Semana del 17 de Abril al 23 de Abril de 2026

Reprueba GCE evaluación sobre desarrollo policial

Reprueba GCE evaluación sobre desarrollo policial

Es una realidad que la corporación estatal le ha puesto el pecho a las balas ante el asedio de la delincuencia organizada, sin embargo, al interior donde no se ven las entrañas de quienes la operan todavía hacen falta muchos aspectos para realmente valorar el desempeño de la materia prima más indispensable: los policías.

La evaluación de la Guardia Civil Estatal (GCE) de San Luis Potosí, obtuvo una calificación global de -53 que revela la necesidad de fortalecer diversos aspectos clave del desarrollo policial. Además, la disponibilidad de información limitada al 87%, dificultó obtener una visión completa del estado actual de la corporación.

Así lo señaló el Informe de Transparencia sobre el desarrollo de las instituciones de seguridad pública, penitenciarias y de procuración de justicia 2025, coordinado por la organización Causa en Común A.C.

En el eje de carrera policial, señaló que no fue posible calcular el Índice de Estabilidad Laboral debido a que la institución clasificó como reservada la información sobre el estado de fuerza y sólo proporcionó el número de ingresos (240) y de bajas (206), lo que da un total de 34 elementos más.

Sobre el servicio de carrera, se confirmó, con base en información del SESNSP, que cuenta con los cinco instrumentos. Sin embargo, la institución en desconocimiento de su propia normatividad, informó la inexistencia del catálogo de perfiles.

Relativo a la escala jerárquica, se observó otra brecha normativa ya que cuenta con 8 grados activos, no obstante, en su reglamento se estipula que la organización jerárquica debe contar con al menos 11.

Tampoco se efectuó la promoción de grados, un aspecto imprescindible para promover el acceso a oportunidades de ascenso y reconocimiento.

Respecto a los estímulos se detectó que estos no aparecen establecidos en el reglamento, el cual tampoco define lineamientos específicos para su otorgamiento. Por último, se recomendó establecer en el reglamento de la institución la edad de jubilación, tomando como base el grado que ocupa el policía.

En el eje de profesionalización, alertó que la academia no cuenta con servicio o consultorio médico, lo que puede que pone en riesgo a los aspirantes, cadetes y sustentantes en situaciones de emergencia.

En cuanto a los mandos, el estudio determinó que el 97% cuenta con nivel bachillerato o superior, un nivel adecuado que permite adoptar medidas para mejorar las capacidades directivas de la corporación.

Además, es destacable que la institución dispone de un programa de formación inicial para policía de proximidad con 1,200 horas de aprendizaje, lo que en parte puede explicar que el costo de formación inicial por cadete se situó en 22 mil 916 pesos, fuera del rango de la media obtenida.

Respecto a la formación inicial, informó que obtuvo una eficiencia terminal de 100%, aspecto que supone un uso eficiente de los recursos y evita el retraso en la incorporación de nuevos policías estatales.

Si bien la institución otorgó una copia del programa o estrategia de formación policial, es necesario efectuar un diagnóstico de necesidades de capacitación que permita focalizar los recursos en las debilidades detectadas en los elementos.

La adopción de un Programa Especial de Actualización para homologar los conocimientos de los policías en activo es también imprescindible, remarcó.

Y HAY MÁS
En materia de régimen disciplinario, informó que la unidad de asuntos internos no realizó inspecciones ni supervisiones al personal.

Por ello, precisó que la unidad cumpla con sus atribuciones pues, de acuerdo con el reglamento interno, es su deber llevar a cabo inspecciones, investigación o visitas a efecto de observar el cumplimiento de las obligaciones y deberes de los policías.

Si bien dio cuenta de la cantidad de psicólogos que colaboran en la dependencia y la cifra de quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos, no se pudo establecer la tasa por cada 100 elementos, dada la falta de información sobre el estado de fuerza de la corporación.

Para mejorar el régimen disciplinario, propuso reforzar la difusión del código de ética mediante cursos, talleres, campañas internas y otros mecanismos.

En cuanto a la Unidad de Asuntos Internos, es preciso adoptar acciones para informar y difundir a la población los medios de contacto; crear lineamientos y mecanismos específicos para la recepción de quejas internas; elaborar un protocolo para la investigación de las denuncias y otro de alerta temprana, así como la adopción de mecanismos de prevención como usuarios simulados, registros y análisis de faltas frecuentes.

En el eje de seguridad social, sugirió proporcionar cobertura de servicios funerarios, una prestación que minimiza la carga económica para la familia, evitando que tengan que enfrentar gastos elevados en momentos difíciles.

Por último, es necesario desarrollar un instrumento normativo que establezca y garantice un sistema complementario de seguridad social para los policías y sus familias.

Recomendó crear lineamientos para la aplicación de la evaluación de competencias básicas, incluyendo un período de descanso y la certificación médica previa para los sustentantes; y registrar las decisiones y actividad de la comisión o consejo de desarrollo en actas, así como la elaboración de un plan de evaluaciones que establezca metas claras y transparentes.

En cuanto a la evaluación de control de confianza, se considera necesaria la adopción de medidas para elevar el porcentaje de elementos con controles de confianza aprobados y vigentes.

Advirtió que las instituciones deben informen con claridad, cuántos elementos que no acreditan la prueba son dados de baja de la institución, ya que no existe relación entre el número de bajas y el personal que no acredita el control de confianza.

Respecto al eje de perspectiva de género, no fue posible determinar el porcentaje de mujeres policías, la distribución de la carga operativa entre mujeres y hombres y el porcentaje de mujeres en posiciones de mando.

Evidenció que, en el uso progresivo de la fuerza, muestra deficiencias críticas, porque no se transparentó el tipo de armas menos letales con las que cuenta la institución, ni el equipo de protección que se brinda a los elementos, lo que impide la rendición de cuentas en esta área.

Lamentó que, en lugar de proporcionar un protocolo de actuación sobre el uso de la fuerza se proporcionó una ley, a lo que se suma la falta de un manual de técnicas para el uso de la fuerza y de un protocolo de actuación con perspectiva de género para niñas, niños y adolescentes.

Por lo anterior, se considera indispensable la adopción de un manual de tiro con un estándar de prácticas y cartuchos percutidos, así como, garantizar que los policías puedan acudir al menos una vez al año. Otra situación que requiere atención es que en relación con la elaboración del informe público anual sobre el uso de la fuerza, la institución incumple el mandato de los artículos 4 y 35 de la ley, lo que evidencia la inexistencia de una política nacional de evaluación y rendición de cuentas en la materia.

"En conclusión, la policía estatal de San Luis Potosí presenta importantes retos en materia de desarrollo institucional, requiriendo un esfuerzo coordinado para mejorar el cumplimiento normativo de todos los ejes", finalizó.

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