Semana del 11 de Julio al 17 de Julio de 2025

Las implicaciones del pacto criminal y la presión estadounidense

Las implicaciones del pacto criminal y la presión estadounidense

Durante las últimas semanas, la atención pública ha estado centrada en las revelaciones provenientes de las cortes estadounidenses, en especial, por la colaboración de Ovidio Guzmán, hijo del Chapo, con la justicia del país vecino. Más allá del morbo mediático o del escándalo político que esto pueda provocar, lo que estamos presenciando es la fase inicial de un complejo proceso de negociación entre criminales de alto perfil y las autoridades de Estados Unidos, cuyas repercusiones pueden cambiar el panorama de la seguridad nacional en México por años.

El caso de Ovidio Guzmán no es aislado. Forma parte de una estrategia bien definida por parte del gobierno estadounidense, particularmente de sus agencias de seguridad como la DEA, que consiste en obtener información privilegiada de los capos en custodia para desarticular desde dentro a las grandes organizaciones criminales. Es una dinámica similar a la que utilizaron contra la mafia italoamericana en los años 60 y 70, cuando mediante "delaciones premiadas" lograron desmantelar estructuras tan poderosas como La Cosa Nostra.

Hoy, ese mismo modelo se está aplicando en México, con un enfoque particularmente dirigido hacia el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación. En ambos casos, no hablamos de simples bandas delictivas, sino de estructuras de macrocriminalidad que tienen brazos políticos, financieros, empresariales y militares. Son entidades que han penetrado profundamente el tejido social y económico del país, y que, por tanto, requieren un abordaje que entienda su dimensión transnacional y sistémica.

EL JUEGO DE LA AUTODESTRUCCIÓN
La estrategia de Washington es, en términos simples, la autodestrucción inducida. Al tener bajo custodia a integrantes clave de los dos principales bandos del Cártel de Sinaloa —por un lado los "Chapitos", por otro el grupo de Ismael "El Mayo" Zambada—, el gobierno estadounidense obtiene información cruzada y comprometedora. De este modo, los unos delatan a los otros, en una espiral que debilita la cohesión de la organización desde su núcleo.

En el caso de Ovidio Guzmán, a cambio de su colaboración, se le han ofrecido beneficios sustanciales: reducción de sentencia, supresión de algunos cargos, la posibilidad de no ser enviado a una prisión de máxima seguridad, protección para ciertos familiares, reubicación dentro del territorio estadounidense, y una "limpieza parcial" de activos que le permita conservar parte de su fortuna. Nada nuevo bajo el sol: es el mismo esquema aplicado en décadas pasadas a capos de otras nacionalidades.

Lo que sí resulta novedoso es el nivel de información que podría estar fluyendo en esta ocasión: nombres de alcaldes, gobernadores, mandos militares y jefes policiales de ambos lados de la frontera que, durante años, ofrecieron protección o colaboraron activamente con el cártel. Esas revelaciones podrían sacudir no solo al sistema político mexicano, sino también al estadounidense, dejando claro que el narcotráfico, como red de poder, ha trascendido desde hace tiempo las divisiones territoriales y partidistas.

LAS IMPLICACIONES PARA MÉXICO
Desde luego, en México este proceso genera indignación. No solo por el alto costo que representó la captura de Ovidio Guzmán —vidas humanas, recursos económicos, capital político—, sino porque al final se siente como una burla que, una vez extraditado, negocie beneficios con las autoridades estadounidenses. Como bien lo expresó la presidenta Claudia Sheinbaum, se invirtió mucho para lograr esa detención, solo para que ahora el criminal reciba una suerte de "amnistía condicional" a cambio de información.

Pero más allá de los sentimientos, hay consecuencias prácticas: se aproxima una oleada de revelaciones que pondrán en jaque a figuras del ámbito político, empresarial y de seguridad que hasta ahora han logrado mantenerse en las sombras. Lo que está ocurriendo en los tribunales estadounidenses será, sin duda, una fuente de tensión entre ambos gobiernos, sobre todo si comienzan a rodar cabezas sin previo aviso desde Washington.

De hecho, ya hay señales. La cancelación de visas a gobernadores y alcaldes mexicanos, las sanciones a empresas como Vector (vinculada a Alfonso Romo, exconsejero presidencial) y el endurecimiento de la retórica estadounidense anticipan un periodo de relaciones bilaterales más ríspido. Y es que, bajo la presidencia de Donald Trump —quien podría volver a la Casa Blanca en breve—, los esquemas tradicionales de colaboración bilateral han cambiado radicalmente.

TRUMP Y LA ESTRATEGIA DEL TROFEO
Donald Trump no busca fortalecer la cooperación binacional, sino acumular trofeos que respalden su narrativa electoral. El narcotráfico mexicano, como tema, le permite movilizar a su base, justificar su agenda antiinmigrante, presionar al gobierno mexicano y mostrarse como el único capaz de "poner orden" al sur del río Bravo. La extradición de criminales, la revelación de nombres poderosos y la presión sobre medios y empresas mexicanas no son más que parte de este espectáculo de poder.

Como cada ciclo electoral en Estados Unidos, México se convierte en blanco. No se trata de un ataque focalizado a un partido o ideología. Ni Morena ni el PAN son inmunes. Se trata de una ofensiva dirigida al país como conjunto, a su sistema político en general, y sus redes de corrupción en particular. Y mientras tanto, el gobierno mexicano enfrenta la disyuntiva: colaborar con las detenciones de alto perfil y exponerse políticamente, o resistirse y ser humillado públicamente por la acción unilateral de Washington.

EL CASO JULIO CÉSAR CHÁVEZ JR.: NARCO Y ÉLITE SOCIAL
En este contexto, la detención de figuras públicas como Julio César Chávez Jr. cobra otro matiz. No se trata solo de un escándalo de farándula. Se trata de un recordatorio de cómo el narcotráfico ha penetrado incluso la élite deportiva y mediática del país. Julio César Jr. tiene vínculos personales y familiares con los hijos del Chapo y del Mayo, y desde su infancia ha estado vinculado al entorno del Cártel de Sinaloa. No es casualidad ni desliz: es la normalización del narco dentro de las esferas de poder y prestigio social.

El mensaje es claro: nadie está exento. Las viejas reglas de impunidad para los famosos, los poderosos o los "intocables" han cambiado. Y en el nuevo orden que se configura, tanto la justicia como la política, ya no se rigen por los códigos que antes dictaban los tiempos del silencio.

México se encuentra en un momento crítico. Lo que hoy se revela en los tribunales de Estados Unidos tendrá consecuencias en nuestro territorio. Las máscaras comienzan a caer. Lo que está en juego no es solo la estabilidad del país, sino la posibilidad de que su sistema político se reconstruya o colapse bajo el peso de sus propias verdades.

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