Semana del 13 de Mayo al 19 de Mayo de 2016

Serio problema... Exhibe INDEPI al Gobierno de Juan Manuel Carreras

Serio problema... Exhibe INDEPI al Gobierno de Juan Manuel Carreras

Lo muestra como falto de asesores, de funcionarios sin conocimientos y sin el mínimo control hacia el interior

Desde el inicio de su gestión, el Gobernador Juan Manuel Carreras López venía enfrentando serios problemas relacionados con el actuar de algunas dependencias, y una de las principales era precisamente el Instituto de Desarrollo Humano y Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas (Indepi), que a la postre derivaría en una exhibida internacional y en la necesidad de tratar de retomar el control.

Muchas voces se alzaron en torno a desaciertos y actitudes frívolas de la entonces titular Margarita Viñas Orta, pero al paso del tiempo quedarían reducidas a nimiedades comparadas con el hecho de haber pisoteado la Constitución al no haber consultado a las etnias potosinas sobre el Plan Estatal de Desarrollo, lo cual fue el inicio de enormes dolores de cabeza para el Mandatario potosino.

Las pifias en el Indepi se vinieron sucediendo una tras otra sin que Carreras López hubiera imaginado los alcances que éstas tendrían, lo cual comprendió hasta que en marzo el Consejo Consultivo de Pueblos y Comunidades Indígenas de San Luis Potosí anunció que solicitaría un amparo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra del Plan Estatal de Desarrollo 2016 que se presentaría dos días después.

Para colmo de males del Jefe del Ejecutivo Estatal, esta agrupación contaría con el respaldo de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), de acuerdo a lo anunciado por el integrante del Consejo, Narciso Mendoza López.

Explicó que no se tomó a consideración una consulta indígena establecida en la ley, donde se considere la opinión de los pueblos y comunidades indígenas, por lo cual éstas no se sentían representadas por el Poder Ejecutivo, por el contrario, discriminados.

Ante esta situación, el 4 de mayo el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), solicitó la colaboración del Secretario General de Gobierno, Alejandro Leal Tovías, para que se tomaran diversas medidas, debido a que, conforme a la información obtenida por diversos medios de comunicación, no se consultó a las personas y/o pueblos indígenas en la realización del Plan Estatal de Desarrollo, lo cual pudiera constituir un presunto acto de discriminación.
Entre las medidas solicitadas por el Consejo, se encuentran el que cuando se lleven a cabo procesos para la toma de decisiones de cualquier índole (a través de programas, normas y/o políticas de Estado), se garantice el derecho a la consulta de las personas y/o pueblos indígenas, para lo cual se eliminen aquéllos requisitos innecesarios que pudieran propiciar prácticas discriminatorias, como pudiera ser el que se les requiera un certificado de autenticidad de sangre indígena y se establezcan de forma conjunta las políticas necesarias para garantizar la vigencia de sus derechos, tal como lo mandata el artículo 2° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por tratarse de una autoridad de carácter local, se remitiría el caso a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de San Luis Potosí, para que en ámbito de sus atribuciones conozca el fondo del asunto.

Debido a la disposición normativa de los artículos 13 y 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, el Conapred mantendrá la información en reserva, sin poder formular opinión pública al respecto, hasta el cierre del procedimiento.

Y el 7 de mayo, el Presidente de la CEDH, Jorge Vega Arroyo confirmó que el Conapred "nos envió un expediente para que nosotros revisemos, analicemos y determinemos la procedencia, pero aquí el tema central, el tema principal es una queja en el sentido de que no se tomó en cuenta, no se les consultó para la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo y la Constitución Federal eso señala que tanto como para el plan nacional de desarrollo como para los planes estatales en materia indígena, debe haber una consulta".

Lo irónico del caso es que precisamente la reforma al Artículo 2 de la Constitución, referente a evitar cualquier práctica discriminatorio hacia las comunidades indígenas, se promovió y logró en la Legislatura que operó de 2000 a 2003, cuando era Diputado Federal Juan Manuel Carreras y, por si fuera poco, miembro de la comisión respectiva.

Y lo preocupante es que este tema puede generarle un problema de carácter internacional a San Luis Potosí, porque la ONU ha pedido a los gobiernos de los países que se privilegie el derecho a las raíces, el derecho a los pueblos indígenas y en el caso local no ha sucedido así.

Vega Arroyo lo aterriza claro: "lo que estamos analizando y sobre todo más bien lo que nosotros vamos a verificar, es si se cumplieron las reglas, los procedimientos, todos los requisitos que señala la propia ley de consulta en el estado y además es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la que ha señalado cuáles son los estándares para un debido cumplimiento sobre la consulta que se debe de hacer a las comunidades de los pueblos indígenas y, en este caso la autoridad nos ha señalado que se hizo una consulta, emitió una convocatoria, pero el Consejo dice que no se dio en debida forma, y a nosotros nos corresponde ahora analizar si se dieron o no los pasos adecuados".

Ante esta situación, tal pareciera que el Plan Estatal de Desarrollo se hizo desde el escritorio y no se salió hacer esa consulta, de irle a preguntar a los indígenas qué es lo que les atañe, qué es lo que les afecta, qué quieren que el Gobierno haga.
"En realidad pareciera un proceso sencillo, hay un Consejo que se ha conformado y que precisamente tiene esa función de consulta y puede llegar a las asambleas, a las comunidades de los pueblos para preguntar qué es lo que puede plantear para que se incorpore al Plan Estatal de Desarrollo, probablemente sean las mismas ideas, sin embargo la queja principal es que no hubo esa consulta en la debida forma", reitera el Presidente de la CEDH.

Ya metido en este embrollo, el Gobernador Juan Manuel Carreras optó por lo más fácil en lo inmediato, que fue la destitución de Margarita Viñas y la llegada de Raúl de Jesús González Vega al Indepi, sin embargo esta situación va a tener implicaciones, porque de comprobarse que hubo una violación en la integración del Plan Estatal de Desarrollo, ameritaría un procedimiento, amén de la repercusión mediática ante la exhibición de la falta de humildad para ir a preguntarle a los indígenas qué quieren.

Al respecto, Jorge Vega señala que la CEDH ha estado participado en algunas reuniones, en las que se recomienda utilizar el diálogo como una herramienta tanto para superar las diferencias como para llegar a acuerdos; "en este caso hay un amparo, pero también hay una queja con nosotros, y vamos a suponer que en un caso que recomendemos, sería reponer para efecto que se haga la consulta en la parte que a ellos corresponde", considera.

Así, pese a que el Gobernador Juan Manuel Carreras tuvo que darle las gracias a Margarita Viñas, este tema le abre un gran boquete a su administración, porque la exhibe como falta de asesores, de funcionarios sin conocimiento de sus funciones y de escasa sensibilidad, pero, sobre todo y que es lo peor, que no tiene y que no hay quien ponga control, lo cual es bastante grave, porque si no hay correctivos, éste será el primero de muchos serios problemas.

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