MarÃa José Puente Zavala
La FiscalÃa Anticorrupción en San Luis Potosà ha conseguido cero sentencias condenatorias entre 2020 y 2022, de acuerdo con la segunda edición del reporte "Levantemos la Voz de las FiscalÃas Anticorrupción", elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad y la organización TOJIL.
A través de solicitudes de transparencia a las 32 entidades, ambas organizaciones evaluaron a las FiscalÃas Anticorrupción de todo el paÃs, a través de 64 variables integradas dentro de cinco ejes de análisis: marco jurÃdico, recursos, capital humano, procesos y resultados.
En términos generales, entre 2020 y 2022, San Luis Potosà se ubicó entre las 29 entidades que no mejoraron, ni empeoraron en el eje de Marco JurÃdico, que evalúa la existencia de normativa vigente y aplicable.
Por otro lado, es uno de los seis estados que redujeron su presupuesto; de hecho, es el que más redujo su presupuesto en 2022, por lo que obtuvo una evaluación negativa en el eje de recursos, donde se analiza la cantidad y efectividad de los recursos materiales y financieros.
En cuanto al capital humano, un eje que evalúa la cantidad y calidad de los servidores públicos en dicha división de la FiscalÃa General del Estado, la entidad potosina es una de las seis que empeoraron.
En el caso del eje Procesos, donde se evalúan las prácticas formales e informales en el funcionamiento de la FiscalÃa Anticorrupcio?n, San Luis Potosà es uno de los 24 estados que no mejoraron ni empeoraron.
MARCO JURÃDICO, UN RENDIMIENTO REGULAR
De acuerdo con el documento, San Luis Potosà obtuvo una calificación regular en cuanto a la existencia de normativa vigente y aplicable; una situación en la que también se encuentran estados como Campeche, Aguascalientes, Chiapas, Estado de México, Guanajuato, Morelos, Nayarit, Sinaloa, Tlaxcala, Veracruz, Zacatecas, Chihuahua Ciudad de México, Coahuila, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sonora, Tamaulipas, Tabasco y Yucatán.
El estudio exhibe que la FiscalÃa Anticorrupción en San Luis Potosà no cuenta (o al menos no entregó información sobre) reglamento interno, manual de procedimientos, Protocolo de investigación, Protocolo de audiencias, Protocolo de protección a testigos, Protocolo de entregas vigiladas, Protocolo de operaciones encubiertas, Protocolo de corrupción al interior, ni sobre los acuerdos tomados.
Este eje, explican las organizaciones, es importante porque "existe una fuerte relación entre contar con un marco jurÃdico adecuado y mejorar los procesos de investigación en delitos de corrupción"; además, "los instrumentos jurÃdicos dotan a las fiscalÃas de certeza respecto de los pasos que deben seguir, promueven una labor con mayor eficiencia en el uso de recursos humanos y materiales, y mejoran la relación con los primeros respondientes".
PRESUPUESTO, EN PICADA
Aunque el estado potosino es uno de los estados que cuenta con autonomÃa en cuanto al nombramiento de su titular, su calificación en el eje de Presupuesto fue deficiente debido a un desplome del 87,4% en la asignación de recursos entre 2020 y 2022.
La FiscalÃa Anticorrupción que opera desde mayo de 2021 con Felipe Aurelio Torres Zúñiga a la cabeza, pasó de recibir 5 millones 590 mil 140 pesos en 2020, a recibir únicamente 705 mil 330 pesos para 2022.
Con la misma calificación resultaron entidades como Chiapas, Colima, Estado de México, Guanajuato, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.
Por otro lado, aunque San Luis Potosà cuenta con presupuesto asignado, no tiene independencia presupuestal; y no tiene tampoco presupuesto para la adquisición de inmuebles, vehÃculos, equipo de cómputo, mobiliario o software de gestión.
CAPITAL HUMANO, ESCASO Y POCO PREPARADO
Otra asignatura en la que San Luis Potosà obtuvo una calificación deficiente es el eje de Capital Humano, donde también se ubicaron estados como Chiapas, Colima Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Veracruz y Yucatán.
El resultado llama la atención, pues en 2020 la calificación obtenida fue regular y entre los motivos del descenso se encuentran que en la FiscalÃa Anticorrupción potosina no todos los Ministerios Públicos tienen licenciatura, ni los peritos, ni los policÃas de investigación, ni los analistas.
Tampoco todos los oficiales ministeriales tienen el bachillerato y, en total, ninguno de los perfiles mencionados ha recibido capacitación ya laborando en la dependencia. El único aspecto donde se consideró un acierto es que sà hay investigaciones en curso contra el personal por las que se contemplan sanciones.
Más aún, San Luis Potosà aparece como el cuarto estado con menos Ministerios Públicos en México; y junto con estados como Guanajuato y Sonora, disminuyó el número de peritos y policÃas disponibles en comparación con 2020.
En cuanto a la evolución de las investigaciones promedio por Ministerio Público (MP), policÃa y perito, San Luis Potosà no presentó información de 2022 para hacer el comparativo; pero en 2020 informó que, en promedio, cada MP llevaba 38 investigaciones; cada policÃa 75; y cada perito 75.
PROCESOS, EL ÃNICO ACIERTO
Sobre sus procesos, un eje con el objetivo de identificar las practicas formales e informales que realizan las FiscalÃas en el desarrollo de sus funciones, la FiscalÃa Anticorrupción de la entidad potosina consiguió su única calificación satisfactoria.
El grupo de investigadores buscó obtener información sobre los mecanismos y procesos para el inicio y desarrollo de las investigaciones, entre otros aspectos; y encontraron que en San Luis Potosà se cuenta con protocolos para investigación, medios de denuncia, procesos para denuncia anónima y la facultad de realizar investigación de oficio.
También se otorga el carácter de vÃctima a quien denuncia y se cuenta con una plataforma informativa; sin embargo, no se transparenta el esquema organizacional, ni se registra el plan de investigación o se establecen convenios de colaboración con otras instituciones para investigar los hechos.
Otros estados evaluados con una calificación satisfactoria en este eje son Aguascalientes Coahuila, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sonora, Tabasco y Zacatecas.
LO PEOR: AUSENCIA DE RESULTADOS
"El eje de resultados tiene como objetivo conocer el número de procesos penales iniciados por delitos de corrupción, el número de procesos resueltos y su forma de terminación o resolución", detalla el estudio.
San Luis Potosà consiguió una calificación regular, igual que estados como Aguascalientes, Campeche, Chihuahua, Ciudad de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco Nuevo León Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sonora, Tabasco, Tlaxcala y Zacatecas.
Pese a todo, la calificación del estado mejoró, pues en la edición 2020 del estudio se consideró deficiente.
Indican las estadÃsticas que las investigaciones iniciadas pasaron, de 2020 a 2022, de 75 a 423; las investigaciones determinadas, de 23 a 130; las investigaciones determinadas por archivo temporal, de 11 a 25; las investigaciones judicializadas, de cero a 19; las investigaciones vinculadas a proceso, de cero a diez; pero además se obtuvieron cero sentencias condenatorias en ambos años.
En lo referente a sentencias condenatorias, solo nueve fiscalÃas en todo el paÃs reportaron haber obtenido alguna, de tal suerte que el estudio concluye que "las entidades federativas no han logrado consolidarlas para que puedan prevenir, investigar y, en su caso, sancionar penalmente a las y los responsables de cualquier hecho de corrupción".
"En un paÃs en donde la corrupción constituye uno de los principales problemas según la percepción de la ciudadanÃa", lamentan los académicos, "los resultados de la segunda edición del reporte son preocupantes y desalentadores".
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