Sábado, 17 de Agosto de 2019
CIUDAD VALLES, S.L.P.
DIRECTOR GENERAL.
SAMUEL ROA BOTELLO
Semana del 12 de Julio al 18 de Julio de 2019

El abuso del poder

El abuso del poder

Fernando Garduza


La semana pasada fue una de las peores para Francisco Xavier Nava Palacios como alcalde, a causa de los hechos violentos de sus oficiales de seguridad en contra de una oficial del Registro Civil, caso que en un principio causó indignación local y con el paso de los días provocó pronunciamientos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), el Observatorio de Participación Política de las Mujeres, legisladores locales y federales, de los partidos políticos, entre otros miembros de la opinión pública. Todos ellos condenando el actuar de las autoridades y pidiendo acciones en contra del excesivo uso de la fuerza. El caso llegó a medios nacionales y el alcalde, atendiendo únicamente a la presión, tuvo que hacer un pronunciamiento en contra de los abusos, aunque no fue convincente.

EL ORIGEN
Cuando María Teresa Carrizales Hernández fue desalojada con excesivo uso de la fuerza pública, como se observó en un video que circuló ampliamente por redes sociales, la versión oficial fue que había sido dada de baja, sin embargo el ayuntamiento no pudo explicar desde el principio los motivos y el sustento para su baja, por lo cual, la abogada, con la experiencia necesaria, previo a su desalojo mostró su nombramiento, ante lo que los oficiales, a cargo de Edgar Oswaldo Jiménez Arcadia, director general de Seguridad Pública Municipal, no mostraron documento que lo refutara, en cambio procedieron al desalojo con el uso de la fuerza.

La oficial de Registro Civil número 11, realizó una denuncia a finales de mayo, a manera de asesoría a ciudadanos que se quejaron dado que el ayuntamiento, durante los primeros tres meses del año, realizó cobros indebidos en matrimonios y registro de sentencias de divorcio.
El secretario general del Ayuntamiento, Sebastián Pérez García alteró los tabuladores de los servicios y durante los primeros tres meses del año los cobros fueron más altos de lo aprobado, por lo cual, ya en abril, envió un oficio como fe de erratas para enmendar el supuesto error.

Pérez García fue denunciado por varios ciudadanos porque durante los tres primeros meses del año, hubo un incremento que consideraron abusivo, en los diversos servicios que realizan las oficialías del Registro Civil como matrimonios y los registros de las sentencias de divorcio.

“No es un error, hay dolo y mala fe del funcionario municipal, permitió que se cobrara más de lo que se estableció en la Ley de Ingresos del Municipio para este 2019, porque durante los meses de enero, febrero y marzo por concepto de los matrimonios celebrados en las oficialías se cobró un monto de 2 mil 53 pesos con 60 centavos; mientras que por los matrimonios a domicilio se cobró 4 mil 107 pesos con 20 centavos”, expresaron varios ciudadanos.

La Ley de Ingresos aprobada por el Cabildo y el Congreso del Estado determinó que por los matrimonios en las oficialías se cobrara mil 689 pesos con 80 centavos, y por los realizados en domicilios, 3 mil 379 pesos con 60 centavos.

En cuanto al registro de las sentencias de divorcio, se estuvo cobrando en el primer trimestre del año 770 pesos con 10 centavos, cuando el cobro autorizado fue de 633 pesos con 68 centavos. Esta situación fue confirmada por la propia Carrizales Hernández.

Al verse expuesto por las diversas quejas recibidas en las oficialías del Registro Civil, Pérez García trató de enmendar con una fe de erratas en un oficio fechado el 27 de marzo pasado, donde señaló que el tema se debió a “un error involuntario al momento de la elaboración de la tabla de servicios de las tarifas a aplicarse en UMA’s…”

CEDIÓ A LA PRESIÓN
Luego de que el alcalde Xavier Nava se vio expuesto a nivel nacional, mediante Twitter fijo un pronunciamiento que no dejó conforme a la opinión pública, pues primero, ante medios locales había declarado que él no había visto violencia en el desalojo. Además, en rueda de prensa sus funcionarios trataron de justificarse, son embargo también se contradijeron entre ellos mismos en declaraciones aparte.

“Una semana TARDE. INVISIBILIZANDO a la víctima, tiene nombre: Teresa Carrizales. Llamando “tema” a un BRUTAL abuso de poder. Sin responder por qué no respetó el debido proceso, su dignidad, ni sus DERECHOS HUMANOS. Xavier @navaslp ENCUBRE funcionarios golpeadores”, escribió como respuesta el analista político Oswaldo Ríos al Tuit en el que Nava Palacios se pronunció luego de la exposición nacional del tema.

Nava escribió: “Sobre el tema de la Ex Oficial 11 del Registro Civil…”, acompañado de una imagen con el texto: “Nuestro compromiso es y será siempre con los potosinos. Somos los más interesados en que este asunto se esclarezca conforme a derecho y actuaremos en consecuencia, sin prejuicios y sin reservas. Nada ni nadie por encima de la ley”.

Así, Nava Palacios se mantuvo en su postura de que en el desalojo de Carrizales Hernández “no hubo exceso de fuerza, el procedimiento fue el correcto, dentro de la normatividad”, lo cual declaró al principio del caso pese a que en breve aparecieron condenas incluso por parte de sus propios regidores, quienes pidieron investigación y destitución a los responsables de estos hechos.

La administración navista fue expuesta como corrupta (por el caso que generó la destitución de Carrizales Hernández), represora y vengativa en cadena nacional, a través de los noticieros de Joaquín López Dóriga, José Cárdenas, Denise Maerker, y medios como Milenio.

Carrizales Hernández sufrió un acto de abuso de poder y misoginia por parte del ayuntamiento a través de Pérez García y el titular de la DGSPM, Jiménez Arcadia, cuando fue desalojada con lujo de violencia de su oficina. Por instrucciones del secretario general, el titular de la DGSPM encabezó el operativo de desalojo en contra de la oficial sin ningún mandamiento legal.

El argumento fue que la oficial había rechazado una indemnización y que había violentado sellos y chapas de su propia oficina; sin embargo, eso pasó a segundo término con el abuso de autoridad y excesivo uso de la fuerza con el que procedieron en el desalojo, el cual incluso fue avalado por la coordinadora de Derechos Humanos del Municipio, Olga Palacios.

La afectada presentó una denuncia por abuso de autoridad y otros delitos que resulten, además de solicitar al Congreso del Estado un juicio político en contra de Nava Palacios y de pedir ayuda al presidente Andrés Manuel López Obrador y al gobernador Juan Manuel Carreras López en un video que subió a redes sociales.

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