Urgen mejores políticas públicas para el transporte en el país

Urgen mejores políticas públicas para el transporte en el país

www.excelsior.com.mx| | Lunes, 09 de Febrero de 2026| 14:18

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Diputados federales a cargo de las comisiones de este sector afirman que no deben operar monopolios y que los precios tienen que ser accesibles.

Actualmente, en la Cámara de Diputados no existe una iniciativa destinada a resolver esta problemática.

Más que nuevas leyes, se necesita hacer cumplir las existentes para garantizar una regulación adecuada de la competencia en el autotransporte en autobús, a fin de generar condiciones de equidad en el ejercicio de un derecho constitucional.

Así lo plantearon los diputados federales Víctor Manuel Pérez Díaz y Patricia Mercado Castro, a cargo de comisiones encargadas de atender los asuntos relacionados con este sector.

Cuestionados sobre la investigación de Excélsior sobre cómo la falta de competencia en ese mercado genera sobreprecios que afectan a millones de pasajeros, los legisladores señalaron las acciones de política pública que podría revertir este problema

No implica que al Estado deba fijar precios o prestar directamente todos los servicios de transporte, sino que le corresponde garantizar que ese derecho sea efectivo, principalmente a través de políticas públicas, regulación adecuada y condiciones de acceso equitativas", expuso en entrevista el diputado Pérez Díaz (PAN), presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

"Sabemos que el problema no es sólo de oferta de transporte, sino de estructura de mercado. Cuando el servicio está concentrado, con barreras de entrada, permisos rígidos y acceso opaco a terminales, la competencia desaparece", afirmó la diputada Mercado Castro (Movimiento Ciudadano).

Representación de los 14 pesos que quieren cobrar luego de que camiones de líneas de transporte público en el Valle de Toluca colocaron letreros con la leyenda "Incremento de tarifa".Cuartoscuro

Evitar abusos, tarea del Estado

Actualmente, en la Cámara de Diputados no existe una iniciativa destinada a resolver esta problemática.

Si bien el Congreso ha avanzado en marcos generales —como la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial—, estos instrumentos se concentran en principios, coordinación institucional y seguridad vial, no en mecanismos económicos concretos que incidan en la estructura de precios del transporte terrestre de pasajeros", explicó el diputado Pérez Díaz.

Desde la perspectiva del presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transporte, el derecho a la movilidad, reconocido en el Artículo Cuarto de la Constitución no implica que el Estado deba fijar precios o prestar directamente los servicios de transporte. "Le corresponde garantizar que ese derecho sea efectivo, a través de políticas públicas, regulación adecuada y condiciones de acceso equitativas", definió.

Para el exalcalde de Santa Catarina en Nuevo León, con el marco jurídico vigente, el Estado puede y debe fortalecer el transporte público, mediante inversión, planeación metropolitana y subsidios focalizados cuando sea necesario; fomentando la competitividad del transporte privado concesionado, eliminando barreras regulatorias innecesarias, revisando esquemas de concesión y promoviendo condiciones de libre concurrencia.

Enumeró que también le corresponde al Estado la planeación y coordinación intergubernamental, conforme a la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, que obliga a los tres órdenes de gobierno a generar sistemas de movilidad accesibles, seguros y eficientes.

De aplicarse esas medidas se tendrían más operadores, mayor competencia, y mejores precios y servicios.

El derecho a la movilidad no se garantiza únicamente con precios bajos, sino con un ecosistema de opciones reales, donde el usuario pueda elegir entre distintas alternativas de transporte que compitan en calidad, cobertura y costo", definió el también exdiputado local y exregidor. "Es importante ser precisos: los precios del transporte terrestre de pasajeros se ajustan por el mercado, mientras que las concesiones las otorga el Estado", puntualizó.

Expuso que con un entorno regulado se le da protección al consumidor y debe evitar controles tarifarios discrecionales. "El papel del Estado no es sustituir al mercado, sino evitar abusos, y para ello existen instituciones e instrumentos jurídicos claros".

Al respecto se refirió a la Comisión Nacional Antimonopolio, encargada de prevenir y sancionar prácticas monopólicas, colusiones o concentraciones indebidas en el sector; la PROFECO, a cargo de proteger los derechos de los consumidores; y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) que, al regular y otorgar concesiones, puede incidir en la duración de éstas y en los requisitos para permitir nuevos operadores.

Sí existen instrumentos jurídicos e instituciones para frenar abusos, pero su eficacia depende de una coordinación real entre política de competencia, regulación sectorial y protección al consumidor. Más que controlar precios, el reto está en garantizar mercados abiertos, competidos y transparentes, donde el usuario final sea el principal beneficiado", propuso.

El Estado deba fijar precios o prestar directamente los servicios de transporte.

La movilidad es un derecho: Patricia Mercado

Patricia Mercado argumentó que es necesario hacer valer la política de competencia como política social para que más mexicanas y mexicanos puedan trasladarse sin que el costo del boleto sea una barrera. "Más competencia es más movilidad, y más movilidad es más derechos", definió.

La presidenta de la Comisión de Movilidad relató que en la actual legislatura no han recibido una iniciativa cuyo objetivo central sea garantizar precios competitivos en el transporte de autobuses a nivel nacional.

Hay una iniciativa para reformar el artículo 47 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, presentada por el Diputado Luis Orlando Quiroga Treviño, que busca evitar prácticas monopólicas y exclusividades injustificadas en permisos. Ese tipo de medidas pueden mejorar la competencia y, eventualmente, incidir en los precios, pero fue turnada a la Comisión de Comunicaciones y Transportes", confió la exsenadora y ex secretaria de Gobierno de la CDMX.

En opinión de la diputada Mercado, con el marco jurídico actual podría ampliarse el ejercicio del derecho a la movilidad. "No necesitamos nuevas leyes, necesitamos hacer cumplir las que ya existen en materia de competencia económica y regulación del autotransporte", afirmó.

Bajo la premisa de que cuando el transporte deja de funcionar como un derecho, se corre el riesgo de que se vea sólo como un negocio, la también excandidata presidencial enumeró necesario eliminar barreras, flexibilizar rutas, transparentar acceso y sancionar las practicas anticompetitivas.

Es necesario hacer valer la política de competencia como política social para que más mexicanas y mexicanos puedan trasladarse sin que el costo del boleto sea una barrera.

Sostuvo la integrante de la bancada naranja en San Lázaro que de aplicarse esas medidas se tendrían más operadores, mayor competencia, y mejores precios y servicios. Para la responsable de la Comisión de Movilidad, no se trata de un tema económico solamente, sino de un problema que afecta el ejercicio del derecho constitucional a la movilidad.

Sin competencia se deteriora la seguridad vial porque se recorta mantenimiento; se pierde accesibilidad, porque las tarifas superan el ingreso de la gente; baja la eficiencia, porque no se optimizan rutas ni cobertura; se frena la sostenibilidad, al no contar con más flotas de energías limpias; cae la calidad, porque hay pocas alternativas; se limita la inclusión, al no adaptarse el servicio personas en situación de vulnerabilidad; y se rompe la igualdad, porque moverse depende del poder adquisitivo. Todos esos principios están enunciados en la definición del derecho a la movilidad en la Constitución", explicó Patricia Mercado.

Para la parlamentaria de MC, el Estado debe actuar. "No porque el mercado sea el enemigo, sino porque cuando se trata de derechos, el Estado no puede ser neutral".

Recordó que la movilidad es un derecho constitucional y una condición básica para acceder a otros derechos. "Y los mercados no siempre se autorregulan; sin reglas claras tienden a concentrarse".

Precisó la diputada Mercado sin embargo que la solución no es prohibir sino regular con un enfoque de competencia efectiva. "Tenemos instituciones para hacerlo ahora mismo: la Comisión Nacional Antimonopolios puede investigar, sancionar colusión, remover barreras y ordenar medidas correctivas para que exista competencia real".

Detalló que PROFECO debe proteger a las personas consumidoras, vigilando las prácticas abusivas; a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes le toca regular permisos, concesiones y reglas operativas.

Y el Congreso puede ajustar el marco normativo cuando se requiera eliminar obstáculos regulatorios. Este, no es un debate ideológico. Es una tarea de política pública: hacer que el transporte funcione mejor para la gente. Porque cuando hay competencia, hay mejores precios; cuando hay mejores precios, hay más movilidad; y cuando hay más movilidad, hay más igualdad de oportunidades. Ese es el objetivo", concluyó la diputada Mercado.