Semana del 13 de Febrero al 19 de Febrero de 2026

San Luis Potosí bajo la lupa: transparencia sin observaciones

San Luis Potosí bajo la lupa: transparencia sin observaciones

La transparencia no es un discurso, sino una política de Estado que se construye día a día bajo la lupa de la ley y de la sociedad.

En un contexto nacional donde la exigencia ciudadana por la rendición de cuentas es cada vez mayor, San Luis Potosí ha buscado posicionarse como un estado que apuesta por la vigilancia permanente del ejercicio público. Auditorías constantes, mecanismos de control interno y una revisión puntual del uso de los recursos forman parte de una estrategia que pretende no solo cumplir con la ley, sino fortalecer la confianza en las instituciones.

La Contraloría General del Estado se ha convertido en una de las piezas clave de este engranaje. Desde ahí se supervisa el manejo patrimonial de los servidores públicos, se da seguimiento a las auditorías federales y se establecen los procedimientos administrativos cuando se detectan irregularidades. El objetivo, según se ha reiterado, es claro: que la ciudadanía sepa cómo, en qué y para qué se gasta el dinero público.

AUDITORÍAS FEDERALES SIN OBSERVACIONES
Uno de los puntos más relevantes del balance reciente es el resultado de la fiscalización federal correspondiente a la cuenta pública 2023. La Auditoría Superior de la Federación, encargada de revisar el ejercicio de los recursos federales que llegan a las entidades, ha emitido ya su primer y segundo informe. En ambos casos, la administración pública estatal de San Luis Potosí no recibió observaciones.

"En el primer informe que fue en el mes de julio del año pasado y en el segundo que fue en el mes de octubre la verdad no tuvimos observaciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación como administración pública estatal", se ha señalado sic, destacando que este resultado corresponde exclusivamente al ámbito estatal y no debe confundirse con revisiones a municipios u organismos autónomos.

Este matiz no es menor. Las auditorías federales suelen englobar a toda la entidad, pero los resultados se desagregan por tipo de ente público. En este caso, el balance positivo se refiere directamente a las dependencias estatales, lo que coloca al gobierno en una posición favorable de cara al tercer informe, que se dará a conocer al cierre del mes de febrero.

"Seguiremos implementando acciones para que este tercer informe... tengamos también buenos resultados", se afirmó sic, subrayando que la ausencia de observaciones no es producto del azar, sino de un trabajo preventivo y constante.

LA CONTRALORÍA COMO MECANISMO CIUDADANO
Más allá de las auditorías, la Contraloría cumple una función que muchas veces pasa desapercibida para la ciudadanía. No solo es un órgano de control interno, sino también una vía institucional para que los ciudadanos canalicen inconformidades cuando consideran que un servidor público ha afectado su patrimonio o ha incurrido en irregularidades.

En ese sentido, la obligación de presentar la declaración patrimonial y de intereses es uno de los pilares del sistema de control. Todos los servidores públicos, sin excepción, deben cumplir con este requisito. Dependiendo del nivel jerárquico, la declaración puede ser simplificada o completa, pero la obligación es universal.

"Todos los servidores públicos... estamos obligados completamente a realizar la declaración patrimonial y de intereses", se explicó sic. El incumplimiento no es un asunto menor y puede derivar en sanciones conforme a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de San Luis Potosí.

SANCIONES Y PROCEDIMIENTOS
El marco legal distingue entre faltas graves y no graves. En el caso de las faltas no graves, la Contraloría tiene facultades directas para imponer sanciones que van desde amonestaciones públicas o privadas hasta la suspensión, destitución o inhabilitación temporal. Para las faltas graves, el procedimiento se traslada al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, donde las sanciones pueden incluir multas económicas e inhabilitaciones de hasta diez años.

Este andamiaje jurídico busca garantizar que no haya discrecionalidad y que cada falta tenga consecuencias proporcionales. La clave, sin embargo, está en la prevención. De acuerdo con el historial reciente, el cumplimiento de la declaración patrimonial ha sido alto entre los servidores públicos estatales.

"Hemos tenido muy buena respuesta por parte de todos los servidores públicos del estado... todos han estado cumpliendo con esta obligación como lo marca la ley", se afirmó sic. Los pocos casos de incumplimiento suelen estar relacionados con situaciones muy específicas, como falta de acceso a internet en zonas alejadas, y se atienden mediante procedimientos extemporáneos y justificaciones formales.

RENDICIÓN DE CUENTAS Y CONFIANZA PÚBLICA
El reto de la transparencia no termina en los informes ni en las estadísticas favorables. La verdadera prueba es mantener estos estándares en el tiempo y lograr que la ciudadanía perciba a la Contraloría no como una oficina lejana, sino como una aliada en la defensa del interés público.

En un país donde la desconfianza hacia las instituciones ha sido histórica, cada auditoría sin observaciones y cada procedimiento claro suma, pero no garantiza por sí solo la credibilidad. La rendición de cuentas debe ser una práctica cotidiana, visible y accesible.


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