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Gabriela López Torres propone la modificación de 129 ordenamientos jurídicos del estado, para incorporar el criterio de interpretación neutra e incluy

Gabriela López Torres propone la modificación de 129 ordenamientos jurídicos del estado, para incorporar el criterio de interpretación neutra e incluy

BRINDA CERTEZA JURÍDICA SOBRE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y SE GARANTIZA QUE LAS NORMAS SEAN APLICABLES A TODAS LAS PERSONAS CON INDEPENDENCIA DE SU GÉNERO

Emsavalles| San Luis Potosí, S.L.P.| Sábado, 21 de Marzo de 2026| 12:17


  • La diputada Gabriela López Torres propuso una iniciativa reformar y adicionar diversas disposiciones en 129 ordenamientos jurídicos del Estado de San Luis Potosí, para incorporar de manera expresa el criterio de interpretación neutra e incluyente del lenguaje utilizado en dichos instrumentos normativos.

    Indica que el uso de un lenguaje incluyente dentro de los marcos normativos, se ha consolidado como una herramienta relevante para promover la igualdad, visibilizar la diversidad social y fortalecer el respeto a la dignidad de todas las personas.

    Manifiesta que lejos de tratarse de una simple tendencia discursiva o de una corrección política circunstancial, el lenguaje incluyente constituye una manifestación concreta del compromiso institucional con los principios de igualdad, no discriminación y respeto irrestricto a los derechos humanos.

    Señala que la LXIV Legislatura ha hecho modificaciones a diversas leyes en materia de lenguaje incluyente, con el propósito de visibilizar la participación de mujeres y hombres dentro de los textos normativos; no obstante, se ha permitido identificar la conveniencia de adoptar un criterio legislativo para entenderse en términos neutros e incluyentes, comprendiendo a todas las personas sin distinción de género.

    Este mecanismo permite que las disposiciones legales sean interpretadas bajo una perspectiva incluyente, sin necesidad de realizar modificaciones extensivas a cada término gramatical contenido en el texto normativo.

    Al establecer una regla general de interpretación incluyente, se otorga certeza jurídica respecto al alcance de las disposiciones legales y se garantiza que las normas sean aplicables a todas las personas con independencia de su género, sin necesidad de realizar revisiones permanentes o modificaciones constantes a la redacción de los ordenamientos.

    Este criterio también se encuentra alineado con las tendencias contemporáneas en materia de técnica legislativa, que privilegian la eficacia normativa y la claridad jurídica por encima de la reiteración simbólica de fórmulas gramaticales.

    El objetivo central es asegurar que el mandato constitucional de igualdad sustantiva se materialice de manera efectiva en la interpretación y aplicación de la ley.

    La iniciativa se turnó para su análisis a la Comisión de Igualdad de Género.

     


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