Semana del 20 de Febrero al 26 de Febrero de 2026

Pensiones potosinas en la cuerda floja

Pensiones potosinas en la cuerda floja

Blindar hoy para pagar mañana no es una consigna técnica; es un compromiso moral con quienes ya dieron su vida laboral y con quienes apenas comienzan a construirla.

San Luis Potosí enfrenta una realidad que ya no puede maquillarse con discursos optimistas ni con cálculos parciales: su sistema de pensiones está desequilibrado. No se trata de una quiebra declarada ni de un colapso inminente, pero sí de un modelo que, tal como está diseñado hoy, no resulta sostenible en el mediano y largo plazo.

El propio director de Pensiones del Gobierno del Estado, Luis Arturo Cornejo, lo define sin rodeos: "el sistema de pensiones en San Luis Potosí... lo que ingresa contra las obligaciones que tenemos, o sea contra el dinero que sale, está desequilibrado". Esa palabra —desequilibrado— resume el fondo del problema.

Las cifras son contundentes. Actualmente se da servicio a 21 mil trabajadores activos y poco más de 9 mil pensionados. Tan solo en el mes de febrero, la nómina de pensiones representó un costo de 338 millones de pesos. Sin embargo, lo que se recauda por aportaciones está muy por debajo de esa cifra.

En el sector burócrata se recaudan 61 millones de pesos mensuales, mientras que su nómina ordinaria asciende a 160 millones. En telesecundarias ingresan 13 millones, pero el costo es de 63 millones. En la sección 52 se recaudan 31 millones, frente a una nómina de 43 millones. El hueco financiero es evidente.

A ello se suma un factor estructural: en San Luis Potosí no existe actualmente un tope máximo de pensión establecido en la ley local. Mientras a nivel federal el ISSSTE tiene un límite cercano a los 35 mil pesos mensuales, en la entidad hay casos donde las jubilaciones superan los 100 mil pesos al mes, triplicando los límites federales.

"Hoy en día no tenemos un tope de pensión en nuestra ley... normalmente todos los sistemas de seguridad social tienen un tope", reconoce el titular del sistema. La ausencia de ese límite ha permitido que algunos montos crezcan sin contención, impactando directamente la nómina y comprometiendo recursos futuros.

Pero el problema no es solo normativo. También es demográfico. La llamada curva generacional juega en contra: cada vez son menos los trabajadores activos que aportan y más los jubilados que reciben. El equilibrio natural de un sistema solidario comienza a romperse cuando la base se reduce y la cúspide se ensancha.

El ejemplo que ofrece el director es revelador: un trabajador burócrata aporta durante 30 años y acumula aproximadamente entre 300 y 350 mil pesos. Sin embargo, si su pensión ronda los 30 mil pesos mensuales, "prácticamente en menos de un año se gasta lo que aportó en sus treinta años". A partir de ahí, el sistema sigue pagando con recursos de otros.

Frente a este panorama, la narrativa oficial insiste en una garantía: "las pensiones están garantizadas". El gobernador ha reiterado que los jubilados pueden tener certeza en sus pagos. No obstante, garantizar hoy implica reformar mañana.

Las propuestas que ya se analizan giran en torno a tres ejes fundamentales: establecer una edad mínima de jubilación, definir un sueldo regulador —es decir, calcular la pensión con base en el promedio de los últimos años cotizados y no en el último salario— y fijar un tope máximo de pensión.

"Yo creo que con esos tres factores podemos hacer un blindaje para una proyección y para un mayor esquema de durabilidad", sostiene el funcionario. El concepto de blindaje no es menor: se trata de proteger el derecho de quienes ya están retirados, sin condenar a las nuevas generaciones a un sistema inviable.

También se analiza incrementar las aportaciones. Hoy, el burócrata aporta el 7 por ciento de su sueldo base. Si se elevara al 10 por ciento, la recaudación mensual pasaría de 61 a aproximadamente 79 millones de pesos, es decir, casi 20 millones adicionales cada mes. "Esto nos ayudaría muchísimo para ese dinero poderlo trabajar, poderlo invertir y que haya menos riesgo en que no se pudiera pagar esa nómina mensualmente", afirma.

La media nacional de aportaciones oscila entre el 10 y el 15 por ciento. San Luis Potosí está por debajo de ese promedio en algunos sectores, lo que agrava la presión financiera.

Sin embargo, detrás de cada cifra hay historias humanas. Hay maestros de telesecundaria que dedicaron su vida al aula. Hay trabajadores administrativos que cumplieron tres décadas de servicio público. Hay familias que dependen de una pensión para sostener su economía diaria. Hablar de ajustes no es solo hablar de porcentajes; es hablar de vidas.

Por eso el reto es doble: ordenar sin desproteger, reformar sin romper la confianza. El sistema proyecta para este año un costo total cercano a los cinco mil millones de pesos en nómina. Es una cifra que obliga a "arrastrar el lápiz", como se ha dicho coloquialmente, pero también a asumir responsabilidad política.

El llamado final no es menor. Además del pase de revista en distintos municipios y la reactivación de préstamos, el mensaje central es claro: cada decisión que se tome hoy definirá si el sistema de pensiones será un derecho sólido o una promesa frágil.

San Luis Potosí no está ante una quiebra declarada, pero sí ante una encrucijada. O se corrige el rumbo con reformas estructurales y mayor corresponsabilidad en las aportaciones, o el peso de la inercia terminará por desbordar cualquier presupuesto.

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