Aunque no se trata de un fenómeno generalizado en la entidad, por primera vez un estudio oficial identifica el esbozo de lo que puede suceder cuando la gobernabilidad pasa a segundo término y administra la delincuencia.
Entre octubre de 2020 y octubre de 2025, al menos un integrante experimentó desplazamiento forzado interno en 10 mil 300 hogares de las cuatro regiones geográficas del estado de San Luis Potosí.
De estos datos, en 8 mil 200 hogares donde habitaban 28 mil 200 personas una de las personas se vio en la obligación de tener que movilizarse del domicilio, debido a cuestiones relacionadas con inseguridad delictiva o violencia.
Por su parte, un miembro de 2 mil 100 hogares conformados por 6 mil 500 habitantes, se mudó obligadamente a causa de catástrofes naturales (todo tipo de fenómenos climáticos) o de origen humano.
Con estos datos, la entidad potosina reportó un porcentaje de 1.0 por ciento por inseguridad delictiva o violencia y 1.1 por inseguridad o desastres naturales, que lo ubicó entre las 5 entidades con menores indicadores.
El listado lo lideró Coahuila con 0.8 por ciento; Nuevo León con 0.9 por ciento; Oaxaca con 0.9 por ciento; Campeche con 0.9 por ciento y después San Luis Potosí con 1.1 por ciento en ambos indicadores.
El desplazamiento forzado interno se refiere a los hogares en los que al menos una persona integrante experimentó una situación de desplazamiento por inseguridad delictiva o violencia, o catástrofes naturales o de origen humano.
La información de personas corresponde a todas las que habitaban en esos hogares, explican los resultados de la Encuesta Intercensal 2025, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
DESDE LA ACADEMIA
La generación de olas de desplazamiento suele estar acompañada de denuncias sobre homicidios, desaparición y "levantamientos de personas", entre otras expresiones de amenaza a la vida e integridad de las personad, advierte el estudio "Desplazamiento forzado interno y violencias en México: causas, trayectorias y efecto".
La investigación encabezada por la UNAM, señala que las personas empobrecidas, mujeres, infancias y adultos mayores son quienes enfrentan mayor vulnerabilidad en la degradación de su dignidad y vulneración de derechos.
Manifiesta que dicha problemática genera impactos negativos a corto, mediano y largo plazo, pues no solo implica que las personas deben huir de sus lugares de origen, sino que deben volver a instalarse y generar una nueva vida, es decir, empezar desde cero.
En el mejor de los casos encuentran asilo con familiares en el nuevo lugar de destino, pero cuando no conocen a nadie ni tiene mayor vínculo deben padecer segregación, falta de oportunidades, de acceso a la educación, a la salud y demás servicios básicos.
"Esperamos que estos trabajos sean también un insumo para promover discusiones públicas en la materia. que las instituciones estatales hagan frente con la responsabilidad que les corresponde a una crisis humana de la que recientemente estamos empezando a tener conocimiento abierto, y que los actores colectivos involucrados en la promoción de sus derechos v una agenda integral de atención y reparación los encuentren como herramientas útiles para tal fin", finaliza la investigación académica.
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