Semana del 31 de Enero al 06 de Febrero de 2020

Impunidad y seguridad erosionada en SLP

Impunidad y seguridad erosionada en SLP

Mariel Sánchez

No es sólo que delincuentes queden libres o sin ser capturados, las fallas en las instituciones derivan en una molestia general y una percepción de inseguridad en aumento

En México la violencia ha sido una constante histórica que presenta diversas causas, frecuencias, modalidades, prevalencias, todo, de acuerdo al contexto del territorio que sea sometido a un análisis sobre lo que ocurre en una ciudad en específico, en el que la inseguridad brota y se desarrolla de acuerdo a las características de la sociedad.

En San Luis Potosí, durante los 10 últimos años se han observado cifras que van en ascenso, en cada una de las cuatro demarcaciones del estado, Zona Centro, Media, Altiplano y Huasteca, esta última subdividida en tres regiones, Huasteca Norte, Huasteca Centro y Huasteca Sur.

La espiral de violencia, principalmente en la zona Centro, específicamente en el área Metropolitana (la capital potosina y el municipio de Soledad de Graciano Sanchez), así como toda la Huasteca potosina, han sido calificadas por las autoridades estatales y federales (Guardia Nacional y Sedena), como focos donde la violencia impera por encima del resto de regiones.

Se ha identificado, que la violencia que se vive, es a causa de la presencia de nuevas manifestaciones, concretamente el narcotráfico y el crimen organizado, de allí se despliegan otros delitos como secuestro, violaciones, abigeato, robos a casa habitación, robos con violencia, violencia intrafamiliar, etcétera.

El pasado 16 de enero, la capital potosina, fue vergonzosamente señalada por la Encuesta Nacional de Seguridad Publica Urbana (ENSU), elaborada por el INEGI, como el sexto municipio con mayores índices de violencia a nivel nacional, se reportó que SLP tuvo una percepción social sobre la inseguridad pública del 81.2 contra el 80.1 que había tenido en septiembre de 2019, lo preocupante es que en un comparativo con las tasas de delito, es alarmante porque el promedio nacional en el último mes del año, la percepción fue de 72.9.

Entre las justificaciones de los gobiernos federales, estatales y municipales, está el que la crisis económica ha afectado los bolsillos de las familias, situación que ha derivado se sumen a delinquir o a formar parte de células criminales, como el narcotráfico y/o bandas de secuestradores.

Coincidiendo con esta apreciación, especialistas afirman que la frecuencia de estos males sociales es muy alta, va en un sorprendente ascenso.

Si bien SLP no se encuentra entre las ciudades más peligrosas como podrían resultar Tamaulipas, Sinaloa, Guanajuato, entre otras, es en la zona del Bajío, donde se ubica la entidad potosina, que al ser un paso del sur del país al norte, de acuerdo a lo declarado Guzmar González, Comandante de la doceava Zona Militar, las células delictivas utilizan sus rutas carreteras para dirigirse de un territorio a otro.

Ante ello, en el Bajío se contabilizan hechos de violencia e inseguridad de diversa índole: robos, asaltos, atracos, violaciones, desapariciones y asesinatos, pero a niveles más ignorantes, desbordados, soslayados en el absurdo argumento de que el país está en la misma situación.

Sin embargo, se tiene que tomar en cuenta que estas manifestaciones violentas y delictivas son diferentes en características de intensidad por ciudades, vinculadas al ajuste de cuentas y al narcotráfico.

A pesar de los intentos de institucionalización de la seguridad pública, se advierten graves deficiencias en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), dirigidas por Jaime Ernesto Pineda Arteaga, lo que constituye una tarea pendiente para el estado.

El sistema policial y judicial se halla en una profunda "crisis institucional", gracias al muy criticado Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP), catalogado como una puerta giratoria para los delincuentes, al cual, aún le pronostican 10 años más para su consolidación, lo que se refleja en una deteriorada y contradictoria relación con la sociedad en un hartazgo pleno ante lo que ejemplifican como injusticias.

El NSJP no ha logrado proyectar una imagen de justicia pronta y expedita, honesta, sólida, confiable y segura, por lo que no resulta casual que en las encuestas, la percepción sobre la eficacia de las autoridades sea reprobada tajantemente.

Frente a la gravedad y complejidad de la violencia, la delincuencia y la inseguridad ciudadana, no basta con recurrir a ciertos planteamientos conceptuales baratos, abstractos, demagógicos y poco operativos que las autoridades han intentado vender como excelentes estrategias, pero que lamentablemente, cada vez más, el Estado se ve rebasado por la delincuencia, organizada o común. En todo caso, se trata de proponer y desarrollar acciones concretas y efectivas de atención, prevención e intervención.

Por tanto, y por las cifras emanadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), la población advierte un fracaso en la implementación de los planes de seguridad ciudadana.

En este clima de frustraciones, se debe tomar en cuenta que para enfrentar la violencia e inseguridad deben erradicarse en principio los problemas de desorganización, corrupción, ineficiencia, ineficacia y escasez de recursos que aquejan a las instituciones que conforman el sistema de seguridad pública, lo que ha sido en múltiples ocasiones denunciado por el mismo personal de dependencias encargadas de la procuración de justicia como la Fiscalía General del Estado (FGE), la Policía de Investigación (PDI) y el muy controversial Poder Judicial del Estado.

Ante ello, la conclusión de este análisis es la necesidad urgente de establecer políticas de seguridad ciudadana que introduzcan equilibrio bajo toda honestidad, mediante acciones preventivas y punitivas.

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