Semana del 04 de Marzo al 10 de Marzo de 2023

SLP, aún lejos de erradicar la corrupción

SLP, aún lejos de erradicar la corrupción

Aunque en cada proceso electoral los discursos de las y los políticos hablan de promesas de mejor el porvenir de la población, y principalmente del abatimiento de la corrupción, una vez en el poder terminan por ser parte del sistema corrupto, ese que, por desgracia es funcional para la mayoría de las y los potosinos.

Armonización normativa con la federación en la protección a denunciantes; falta de recursos humanos, materiales y financieros; y el diagnóstico de las principales prácticas irregulares, son algunos de los problemas de aplicación del estado de San Luis Potosí en el combate a la corrupción.

Así lo da a conocer el Mecanismo Nacional de Revisión entre pares de la Aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción en México, al presentar el informe de Fortalecimiento de las capacidades de prevención de la corrupción en México.

Señala que, en materia de información pública, la entidad padece de la falta de recursos humanos, materiales y financieros, así como la rotación de personal con el que cuentan las instituciones.

Estima que es necesario implementar más acciones afirmativas y ajustes razonables por parte de los sujetos obligados, para con ello garantizar el pleno ejercicio del derecho humano de acceso a la información a los grupos en situación de vulnerabilidad.

Por su parte, en la contratación pública y gestión de la hacienda pública, detecta la necesidad de aplicar un diagnóstico de las principales prácticas de corrupción y acordar modelos de expedientes de auditoría que aseguren que las autoridades llevarán a las últimas consecuencias las prácticas indebidas en materia de contrataciones públicas.

Encuentra la ausencia de adecuación normativa a la Ley de Adquisiciones, en el sentido de establecer montos máximos para la contratación de servicios profesionales, además de los elementos que debería contener el expediente de contratación, considerando el perfil académico de los prestadores de servicios profesionales.

Y quizá en uno de los puntos más importantes, o sea, respecto de la protección de los denunciantes, ubica la urgencia de habilitar y echar a funcionar el Sistema 5 de la Plataforma Digital Estatal, correspondiente a denuncias públicas de faltas administrativas y hechos de corrupción.

Pero también, voluntad legislativa de las y los diputados para la elaboración de leyes apropiadas, armonización con las leyes federales y promover las capacidades para la implementación adecuada del anexo transversal de la Política Estatal Anticorrupción.

¿CULTIVO PARA LA CORRUPCIÓN?
Recopila que el estado cuenta con 58 municipios que en extensión representan el 3.1% del territorio nacional. Su población es de 2.8 millones de habitantes, es decir, el 2.2 % del total del país.

La distribución de la población es 67 % urbana y 9.6 % rural, mientras que los años de escolaridad promedio son de 10.5 (casi primer año de educación media superior). El promedio nacional es de 9.7 años.

Indica que los hablantes de lengua indígena de 3 años y más son 9 de cada 100 personas. El comercio es el sector de actividad que más aporta al Producto Interno Bruto (PIB) estatal y la aportación al PIB nacional, ya que en el año 2020 fue de 2.3 %, según datos del INEGI.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG), hasta el año 2021 el porcentaje de personas que consideran que los actos de corrupción son frecuentes o muy frecuentes en la entidad, fue de 85.1% en 2019 y de 86.2% en el 2021, lo que significó un aumento de 1.1% entre ambos períodos.

¿DE QUÉ FORMA SE PUEDE INCIDIR?
El informe recomienda a la estructura institucional de San Luis Potosí, a través del Congreso del Estado y sus municipios, generar mecanismos presupuestarios como fondos, fideicomisos, Asociaciones Público-Privadas [APP] u otras figuras financieras a mediano y largo plazo para invertir en infraestructura tecnológica que permita cumplir con la digitalización de la información pública.

Considera que el Poder Legislativo puede generar estímulos presupuestarios o de otra índole, sobre todo, en los municipios, para que promuevan el servicio civil de carrera en las unidades de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales.

Propone la generación de lineamientos para crear los perfiles específicos en materia de transparencia de las instituciones y que estos tomen en cuenta las características, situaciones y presupuestos de las instituciones estatales y municipales, considerando sus ventajas y desventajas.

Asimismo, elaborar una metodología para la identificación y clasificación de las necesidades de información registradas en las solicitudes de acceso a la información, y un programa anticorrupción.

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