GOLPE A LA DELINCUENCIA: DESMANTELAN RED ILEGAL DE VIDEOVIGILANCIA EN LA HUASTECA
Acciones firmes y directas dieron resultados en la Huasteca, donde la Guardia Civil Estatal logró desmantelar una red de videovigilancia instalada por un grupo delictivo para monitorear movimientos de autoridades y ciudadanos. En una intervención operativa derivada de diversos reportes, los agentes aseguraron 13 cámaras colocadas en puntos estratégicos como Norte Residencial, Montecillos y el primer cuadro de Ciudad Valles, todas de procedencia ilícita.
El equipamiento decomisado ya fue entregado a la Fiscalía General del Estado para continuar las investigaciones. Este tipo de operativos confirma que la corporación estatal mantiene presión constante contra estructuras criminales que buscan controlar espacios públicos. La SSPCE reiteró el llamado a la población para denunciar cualquier acto sospechoso al 911 o 089, porque la seguridad se fortalece cuando autoridad y ciudadanía actúan en conjunto. Operativos así dejan claro que en San Luis Potosí no hay espacio para la delincuencia organizada.

MALTRATO A LOS PUEBLOS INDÍGENAS
El conflicto que hoy sacude al Ayuntamiento de Enrique Galindo no es menor ni se puede esconder bajo alfombras oficiales. Palmira Flores García, mujer triqui y ex titular de la Unidad de Atención a los Pueblos Originarios, denunció sin titubeos que el gobierno municipal incumple, simula y maltrata a las comunidades indígenas. Y el nombre que más resalta en esta cadena de abusos es el del secretario general, Fernando Chávez, señalado por su actitud grosera, prepotente y, como se le conoce en los pasillos, un vocífero etílico que opera con desplantes y malos modos en lugar de con respeto.
Mientras Galindo presume “diálogo”, Palmira Flores revela la otra cara: 40 millones de pesos detenidos, consultas amañadas, usurpación de identidad indígena y decisiones tomadas entre escritorio y compadres, no entre comunidades y autoridades. Otomí, triqui, tének, náhuat y mixteca no piden privilegios, exigen respeto a la ley. Pero el Ayuntamiento jugó a reponer consultas que nadie pidió, metió a participar a personas no indígenas y terminó imponiendo a un director sin legitimidad. Todo mientras el dinero destinado a las comunidades se quedaba congelado en los cajones municipales.
El colmo es que ahora pretenden condicionar la entrega de recursos a la mediación del nuevo funcionario impuesto. Una burla. La ley es clara: el municipio tiene obligación de atender a los pueblos originarios con o sin titular. Lo demás es un pretexto para seguir retrasando, excluyendo y concentrando los recursos en manos que no representan a nadie. Mientras tanto, las comunidades advierten que no se moverán hasta que haya respuestas. Y tienen razón: ante un gobierno que simula y un secretario que maltrata, la única salida es la presión pública. Porque si algo ha quedado claro, es que en el Ayuntamiento de Galindo, el respeto se exige... porque desde arriba no se practica.

AGUA O PETRÓLEO
El Foro Regional sobre Fracking en Ciudad Valles dejó claro un mensaje que debería retumbar en cada ejido, comunidad y oficina gubernamental de la Huasteca Potosina: esta región necesita agua, no fracturas en su subsuelo. Las voces de especialistas, ambientalistas y autoridades locales coincidieron en algo que ya las comunidades saben desde hace años, pero que a Pemex y a los intereses energéticos parece no importar: el fracking no solo es una amenaza ambiental, es una sentencia directa contra el futuro de la región.
El doctor David Gutiérrez Mannix fue tajante: los derechos al agua, al territorio y a la consulta previa no son temas de “ambientalistas radicales”, sino garantías básicas para campesinos e indígenas que dependen del suelo y del agua para vivir. Mientras Pemex asegura que no hay actividad activa, las comunidades reportan perforaciones, movimientos de maquinaria y sospechas de exploración encubierta. “El agua vale más que la gasolina”, recordó el especialista, y en una región donde la sequía ha golpeado como nunca, esa frase pesa como advertencia.
A esta postura se sumó el ambientalista Fernando Domínguez Córdoba, quien explicó con números lo que muchos ciudadanos sienten en carne propia: el fracking devora miles de metros cúbicos de agua en días, mientras los hogares, los campos cañeros y los ríos agonizan. La Huasteca no puede darse ese lujo. Tampoco El Naranjo, donde el turismo y la caña dependen directamente de un ecosistema sano, como subrayó el director de Educación, Luis Ricardo Espinoza. Hoy más que nunca, la región exige información, organización y unidad para proteger su territorio. Porque el problema ya no es si habrá petróleo... sino si quedará agua suficiente para que la Huasteca siga viva.

CUANDO LA SIMULACIÓN SUPERA A LA REALIDAD
Lo que ocurre con el diputado Cuauhtli Moreno es un reflejo puntual del desgaste político que tanto irrita a la ciudadanía: se condena con vehemencia aquello que conviene, pero se guarda silencio cuando el tema incomoda al partido o a los aliados. Mientras estados como Uruapan, Michoacán, viven un escenario de violencia desbordada, en San Luis Potosí el representante de Morena replica el mismo libreto: declaraciones vacías, fotos forzadas en camiones urbanos y escenarios cuidadosamente montados para redes sociales, pero ni una sola iniciativa seria que aporte a la seguridad, a la prevención del delito o al fortalecimiento institucional.
Resulta fácil condenar la agresión contra la presidenta Claudia Sheinbaum —y claro que debe hacerse—, pero también resulta muy conveniente olvidar episodios como el caso UASLP, donde un presunto agresor sexual fue vinculado públicamente a su entorno político. Ahí no hubo indignación, ni mensaje, ni postura firme. La congruencia no se mide en comunicados, sino en la capacidad de denunciar todas las violencias, incluso cuando exigen responsabilidad hacia los propios. Y en ese renglón, Cuauhtli Moreno sigue reprobado: más ocupado en la estética y el gimnasio, que en enfrentar los problemas que realmente lastiman a San Luis Potosí.

SLP SIGUE SIENDO UN IMÁN INMOBILIARIO, PESE A LOS TEMORES POR NUEVOS IMPUESTOS
La presidenta de la AMPI, Olga Espitia Lanuza, dejó claro que San Luis Potosí continúa entre los estados más atractivos para invertir en bienes raíces. Y no es casualidad: además de su ubicación estratégica y una industria sólida, la entidad ofrece algo que otros no pueden presumir —un clima estable, sin huracanes ni terremotos—, condiciones que elevan el valor de la vivienda y mantienen la demanda al alza. El auge de los desarrollos verticales también ha permitido contener costos, aunque el precio de los inmuebles sigue firme gracias a la constante llegada de nuevos habitantes e inversionistas.
Sobre el posible impuesto a la plusvalía, Espitia pidió no adelantar vísperas: mientras no exista, hay que aprovechar el momento. Y tiene razón. Cualquier carga fiscal adicional encarecería la vivienda, y hoy San Luis mantiene una ventaja competitiva que sigue atrayendo capital en todos los sectores: vivienda, industria, comercio e incluso ranchos. En pocas palabras, el estado vive uno de sus mejores ciclos inmobiliarios, y quienes buscan invertir difícilmente encontrarán un escenario más estable y competitivo que el actual.

HONOR AL RIEL Y A LA MEMORIA: FERROCARRILEROS, HISTORIA VIVA DE CIUDAD VALLES
La conmemoración por el 118 aniversario de la gesta heroica de Jesús García Corona y el Día del Ferrocarrilero reunió esta mañana a autoridades municipales, educativas y a uno de los últimos representantes de aquella época dorada del tren en México: el jubilado Crescenciano Carrizales Flores. El evento, organizado por el Jardín de Niños Héroes de Nacozari y la Escuela Primaria Daniel Delgadillo, se desarrolló con solemnidad, recordando el acto de valentía que salvó miles de vidas en 1907 y honrando a quienes dedicaron su vida al servicio ferroviario. Con honores a la bandera, ofrenda floral y reseñas históricas, se puso de manifiesto la importancia de mantener viva esta memoria colectiva que forma parte de la identidad nacional y regional.
En el acto, Carrizales Flores recordó con nostalgia aquellos años en los que el tren era símbolo de progreso, conexión y orgullo para la Huasteca. Describió los viajes a Tampico, el compañerismo en las cuadrillas de mantenimiento y la emoción de trabajar sobre vías que marcaban el pulso económico y social del país. Hoy, lamentó, quedan pocos ferrocarrileros de aquella generación, pero mantiene la esperanza de volver a escuchar el silbido del tren en Ciudad Valles. Su testimonio, sencillo pero profundo, contrasta con la realidad actual e invita a reflexionar sobre el abandono del sistema ferroviario y la necesidad de recuperar un servicio que alguna vez unió regiones enteras. Su voz es un recordatorio de que el pasado honra, pero también exige decisiones firmes en el presente.

HUASTECA NORTE: UNA CAÍDA HISTÓRICA EN HOMICIDIOS BAJO LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN
Los números no mienten: la estrategia de seguridad en la Huasteca Norte dio un giro contundente con la llegada de la administración de Ricardo Gallardo Cardona. Mientras que en los últimos cuatro años del gobierno anterior se registraron 154 homicidios dolosos, en el mismo periodo del actual mandato la cifra cayó a 91. Pero el dato más revelador está en la comparación del último año de cada administración: de 68 homicidios a solo 14, una reducción del 79.41%, resultado que coloca a San Luis Potosí entre las entidades más seguras del país.
Esta mejora no es casualidad. La Guardia Civil Estatal ha mantenido un ritmo firme, con 758 detenciones solo en el primer semestre de 2025, actuando principalmente contra delitos que suelen detonar violencia: narcomenudeo, portación de armas prohibidas y violencia familiar. La presencia operativa en los 59 municipios, la coordinación interinstitucional y una estrategia de proximidad social sostenida han permitido neutralizar generadores de violencia y recuperar la confianza ciudadana. Un golpe de autoridad que marca diferencia y resultados palpables en la región.

MASC: UNA HERRAMIENTA ÚTIL, PERO IGNORADA EN SAN LUIS POTOSÍ
Durante 2024, San Luis Potosí se colocó como el estado con menos expedientes iniciados ante los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (MASC), según el Censo Nacional de Impartición de Justicia del INEGI. Apenas 254 procedimientos fueron registrados en todo el año: 187 civiles, 42 familiares y 25 mercantiles. Para una entidad del tamaño y la dinámica social de SLP, la cifra no solo es baja: es un indicador claro de que estos métodos siguen subutilizados.
Los MASC—mediación, conciliación y justicia restaurativa—están diseñados para ahorrar tiempo, recursos y evitar juicios largos, además de desahogar a los tribunales. Funcionan en otros estados, pero en San Luis simplemente no despegan. Esto refleja falta de promoción, desconocimiento entre la ciudadanía y posiblemente una estructura institucional que no impulsa alternativas que podrían resolver conflictos de manera rápida y menos costosa. En un sistema saturado como el potosino, es momento de repensar por qué sigue predominando el juicio tradicional mientras herramientas más ágiles permanecen prácticamente olvidadas.

NUEVA LEY DE ÁRBOLES: OBLIGACIÓN, NO OPCIÓN, PARA LOS MUNICIPIOS
Con la reforma a la Ley de Protección y Conservación de Árboles Urbanos, los Ayuntamientos de San Luis Potosí ya no pueden actuar a criterio ni derribar árboles sin responsabilidad. Ahora están obligados a preservar, reubicar y, solo en último caso, talar, pero reponiendo tres ejemplares por cada uno derribado. Además, deben responder en un máximo de 24 horas cuando se reporte riesgo o emergencia, evaluando si el árbol realmente representa peligro.
La ley también obliga a que cualquier reposición se integre a esquemas de drenaje urbano sostenible, como jardines de lluvia o parques inundables, priorizando especies nativas y aptas para el clima local. Si una autoridad omite estas obligaciones, será civilmente responsable por los daños que se generen. En pocas palabras, los municipios ya no tienen pretextos: deberán planear, reforestar y cuidar el arbolado con seriedad, o asumir las consecuencias.

ENTRE RANKINGS Y REALIDADES QUE NO SE PUEDEN OCULTAR
El presidente municipal de Rioverde, Arnulfo Urbiola Román, presume su lugar número 20 en un ranking nacional de alcaldes correspondiente a octubre de 2025. ¿Quién lo mide? Una encuestadora más de las muchas que publican resultados variables y, en ocasiones, cuestionados. Pero más allá del número, lo que importa es la realidad que vive Rioverde, y esa no se maquilla con gráficos ni con aplausos digitales.
Porque mientras el alcalde se regodea en su “buen momento”, la ciudadanía enfrenta la peor crisis de inseguridad en años. Las quejas por falta de agua, fallas en el alumbrado y la creciente percepción de miedo se expresan todos los días en redes sociales. Los robos aumentan, las colonias permanecen en penumbra y los habitantes están cansados de vivir entre la incertidumbre y la indiferencia oficial.
Arnulfo Urbiola insiste en que “todo está bien”, como si viviera en una burbuja hecha de fotografías y mensajes optimistas en redes sociales. Pero la calle tiene otros datos, y esos no se votan en encuestas: se sienten. Se escuchan. Se viven. Y Rioverde, la Rioverde real, pide atención urgente, no rankings para presumir.

HUACHICOL DE AGUA: UNA CRISIS QUE SUPERA A LAS AUTORIDADES
El reporte de 460 sanciones por pozos clandestinos en Soledad de Graciano Sánchez y municipios del Altiplano confirma que la extracción ilegal de agua sigue creciendo sin que exista una capacidad real para frenarla. Aunque la oficina local de Conagua en San Luis Potosí es la que más procedimientos ha iniciado en todo el país, esto no ha sido suficiente para contener lo que el propio delegado Darío Fernando González Castillo calificó como “una sobreexplotación sin precedentes”. La dependencia logró cancelar seis pozos que abastecían a pipas clandestinas, pero aun con puntos rojos plenamente identificados, la falta de facultades de cateo impide actuar con la rapidez y eficacia que la emergencia exige.
Conagua insiste en la necesidad urgente de fortalecer su marco de actuación, pues actualmente depende de la coordinación con autoridades fiscales para intervenir zonas cercadas donde operan estos pozos irregulares. Aunque la nueva Ley de Aguas reconoce el uso ilegal de agua como delito y abre la puerta para intervenir sin tantas restricciones, el delegado advierte que sin “dientes” legales claros, el huachicol de agua seguirá operando con ventaja. Mientras tanto, los municipios afectados continúan pagando las consecuencias de un saqueo que compromete la disponibilidad del recurso y exhibe una brecha grave entre la magnitud del problema y las herramientas reales para combatirlo.

UN ANIVERSARIO OPACADO POR EL DESINTERÉS
El 108 aniversario de la Cruz Roja en San Luis Potosí terminó siendo un reflejo de la crisis que atraviesa la institución: un evento desairado, sin autoridades, sin empresarios y sin el respaldo que históricamente se le debía a uno de los servicios más nobles y urgentes para la población. El delegado Jesús Ernesto de la Maza fue claro al exponer que la institución enfrenta una presión financiera que amenaza su operación, pues requieren entre cuatro y cinco millones de pesos solo para cumplir compromisos de fin de año. La colecta, que debería ser un impulso, se ha vuelto “desgastante”, y paradójicamente son los niños de escuelas públicas y privadas quienes sostienen, con sus aportaciones, lo que los adultos y las instituciones han dejado de apoyar.
La Cruz Roja recuerda que es una institución privada que coadyuva al gobierno, no una dependencia pública, y que sus servicios prehospitalarios —los mismos que atienden accidentes y emergencias de manera gratuita— dependen directamente de la solidaridad ciudadana. Pero la respuesta social no está a la altura del valor del servicio que brindan. El aniversario, en lugar de ser un reconocimiento público, exhibió el abandono en el que opera la institución. Urge replantear el compromiso colectivo: sin respaldo real, la Cruz Roja seguirá caminando al borde del cierre, mientras la comunidad que debería fortalecerla voltea la mirada a otro lado.

ORDEN DEL MÁS ALLÁ
Más que sensibilidad con sus respectivos habitantes, la decisión de 15 organismos operadores de agua potable de no presentar ningún aumento en sus leyes de Cuotas y Tarifas para 2026, parece una orden calculada para generar ciertas condiciones...de qué tipo aun no es posible saberlo.
Está claro que toda propuesta de incremento es impopular, pero bajo ciertas circunstancias a veces se debe considerar, y de no ser el caso, buscar opciones porque no es secreto que estas instituciones padecen para la recaudación, por ende, sin la capacidad de invertir en infraestructura hídrica.
Por ello, mientras no existan las condiciones físicas para generar una correcta gestión y suministro de agua, es poco probable que alguna vez se pueda progresar en la política pública de garantizar el acceso universal al agua potable.
Algo de lo que nadie habla, pero que siempre está presente: la indexación o ajuste de valores a partir del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), que, aunque supone un aumento, técnica no es porque los organismos no lo solicita, pero es una valoración de facto para los precios mantenga su precio real.
Ahora sí que independientemente de todo, es muy posible que haya modificaciones o estancamiento. Sea lo que determinen las y los curuleros, ojalá lo hagan a conciencia porque no es secreto que todo palomean sin siquiera leer una página. De ese nivel son los ínclitos congresistas

EL TERCO DE GALINDO
El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, sigue terco con que la Junta de Gobierno del Interapas aprobó un ajuste tarifario equivalente al nivel de inflación, que se estima no superará el 5 por ciento para el ejercicio fiscal 2026. Hoy, a su manera, quiso confundir a la población diciendo que no se trata de un aumento, sino de una actualización mínima necesaria para mantener la operación del organismo operador de agua.
"En esencia, no es ningún aumento, simplemente se mantiene la tarifa al nivel de la inflación para no decrecer", apuntó, pero el señor evita hablar de lo mal que se encuentra el organismo. No hay agua en varias colonias, y en esa dependencia salen y salen recursos para pagar su publicidad de imagen, olvidando a lo que realmente se debe de abocar este recurso, como el mantenimiento de pozos o la compra de equipos. Pero no dice que también tiene una inflación en la nómina del Interapas.
En fin, vamos a ver qué le dice el Congreso, si le aprueba o no su incremento, que no es incremento... ni él solo se entendió.

URGE UNA ELECCIÓN LIMPIA Y TRANQUILA
Actualmente continúa la Facultad de Derecho "Abogado Ponciano Arriaga Leija" de la UASLP con el proceso para la designación de su director sustituto, luego de que el anterior titular, Germán Pedroza Gaytán, dejara acéfala la dirección por el abuso sexual que sufrió una alumna de dicha facultad. Sin embargo, el actual director interino, Jesús Javier Delgado Sam, informó que la convocatoria ya fue publicada por el Consejo Directivo Universitario y aprobada por el Consejo Técnico de la Facultad.
Hasta el momento, se sabe que los expedientes de las y los aspirantes se recibirán el día 14 de este mes, y el proceso de selección se realizará conforme a lo establecido en las bases. Posteriormente, el Consejo Directivo Interno elegirá a la persona que cubrirá el resto del periodo del director.
Delgado explicó que, según el estatuto, cuando la dirección queda vacante por más de 60 días, corresponde al Consejo Técnico seleccionar a una o un miembro para cubrir temporalmente el puesto y convocar el proceso de elección oficial.
Cabe hacer mención que alumnos de la Facultad de Derecho buscan que sea una mujer la nueva directora de la Facultad.

LA ACTRIZ DEL ESCAÑO
En la última sesión del Senado, Verónica Rodríguez Hernández se robó la escena. Desde su curul, gritó “¡asesinos!” al oficialismo con la pasión de una actriz de melodrama político. Manoteó, gesticuló, se indignó... y se sentó satisfecha, convencida de haber cumplido con su papel.
Lástima que ese mismo fervor no lo muestre en la capital potosina, donde la inseguridad avanza y el silencio del PAN es tan ensordecedor como los disparos que se escuchan cada noche. No hay posicionamientos, no hay propuestas, no hay liderazgo.
En el Senado, Verónica interpreta la indignación. En San Luis, actúa la indiferencia.
Qué fácil es gritar desde un curul acolchonado... mientras la ciudad se desangra en silencio.

CARLOS MANZO, EL EPISODIO QUE YA MARCÓ AL SEXENIO
La muerte de Carlos Manzo se convirtió en un punto de quiebre político que ya marca el arranque del sexenio de Claudia Sheinbaum, del mismo modo en que otros episodios definieron gobiernos anteriores: las toallas "Toallagate" y los hijos de Martha Sahagún a Vicente Fox; la guerra contra el narco a Felipe Calderón; Ayotzinapa a Enrique Peña Nieto; y la indolencia frente a la pandemia, junto a la cercanía con el crimen organizado, al presidente López Obrador. El caso Manzo irrumpió con tal fuerza que desplazó por completo el debate natural sobre el Presupuesto 2026 y se convirtió en el eje de discusión dentro y fuera del Congreso.
Durante la sesión en la Cámara de Diputados, el tema acaparó las intervenciones, los posicionamientos y la agenda pública, dejando en segundo plano los recortes al Poder Judicial, al INE y otros ajustes relevantes del paquete económico federal. El hecho no es menor: es el primer golpe político que enfrenta la nueva administración y un recordatorio de que la seguridad, la violencia y la respuesta institucional serán elementos definitorios del sexenio. El caso Manzo no solo abrió un debate urgente, también dibuja la narrativa que acompañará a la presidenta durante los próximos años.

CARLOS ARRIOLA Y SU URGENCIA DE BAJAR EL PROTAGONISMO
Al diputado Carlos Arriola le urge bajar dos o tres rayitas a su afán protagónico. Ya es una constante: cualquier incidente, por mínimo que sea, detona en él un posicionamiento grandilocuente. Si dos perros se pelean en Prados, ahí aparece Arriola con un comunicado urgente, señalando a “los malditos conservadores” como responsables de todo lo que ocurre en la ciudad. Esa sobreactuación, más que sumar, desgasta y lo coloca en un papel caricaturesco que poco ayuda a su trabajo legislativo.
El problema no es solo de estilo, Arriola se concentra en monopolizar reflectores con declaraciones que no resuelven nada. La política requiere firmeza y argumentos, no dramatizaciones constantes. Si realmente quiere ser tomado en serio, tendrá que sustituir el ruido por resultados y entender que no todo amerita un discurso inflamado ni una culpa prefabricada.

RICARDO GALLARDO, YA EN EL TABLERO NACIONAL
Claro que el 27 ya está en juego. El gobernador Ricardo Gallardo Cardona dejó de ser una figura estrictamente estatal y hoy se mueve abiertamente en el escenario nacional, algo que quedó evidenciado con la reciente visita de Arturo Escobar coordinador nacional del PVEM. El mensaje fue claro: el gobernador potosino ya conversa, negocia y se posiciona dentro de la élite del Partido Verde, donde también orbitan figuras como Manuel Velasco. En este contexto, la posibilidad de que Gallardo llegue como plurinominal al próximo Congreso no es un rumor menor, sino parte de una estrategia trazada con precisión, similar a la jugada que Velasco ejecutó en Chiapas en 2018, cuando saltó al Senado y regresó a concluir su ciclo como mandatario estatal.
Gallardo está moviendo sus fichas con inteligencia en un partido que hoy es pieza clave en la política nacional y que aspira a reforzar su presencia en los próximos años. Sus acercamientos, la proyección nacional y el reposicionamiento del Verde como fuerza emergente revelan un cálculo político claro: San Luis Potosí ya no es su única arena, y su influencia dentro del partido busca colocarlo en una posición estratégica rumbo al reacomodo del poder federal. El 2027 ya no se discute en futuro; empezó a jugarse desde ahora.