Semana del 28 de Noviembre al 04 de Diciembre de 2025

Marquesina

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RIOVERDE ENTRE EL MIEDO Y EL EGO
¿Qué hay detrás de tanta política de ego y vanidad? Una sociedad en Rioverde profundamente lastimada que, entre susurros y denuncias aisladas, pide auxilio. El municipio vive uno de los peores momentos en materia de desapariciones y violencia, mientras el alcalde Arnulfo Urbiola Román presume poder, posiciones y encuestas como si los indicadores digitales fueran más importantes que la seguridad y la tranquilidad de su gente. Su estilo, marcado por el control, el miedo y la soberbia, ha convertido a Rioverde en un feudo político donde, según él mismo presume, "mientras siga salpicando hacia arriba nadie le dirá nada". Un mensaje que retrata con crudeza cómo opera el poder local.
En este contexto, el Partido Verde y el propio Gobierno del Estado no pueden seguir siendo omisos ante el enorme costo político y social que están asumiendo por la conducta del alcalde y su esposa, Karina Quintero. Los trabajadores municipales viven bajo un sistema de vigilancia absurdo donde un "like" se vuelve obligatorio, los comentarios elogiosos son parte de la nómina y el enojo del alcalde puede convertirse en sanciones, despidos o represalias. Mientras tanto, él presume un ranking nacional que lo coloca en el número 20, una cifra que poco dice a la ciudadanía que lidia con fallas de servicios, colonias en penumbra, robos al alza y una creciente sensación de miedo. La calle tiene otros datos, y esos no se tapan con fotos ni encuestadoras a modo.
El abuso ya llegó a niveles alarmantes: trabajadores obligados a entregar parte de su salario para financiar posadas, regalos y la campaña mediática de fin de año, mientras la pareja presidencial municipal —como se les percibe— acumula poder, recursos y ambiciones. Urbiola presume que impondrá a su esposa como alcaldesa, "quiera o no quiera el gobernador", y que si no es por el Verde será por la vía independiente. Frente a este panorama, la pregunta es inevitable: ¿qué culpa tienen los trabajadores y la población de Rioverde de las ambiciones personales del alcalde? Porque mientras él juega a perpetuar su poder, la gente vive entre el miedo, la incertidumbre y el abandono. Rioverde pide atención urgente, no imposiciones familiares ni gobiernos construidos desde el ego y el terror.

RUMBO AL 2027, SE MUEVEN LAS PIEZAS EN CIUDAD VALLES
Las señales políticas comienzan a asomarse rumbo al 2027, y en Ciudad Valles ya se especula si el alcalde David Armando Medina Salazar apostará por figuras de su círculo cercano como Luis Contreras Malibrán, Anel Coronado y Alfredo Zúñiga. Los tres han ganado presencia dentro de la administración y suenan para brincar a una regiduría, una diputación local o incluso competir por la propia alcaldía. El ruido crece en los pasillos, donde se insiste en que la estructura vallense podría estar preparándose para una sucesión ordenada y estratégica.
En este tablero, Anel Coronado tesorera municipal destaca por el manejo pulcro de las finanzas; El secretario general Luis Ángel Contreras ha demostrado oficio político y presencia territorial, mientras que Alfredo Zúñiga director de Desarrollo Urbano, Social y Obras Públicas, se ha posicionado gracias a su operación en campo. Si Medina Salazar decide mover las piezas, estos perfiles se colocan como cartas fuertes para encarar el siguiente proceso electoral. Uno, dos o los tres podrían dar el salto, y la apuesta no sería menor.

TUYOS, MÍOS... ¡DE NADIE!
La disputa entre San Luis Potosí y Zacatecas por deslindar responsabilidades en materia de violencia ha llegado a un punto, donde ninguno de los dos estados quiere cargar con el peso de las estadísticas nacionales. La detención de cuatro elementos de la Guardia Civil Estatal en la frontera potosina no solo abrió una grieta institucional: dejó expuesta la posibilidad de una manipulación deliberada de una escena del crimen múltiple, un hecho tan delicado como indignante. La versión que circula —y que amerita ser esclarecida con rigor— señala que los agentes habrían cargado cuerpos para tratar de "reubicar" una masacre y con ello maquillar el mapa de violencia.
La respuesta inmediata del Gobierno de San Luis Potosí, encabezada por el secretario de Seguridad, Jesús Juárez Hernández, niega categóricamente la participación de los agentes en tales hechos, calificando el señalamiento como una acusación "alejada de la realidad". Esta defensa institucional no solo busca proteger a los elementos detenidos, sino también preservar la narrativa oficial de seguridad, la cual se vería devastada si se comprobara que hubo órdenes para mover cuerpos y manipular cifras. Lo que está en juego no es únicamente un proceso legal, sino la credibilidad de toda una estrategia de seguridad en la región. En este escenario, el gobierno apuesta por tiempo, cautela y control del discurso, intentando evitar que la sospecha se convierta en certeza pública.
La tensión política con Zacatecas agrega una capa más al conflicto. Aunque ambas entidades afirman colaborar, la desconfianza es evidente. San Luis Potosí rechaza la versión zacatecana mientras reclama pruebas, y Zacatecas sostiene el señalamiento respaldado en hallazgos iniciales. En medio de esta pugna, la ciudadanía queda atrapada en un juego de "tuyos, míos... ¡de nadie!", donde lo único que realmente importa —la verdad— parece perderse entre declaraciones cruzadas y cálculos políticos. Si la investigación se prolonga, el costo será mayor: la percepción de que la GCE pudo haber sido utilizada para encubrimientos se afianzará, y la fractura en la confianza pública será difícil de reparar. Mientras tanto, la violencia sigue cobrando vidas, sin que a la gente le signifique consuelo saber de quién eran "las cifras" o dónde cayó exactamente la línea del crimen.

LA "CIUDAD AMABLE" Y SU PESADA CARGA PARA LA CAPITAL
En la capital potosina, el proyecto de Ley de Ingresos 2026 aprobado por el alcalde Enrique Galindo —por un monto de 3 mil 650 millones de pesos— ha encendido las alertas ciudadanas. En una ciudad que ya padece inseguridad, falta de agua y servicios deficientes, este paquete financiero se percibe como una factura más que deberán cubrir las y los potosinos, mientras la administración insiste en vender la idea de una "ciudad amable" que poco se refleja en la vida diaria de la población. Ese es el costo de mantener a la familia Galindo-Arriaga cuyos parientes están inmersos en la nómina municipal y negocios afines a la administración.
Y mientras tanto, ¿los regidores? La aprobación sin cuestionamientos profundos los deja, una vez más, como simples focas aplaudidoras que convalidan decisiones sin defender a la ciudadanía. Lo cierto es que el Ayuntamiento capitalino prepara un golpe disfrazado entre tecnicismos administrativos y cifras pulidas, pero cuyo impacto real recaerá en los bolsillos de quienes ya viven con servicios colapsados y una gestión que prioriza la imagen antes que la solución de fondo.