Semana del 17 de Noviembre al 23 de Noviembre de 2023

¿Cómo va el sistema penitenciario de San Luis Potosí?

¿Cómo va el sistema penitenciario de San Luis Potosí?

Hace unos meses se reportaba que el esquema carcelario potosino pendía de un hilo, derivado de serías observaciones detectadas el año, pero parece que poco el gobierno gallardista ha subsanado las omisiones y hoy en día se ve cerca una verdadera reinserción social.

Mientras que más del 60% de la población encarcelada por delitos del fuero común en el estado de San Luis Potosí se encuentran en situación jurídica de procesada, más del 80% de la apresada por ilícitos federales ya está sentenciada.

Así lo da a conocer un reporte sobre el sistema penitenciario a cargo de la organización México Evalúa, que indica que, en la entidad existen 6 Centros Estatales de Reinserción Social (CERESO).

Señala que cuentan con 3 mil 474 espacios para personas privadas de la libertad (PPL), de las cuales hasta el año 2022 reporta una población de 2 mil 546 personas internas [73.28%], según el Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional.

"Para 2022 se reporta una población de 2 mil 546 personas, lo que implica que no hay sobrepoblación en el sistema carcelario potosino. Estos datos pueden ser indicativos de políticas carcelarias eficientes en las que las preliberaciones o la estancia en los centros penitenciarios es más corta, como se aprecia en los datos de duración de la prisión preventiva en el estado", opina.

La investigación de la asociación indica que, del fuero común hay 2 mil 366 personas presas, 2 mil 251 son hombre [95.13%] y 115 son mujeres [4.87%].

De este total de hombres, mil 464 corresponden a PPL’s procesados [61.90%] y 902 PPL’s ya tienen sentencia [38.10%]; y en las mujeres, 88 corresponden a PPL’s procesadas [76.50%] y 27 PPL’s sentenciadas [23.50%];

En contraparte, informa la existencia de 180 personas ingresadas a los penales estatales por delitos federales, 170 son hombres [94.44%] y son mujeres [5.56%].

Ahora, de estos, agrega que la información es la inversa, ya que, en hombres 29 están en condición de procesados [17.10%] y 141 como sentenciados [82.90%]; y en mujeres una está en condición de procesada [17.10%] y 9 como sentenciadas [82.90%].

"En relación con estas cifras de encarcelamiento sin sentencia -que están muy por encima de los promedios nacionales en cuanto a delitos del fuero común- sería recomendable priorizar el agendamiento de audiencias de personas privadas de libertad cuyos procesos siguen en trámite", propone.

MEJORAS A LA VISTA
Como antecedente, en junio pasado EMSA informó que el sistema carcelario potosino obtuvo una calificación de 6.05 en el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2022, a cargo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

De tal manera, México Evalúa que pese a que la sobrepoblación carcelaria no es un fenómeno que se observe, las condiciones de los centros penitenciarios son precarias, ya que de acuerdo a dicho Diagnóstico las condiciones de higiene y salud son deficientes.

Evidencia que no hay canales para hacer efectivas quejas, existen deficiencias en el procedimiento para la imposición de las sanciones disciplinarias, hay una falta de capacitación del personal penitenciario, insuficiencia de personal de seguridad y custodia y presencia de actividades ilícitas.

Agrega que el año pasado las 2 mil 546 PPL’s fueron custodiadas por 472 operadores, es decir, por cada persona de custodia estaban privadas cinco personas, una cifra mucho más manejable que el promedio nacional que es de 11 personas por cada custodio.

Da cuenta que, en el estado existen 22 jueces de ejecución que atienden a una población privada de su libertad de 2 mil 366 personas, por lo que a cada juez o jueza le corresponde conocer los casos de 108 personas privadas de libertad.

Contrapuntea que, si bien esta cifra es diez veces inferior al promedio nacional (1,017), cabe destacar que estos jueces realizan también funciones de juez de control y de tribunal de enjuiciamiento, por lo que no están destinados de forma exclusiva a atender casos en etapa de ejecución penal, sino que conocen de todo el proceso penal.

Al respecto, advierte que, en el último tramo del proceso penal se advierte que incluso existen más jueces que conocen de ejecución penal (22), que de primera instancia (17).

"Esto podría analizarse a la luz de agilizar las políticas de disminución de diferimiento de audiencias con el fin de repartir cargas de trabajo entre el personal judicial, ya que, como se señaló, se observan buenas prácticas en cuanto a que no hay sobrepoblación carcelaria, y en general no se exceden los tiempos de las personas en prisión preventiva", concluye.

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