Primero se dio a conocer de manera anónima un par de videos que difundió el Blog del Narco, donde aparecían cuatro de los supuestos "jornaleros", mientras interrogaban a unos individuos a quienes posteriormente asesinaban.

Las víctimas que salían en esas imágenes, aparecieron días después en una fosa en un rancho a las afueras de Calera. La forma en cómo dieron con ellos fue vía denuncia anónima a la policía. Días después, Leticia Soto Acosta, Procuradora General de Justicia de Zacatecas, señaló que había relación entre éstas personas y al menos cuatro de los siete individuos que fueron hallados semanas antes a las afueras de Jerez.

"Ahí están las personas que en su momento fueron ejecutadas por una célula de la delincuencia organizada, la cual operaba en Calera y cuyos integrantes fueron desaparecidos, caso que está siendo investigado por la Procuraduría General de la República (PGR) debido a la supuesta participación de integrantes del ejército", señaló en conferencia la funcionaria.

Por la ropa que vestían y las características del lugar, se fortalecieron las evidencias de que las víctimas que aparecían en uno de los videos eran las mismas que encontraron en las fosas. En ese video se observa, explicó la procuradora, cómo cuatro de los siete individuos "levantados" en Calera presuntamente por miembros del ejército, privan de la vida a varias personas, entre las que habría "por lo menos siete" de los que de forma posterior fueron hallados.

Junto al ex militar Germán Martín García González, aparecían en uno de los videos Víctor Hugo González, Guillermo García y Fernando José Rodríguez, identificados por la procuraduría zacatecana como miembros del cartel del Golfo, en el momento en que asesinaban a tres personas, las cuales presuntamente formaban parte del grupo criminal antagónico autodenominado los Zetas.

El periódico regional Imagen, editado en Fresnillo, Zacatecas, publicó que los siete "jornaleros" en realidad eran miembros del cartel del Golfo. El rotativo citó fuentes oficiales que señalaron que los cinco hombres y dos mujeres, se dedicaban al tráfico de droga y asesinatos encabezados por el ex militar García González, quien había pertenecido al 97 de infantería de donde fue dado de baja al comprobarse sus ligas con el narco. Una versión señalaba que había una animadversión entre el coronel Pérez Reséndiz y el ex soldado García González, lo cual había motivado el operativo militar del día 7 de julio que desembocó en el secuestro y asesinato de los siete civiles.

El 7 de julio hubo una fiesta en la casa de uno de los integrantes de esta célula criminal, en la madrugada se presentaron los militares que iban encabezados por el coronel Pérez Reséndiz, y se los llevaron. Cuatro fueron arrojados en un predio cercano a la presa de el Tesorero, y tres más en un paraje próximo a la comunidad de El Naranjal, reportó el rotativo.

La retórica de los derechos humanos

Cercano al general Salvador Cienfuegos Zepeda, titular de la Defensa Nacional, el coronel Pérez Reséndiz ex comandante del 97 de infantería, es conocido por sus contemporáneos por ser un oficial "alineado" con los mandos superiores, y represivo con los subordinados. Algo falló en sus cálculos en la operación contra los siete civiles, que fue exhibido al detalle con datos como el tipo de vehículo, matrícula, y número de efectivos con los que realizó la detención.

Hasta hace unos meses el jefe militar se jactaba de ser un defensor de los valores éticos y los derechos humanos. En diferentes mensajes en ceremonias cívicas del municipio de Fresnillo, el coronel decía que el respeto a la dignidad y los derechos de las personas era norma común para todos los militares que estaban bajo su mando. No desperdiciaba oportunidad de mostrar ante las cámaras que actuaba en consecuencia, en la red de videos de You Tube existen algunas imágenes donde aparece en eventos, acompañado de su esposa, otorgando reconocimientos.

Hacia dentro del cuartel era otra cosa. El batallón 97 de infantería se había ganado la confianza de buena parte de sociedad a raíz del programa de denuncia ciudadana. Las tropas bajo su mando no permanecían ajenas a la realidad que rodeaba al municipio y otros circunvecinos, las disputas sangrientas entre el cartel del Golfo y los Zetas, tenían atemorizada a la población y era común escuchar hasta hace poco tiempo que las carreteras como la que conduce a Jerez, estaban bajo control del narco.

La aplicación de la fuerza sin que mediara algún protocolo, fue lo que terminó por hundirlo. Tras conocerse el caso de los siete civiles que detuvo junto a sus tropas y que aparecieron muertos con huellas de tortura días después, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), emitió un pronunciamiento donde manifestó su preocupación sobre la participación de las fuerzas militares en hechos "graves" de violencia en México.

El manifiesto de la CIDH, dado a conocer en los primeros días de este mes de agosto, no solo fue por lo ocurrido con los militares en Calera, Zacatecas, sino también por lo sucedido en la comunidad indígena de Santa María Ostula, Michoacán, donde fuerzas federales encabezadas por el ejército, policías estatales y municipales, realizaron un operativo conjunto en el que dos personas murieron, entre ellas un menor de 12 años, y cuatro más resultaron heridas. La preocupación del órgano de la OEA (Organización de Estados Americanos), se fundó en que con base en la información que recibieron, del uso de gases lacrimógenos y disparos "indiscriminados contra la población", mostraban que la intervención militar en este tipo de casos era muy riesgosa para los derechos humanos.

La CIDH instó al gobierno de México a que los asuntos que tengan que ver con la seguridad ciudadana, la delincuencia y la violencia en el ámbito interno, deberán ser competencia "exclusiva" de cuerpos policiacos civiles, bien entrenados, organizados y capacitados, "eficientes y respetuosos de los derechos humanos". "Las fuerzas armadas son entrenadas para la defensa de un país contra un enemigo externo, por lo cual carecen del entrenamiento adecuado para cumplir con la misión de hacer cumplir la ley, tarea para la cual se requiere trabajar conjuntamente con las y los habitantes del país. Por ello, es fundamental la separación clara y precisa entre la seguridad interior como función de la policía y la defensa nacional como función de las fuerzas armadas", concluyó el organismo.

sitio web. www.estadomayor.mx