Semana del 29 de Septiembre al 05 de Octubre de 2017

Privatizar la política y los partidos

Privatizar la política y los partidos

Ángel Castillo Torres

No hay que olvidar que el dinero que se entrega a los partidos viene de los impuestos que pagan los ciudadanos.

El sismo del pasado 19 de septiembre sigue sacudiendo al país. Los daños colaterales se multiplican. La furia de la naturaleza no solo acabó con edificios, vialidades, infraestructura urbana y vidas humanas.

Otra avería no deseada está golpeando las estructuras de nuestro sistema de partidos políticos.

Ante la magnitud del desastre que afectó a miles de mexicanos la sociedad ha presionado para que todos los institutos políticos renuncien al financiamiento público que reciben.

No hay que olvidar que el dinero que se entrega a los partidos viene de los impuestos que pagan los ciudadanos.

El clamor general es que los 6 mil 800 millones de pesos que en 2018 se entregarían a los partidos para sus campañas se apliquen mejor a la reconstrucción nacional. En pocas palabras, que se utilicen para reparar viviendas, escuelas, carreteras, vialidades, programas de empleo, rehabilitación médica de los heridos y en todo aquello que necesiten los damnificados de este sismo. Es una justa y oportuna petición a la clase política mexicana y un grito desesperado para acabar de una vez y para siempre con una democracia electoral muy cara, quizás la más costosa del mundo.

Ante esta solicitud hemos sido testigos de cómo al principio los dirigentes de todos los partidos se hicieron bolas e hicieron como que la virgen les hablaba. Pero fue tanta la presión que no les quedo de otra y poco a poco fueron protagonizando una especie de subasta para ver quién ofrecía más.

El más audaz y acertado fue el PRI que el pasado 26 de septiembre se presentó ante el Instituto Nacional Electoral (INE) a solicitar por escrito que se le suspenda el 100% de su financiamiento a la de ¡Ya! Es decir, que en el último trimestre de este año (octubre, noviembre y diciembre) ya no se le entreguen los 258 millones de pesos a que tiene derecho y que para el próximo 2018 no se le dé ni un peso para campañas. El PRI puso muy alta la vara y provocó que el resto de los partidos se vieran obligados a tomar definiciones equivalentes.

Pero el tricolor no paró ahí. En un acto de atrevimiento extremo y para demostrar que su compromiso con el país y los damnificados es total presentó una iniciativa ante la Cámara de diputados para que se modifique la Constitución y las leyes que sean necesarias para que desaparezca en definitiva el financiamiento público a los partidos. Y ya encarrerado de una vez pidió que desaparezcan las Senadurías, Diputaciones federales y locales plurinominales. Una añeja demanda de la sociedad que nunca había sido atendida por los legisladores.

Con la desaparición de estos cargos se estarían ahorrando, según estimaciones preliminares, 11 mil 600 millones de pesos que mucho ayudarían a las tareas de reconstrucción del país.

Ante este arrojo del PRI los otros partidos no quisieron quedarse atrás.

El recién formado Frente Ciudadanos por México, en voz de los tres dirigentes nacionales del PRD, PAN y MC (Alejandra Barrales, Ricardo Anaya y Dante Delgado) optaron por imitar la audacia del PRI y se sumaron a su iniciativa. No sin antes externar su desconfianza en que el dinero devuelto lo maneje el gobierno federal, por lo que propusieron que se forme un fondo para la reconstrucción del país.

Piden los tres partidos ahora hermanados eliminar el 100% del financiamiento público y que los recursos se destinen a los damnificados, pero además que se reduzcan los gastos en prestaciones para funcionarios del gobierno federal y que también se eliminen los gastos de publicidad gubernamental.

En cuanto a MORENA que en este episodio ha reaccionado mal y tardíamente ya que en principio sólo ofreció aportar el 20% de sus prerrogativas, se vio obligado a sumarse a la propuesta del PRI. En un video que hizo público AMLO afirmo que él estaba de acuerdo en que se suspenda el financiamiento público a los partidos y que los militantes sean los que aporten para los partidos.

En cuanto a la postura de los árbitros electorales la propuesta de terminar con el financiamiento a los partidos políticos los ha metido en un verdadero enredo. Algunos Consejeros Electorales del INE opinan que esto es un despropósito porque el proceso electoral ya ha comenzado y que la Constitución General de la República no lo permite.

Respecto de la legalidad que pudiera romperse, los diputados y dirigentes priistas opinan lo contrario y afirman que aún hay tiempo para modificar la Constitución si se dispensan los complejos trámites que se requieren por obvia y urgente resolución. Incluso sostienen que debido a que aún no se define el presupuesto de egreso de 2018 es posible decidir la cancelación del financiamiento que recibirían el próximo año los partidos.

Por otro lado expertos en derecho constitucional como el afamado Diego Valadez afirman que una vez iniciado el proceso electoral no es posible modificar las normas que lo regulan. Aquí habría que recordar que legalmente el proceso electoral 2017-2018 comenzó el pasado 8 de septiembre. Así que la polémica se incrementará.

Así las cosas, los integrantes del Congreso de la Unión (Senadores y diputados) tendrán que encontrar una solución legal y oportuna para que la buena intención de suspender el financiamiento a los partidos políticos y desaparecer a los plurinominales tenga certeza legal y vida institucional.

Finalmente es oportuno dejar asentado que en todas las anteriores argumentaciones no se agotan las dudas y secuelas que se generarían producto de ésta iniciativa de los partidos políticos.

Hay discusión y titubeos en torno a los peligros que podrían derivar de apostar al financiamiento privado y de los militantes para sostener la operación de los partidos. Se piensa que esto propiciará que los institutos políticos queden atrapados y comprometidos con los grandes intereses de los dueños del dinero en México. Y que las candidaturas se vendan al mejor postor. De facto se privatizaría la política y los Partidos se convertirían en franquicias.

También existe el temor de que el crimen organizado invierta dinero sucio en adquirir capital político a través de invertir en los partidos políticos y sus líderes.

En los próximos días seremos testigos de cómo evoluciona este controvertido tema.

Pero ya desde ahora afirmamos que si todo esto resulta un “parto de los montes”, una burla para los ciudadanos, nuestro sistema electoral y de partidos acabará con la última reserva de tolerancia que hay en los ciudadanos y las elecciones del próximo año estarán en riesgo al igual que todo el sistema político mexicano.

Por ello esperamos que la clase política actué con toda responsabilidad. Aún hay tiempo de dar vida a una gran reforma legal que fortalezca nuestra debilitada democracia. Todavía se puede evitar caer en el caos y la ingobernabilidad por razones políticas.

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