Semana del 10 de Diciembre al 16 de Diciembre de 2021

Con dinero, Ricardo N. quiso evitar sentencia por hostigamiento sexual

Con dinero, Ricardo N. quiso evitar sentencia por hostigamiento sexual

María José Puente Zavala

Ricardo N, ex titular de la Dirección del Deporte municipal en el Ayuntamiento de San Luis Potosí, ofreció pagar terapia psicológica a dos ex trabajadoras que lo acusaron de hostigamiento sexual, a cambio de que aceptaran suspender condicionalmente el proceso penal que siguen en su contra desde mediados de este año.

El pasado 19 de noviembre, en el Centro Integral de Justicia Penal, se llevó a cabo la audiencia en la que el imputado solicitó la suspensión del proceso a cambio de, únicamente, pagar 55 mil pesos a cada una de sus víctimas más el compromiso de no acercarse a ellas.

El ofrecimiento, sin embargo, fue rechazado por la juez de control que presidió la audiencia, así como por la ministerio público y la asesora jurídica de las víctimas, dado que resulta insuficiente para ser considerado como un plan de reparación integral a Janaina y Valeria, quienes fueron sometidas por el acusado a una serie de insinuaciones, insultos e incluso violencia laboral durante el tiempo que prestaron sus servicios en la Dirección del Deporte.

Para aceptar la suspensión del proceso que, 6 meses más tarde, extinguiría toda acción penal contra Ricardo N; las víctimas exigieron, además del pago por terapia, que el exfuncionario se someta también a tratamiento psicológico para corregir su conducta, así como que sea vigilado por la autoridad durante un período de tiempo y que les pida una disculpa pública.

Ese último requerimiento fue tajantemente rechazado por la defensa.

VERDAD, JUSTICIA, REPARACIÓN Y GARANTÍA DE NO REPETICIÓN
Algunos especialistas en materia de género y derechos humanos han establecido la importancia de incorporar los estándares de la justicia transicional (verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición) a los procesos que involucran violaciones a los derechos de las mujeres.

En el caso de Ricardo N, su defensa alegó que ofrecer una disculpa pública implicaría admitir que es culpable del delito que se le imputa, lo que sería muy parecido a recibir una sentencia condenatoria; además, también argumentó que, de alguna forma, dicha disculpa podría revictimizar a las extrabajadoras violentadas.

Al respecto, la juez de control estableció que, si bien la suspensión podría tener el mismo efecto que una absolución del imputado, ello no implica que no se haya cometido el delito, sino que se desahogó satisfactoriamente el proceso penal, se estableció un plan de reparación y se buscó la garantía de no repetición a partir de las medidas impuestas.

Pese a la argumentación de la defensa, la juez también estableció que, de acuerdo con la información que obra en la carpeta de investigación, la conducta del exfuncionario no fue ocasional, sino sistemática y reincidente; además, al tratarse de un servidor público, reconoció, la reparación del daño debe darse en esa misma esfera.

Por lo anterior, aunque es un derecho que le asiste y que podrá volver a solicitar en otro momento, la juez declinó conceder la suspensión condicional del proceso penal contra Ricardo N por el delito de hostigamiento sexual, mismo que podría llevarlo a purgar de uno a tres años de prisión.

SEGUIRÁ LA LUCHA
Al término de la audiencia, la asesora jurídica de las víctimas, recalcó que "la finalidad de todo esto es acceder a la verdad, a la justicia y a la reparación del daño de las víctimas" y reconoció que el proceso sigue su rumbo, por lo que el imputado puede volver a solicitar la suspensión nuevamente.

"Acceder a una suspensión condicional es un derecho que le asiste al imputado, la juez lo manifestó. Él la puede solicitar las veces que quiera (antes del juicio oral) y esperemos que la próxima vez ya venga con otra actitud de sí someterse a lo que les beneficie a las víctimas".

Jana y Vale, por su parte, dejaron satisfechas la sala de audiencias, pues el fallo de la juez podría obligar al agresor a cumplir con la reparación integral del daño e incluso podría conducirlo a la inhabilitación para ejercer cargos públicos en el futuro.

Vale, por su parte, dijo que "estamos apelando a una reparación integral que como bien lo decía la jueza, no solamente se trata de hacer pago de unas consultas psicológicas, sino que también existen otras reparaciones que lo hacen que sea realmente integral. No todo se soluciona con dinero".

"Es muy difícil reparar el daño después de haber vivido un acto de violencia que te quita todo. El día de hoy nos vamos satisfechas porque se sigue la investigación y estamos haciendo nuestra parte, asumiendo la responsabilidad de seguir con las pruebas correspondientes. Seguirá la lucha", finalizó Janaina.

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