Viernes, 03 de Abril de 2020
CIUDAD VALLES, S.L.P.
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SAMUEL ROA BOTELLO
Semana del 21 de Febrero al 27 de Febrero de 2020

La descarnada realidad de los feminicidios y los medios de comunicación

La descarnada realidad de los feminicidios y los medios de comunicación

Mariel Sánchez


El caso del feminicidio de Ingrid Escamilla, ocurrido la semana pasada en la CDMX, ha causado conmoción, pero también controversia y molestia de la ciudadanía contra las autoridades que estuvieron en la escena del crimen, quienes, tras tomar imágenes fotográficas como parte de la investigación del caso, posteriormente filtraron irresponsablemente, a los medios de comunicación la crueldad de las personas para dar muerte a otro ser humano.

Sectores de activistas, feministas, ciudadanos, familiares, políticos, entre otros alzaron la voz para reprochar la filtración de las crudas imágenes, una mujer asesinada brutalmente, descarnada por su pareja, un hombre, bajo el influjo de sustancias tóxicas que le doblaba la edad, hechos que ocurrieron frente a los ojos de su hijo, un adolescente con espectro autista.

Ante toda la ola de reproches, la Fiscal General de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, planteó la creación del artículo 293 Quater ante el Congreso Local, para que se otorguen de dos a ocho años de prisión a servidores públicos que difundan imágenes, audios, videos o documentos del lugar de los hechos, del hallazgo, indicios, evidencias, objetos, instrumentos relacionados con el procedimiento penal o productos relacionados con un hecho que la ley señala como un delito, se le castigará con prisión de dos a ocho años y una multa de entre 43 mil 440 a 86 mil 880 pesos.

Cuando se trate de información víctimas mujeres, niñas, adolescentes, las penas se llegarán hasta 12 años de prisión y en caso de que el servidor público que filtre la información sea un integrante de alguna institución policial, podrían ir a prisión hasta por 16 años.

De tratarse de difusión de imágenes, audios o videos de cadáveres o partes de cuerpo, de las circunstancias de la muerte -lesiones o estado de salud-, las penas se incrementarán hasta en una tercera parte.

En SLP, ocurrió un caso similar que quedó en intento de feminicidio, hecho ocurrido en 29 de agosto del 2018, cuando una mujer fue privada de su libertad en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, por el conductor de una unidad de transporte de personal de la BMW, quien a base de violencia física la obligó a subir al vehículo llevándola con rumbo desconocido, para despues ultrajarla.

Después de ese delito, y de acuerdo a la información oficial proporcionada por la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), hoy Fiscalía General del Estado (FGE), "al contar con un arma blanca, la agredió en varias ocasiones, provocándole lesiones de gravedad, por lo que después la abandonó en una calle de la colonia El Morro, donde fue auxiliada y trasladada a una clínica para recibir la atención médica correspondiente".

El día de los hechos, a temprana hora, la PGJE difundió un boletín de prensa, donde se expuso el caso sin mayores datos, el caso pasó a ser, uno más de las estadísticas; pero con el paso de las horas, cerca del medio dia, cuando trascendieron las crudas imágenes, el caso comenzó a tomar mayor importancia entre la sociedad.

Sin embargo, dicha proliferación de imágenes de la joven víctima, como ocurrió en el caso de Ingrid Escamilla, desató una furia social, curiosamente bifurcada en dos aspectos: la molestia de la gente, su coraje porque difundieron material gráfico que revictimizaba a Berenice "N", pero también el efecto que causó que la descarnada violencia de ese delito, activó al sistema de seguridad y procuración de justicia, como pocas veces, para resolver ese crimen con rapidez.

En el caso de Ingrid su victimario se entregó y relató los hechos; pero en SLP en el expediente de Berenice "N", de no haber trascendido las imágenes en diversos medios informativos que fueron denunciados por re victimización, no habría ocurrido nada, el caso, habría pasado a ser uno más de las investigaciones de la PGJE; sin embargo, su publicación, llena de lastimosa crudeza ocasionada por un ser humano a otro más indefenso, causó que todos los sectores se unieran en una sola voz para exigir justicia, apresurando a las autoridades a dar certeza sobre la identidad del criminal así como a su posterior detención, el cual resultó ser un violador serial, mismo que fue recluido y sentenciado por los delitos cometidos.

No representa ningún mérito para medios de comunicación alguno, la difusión dolosa o malintencionada de ese tipo de imágenes, su aporte debe ser siempre dentro de una responsabilidad para con la sociedad, no debe confundirse la evidencia cruda de una realidad que lastima a las mujeres, sino entenderse como el grito social que clama, porque nunca haya impunidad en los feminicidios, y porque de una vez por todas, las autoridades garanticen la seguridad e integridad de una, de todas ellas.

Las imágenes de espanto, miedo y enojo, sintetizan lo que se ha dejado de hacer, una omisión de oprobio.

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