Emsavalles| Ciudad Valles, S.L.P.| Jueves, 26 de Marzo de 2026| 07:57
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Una investigación de N+ Focus reveló la operación de una red de tráfico ilegal de combustible, conocido como "huachicol fiscal", que tuvo como uno de sus principales puntos de distribución el estado de San Luis Potosí, particularmente el municipio de Ébano, evidenciando una compleja estructura que involucró empresas, transportistas y presuntos vínculos con autoridades.
De acuerdo con el reportaje, desde 2024 autoridades federales daban seguimiento a embarcaciones que ingresaban combustible ilegal desde Estados Unidos a puertos mexicanos, como Tampico, Tamaulipas. Uno de los casos más relevantes fue el del buque Challenge Procyon, que en marzo de 2025 transportaba más de 20 millones de litros de hidrocarburo ilícito. Parte de ese cargamento terminó en territorio potosino.
El operativo, en el que participaron la Fiscalía General de la República y fuerzas de seguridad, permitió el aseguramiento de 22 pipas con cerca de 10 millones de litros de combustible. Sin embargo, investigaciones posteriores confirmaron que una parte significativa logró ser distribuida en San Luis Potosí, considerado un punto clave dentro de esta red criminal.
La distribución del combustible se realizaba a través de diversas empresas de autotransporte, entre ellas Transportes Especializados AMOL, señalada como pieza central del esquema. Según el expediente, sus operadores, los hermanos Cristian Noé Amaya Olvera y Jesús Tadeo Amaya Olvera, admitieron en llamadas intervenidas su participación en el traslado y comercialización ilegal del hidrocarburo.
Las indagatorias revelan que la red simulaba operaciones legales al declarar el combustible como aditivos automotrices, además de utilizar pipas, almacenes y una estructura empresarial que operó durante años sin ser detectada. También se documentaron posibles pagos a autoridades, uso de armas y coordinación logística para mover el producto.
Además, la investigación apunta a una fuerte relación de la familia Amaya con Héctor Portales, lo que habría facilitado el control de estructuras municipales en la región, así como conexiones con otros personajes influyentes de la Huasteca, fortaleciendo la operación y expansión de esta red ilícita.
El caso expone además la participación de otros actores, como Roberto Blanco Cantú, así como diversas compañías transportistas y navieras. En total, se identificaron al menos ocho embarcaciones con carga ilícita operando en distintos puertos del país.
Como resultado de las investigaciones, un juez federal giró órdenes de aprehensión contra varios implicados. Cristian Noé Amaya fue detenido en septiembre de 2025 en Matamoros, mientras que Jesús Tadeo permanece prófugo.
La revelación de esta red coloca a San Luis Potosí en el centro de una de las operaciones de huachicol más grandes detectadas en los últimos años, evidenciando no solo fallas en los controles, sino también la posible infiltración del crimen en estructuras políticas y económicas de la región.
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